A 30 días de que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad le otorgara nuevamente viabilidad al proyecto Termoeléctrico Punta Alcalde, el edil de Huasco, Rodrigo Loyola, reunió a un equipo de abogados para impugnar y dejar sin efecto la decisión, calificada por las organizaciones sociales como “política” y “sin sustento”.
Loyola señaló que “la idea es revocar esta aprobación, aunque lo óptimo hubiera sido contar con todos los oficios y argumentos para llevar adelante este recurso de protección”, y criticó a los ministros que conforman la instancia, por no dar cuenta de las evidencias técnicas y legales para re aprobar una central termoeléctrica en una zona declarada contaminada y de latencia.
“Cuando solicitamos los antecedentes al subsecretario, nos llega un oficio que indica que los únicos datos presentes son los del informe de Impacto Ambiental. Entonces no se explica que se apruebe el proyecto sin nuevos antecedentes, sin compensaciones, lo que demoró el Consejo de Ministros, apenas una hora, demuestra que protege este proyecto mediante la aprobación”, indicó.
Álvaro Toro, abogado de la causa y que se hizo conocido por defender la postura ciudadana en el marco de la aprobación de la Central Termoeléctrica Castilla, señaló que “este recurso de protección es necesario y constitucional, por cuanto de no ser presentado los ejecutivos de la central podrían apelar a la prescripción del tiempo de apelación”.
El abogado apuntó que “nos vemos en la obligación de presentar el recurso, han pasado 30 días de que el Comité de Ministros aprobó un proyecto rechazado por la comisión de evaluación. Pese a que no son públicas las actas ni la resolución, queremos ejercer esta acción de manera preventiva”.
Desde la ciudadanía, Juan Carlos Labrín, miembro del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, recalcó que la señal que debiese entregar los tribunales apunta a respetar el derecho humano de vivir en un lugar libre de contaminación, aclarando que la situación sanitaria en la zona que lleva 40 años de polución, se torna cada vez es más compleja.
“Nosotros estamos en una fragilidad ambiental, y si se amplían las empresas, se torna un lugar insostenible para la población. Esta saturación ha causado enfermedades fatales, entonces hay argumentos morales y técnicos para ver que un proyecto como Punta Alcalde es inviable en la zona”, declaró.
El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por los abogados Álvaro Toro y Carlo Mora, en representación del municipio y los habitantes de Huasco, no tiene una fecha exacta de respuesta, aunque se estima que en aproximadamente un mes, los tribunales de justicia se pronunciarán sobre la información que llevó a los ministros de Gobierno a re aprobar el proyecto Termoeléctrico Punta Alcalde.
A 30 días de que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad le otorgara nuevamente viabilidad al proyecto Termoeléctrico Punta Alcalde, el edil de Huasco, Rodrigo Loyola, reunió a un equipo de abogados para impugnar y dejar sin efecto la decisión, calificada por las organizaciones sociales como “política” y “sin sustento”.
Loyola señaló que “la idea es revocar esta aprobación, aunque lo óptimo hubiera sido contar con todos los oficios y argumentos para llevar adelante este recurso de protección”, y criticó a los ministros que conforman la instancia, por no dar cuenta de las evidencias técnicas y legales para re aprobar una central termoeléctrica en una zona declarada contaminada y de latencia.
“Cuando solicitamos los antecedentes al subsecretario, nos llega un oficio que indica que los únicos datos presentes son los del informe de Impacto Ambiental. Entonces no se explica que se apruebe el proyecto sin nuevos antecedentes, sin compensaciones, lo que demoró el Consejo de Ministros, apenas una hora, demuestra que protege este proyecto mediante la aprobación”, indicó.
Álvaro Toro, abogado de la causa y que se hizo conocido por defender la postura ciudadana en el marco de la aprobación de la Central Termoeléctrica Castilla, señaló que “este recurso de protección es necesario y constitucional, por cuanto de no ser presentado los ejecutivos de la central podrían apelar a la prescripción del tiempo de apelación”.
El abogado apuntó que “nos vemos en la obligación de presentar el recurso, han pasado 30 días de que el Comité de Ministros aprobó un proyecto rechazado por la comisión de evaluación. Pese a que no son públicas las actas ni la resolución, queremos ejercer esta acción de manera preventiva”.
Desde la ciudadanía, Juan Carlos Labrín, miembro del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, recalcó que la señal que debiese entregar los tribunales apunta a respetar el derecho humano de vivir en un lugar libre de contaminación, aclarando que la situación sanitaria en la zona que lleva 40 años de polución, se torna cada vez es más compleja.
“Nosotros estamos en una fragilidad ambiental, y si se amplían las empresas, se torna un lugar insostenible para la población. Esta saturación ha causado enfermedades fatales, entonces hay argumentos morales y técnicos para ver que un proyecto como Punta Alcalde es inviable en la zona”, declaró.
El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por los abogados Álvaro Toro y Carlo Mora, en representación del municipio y los habitantes de Huasco, no tiene una fecha exacta de respuesta, aunque se estima que en aproximadamente un mes, los tribunales de justicia se pronunciarán sobre la información que llevó a los ministros de Gobierno a re aprobar el proyecto Termoeléctrico Punta Alcalde.
A 30 días de que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad le otorgara nuevamente viabilidad al proyecto Termoeléctrico Punta Alcalde, el edil de Huasco, Rodrigo Loyola, reunió a un equipo de abogados para impugnar y dejar sin efecto la decisión, calificada por las organizaciones sociales como “política” y “sin sustento”.
Loyola señaló que “la idea es revocar esta aprobación, aunque lo óptimo hubiera sido contar con todos los oficios y argumentos para llevar adelante este recurso de protección”, y criticó a los ministros que conforman la instancia, por no dar cuenta de las evidencias técnicas y legales para re aprobar una central termoeléctrica en una zona declarada contaminada y de latencia.
“Cuando solicitamos los antecedentes al subsecretario, nos llega un oficio que indica que los únicos datos presentes son los del informe de Impacto Ambiental. Entonces no se explica que se apruebe el proyecto sin nuevos antecedentes, sin compensaciones, lo que demoró el Consejo de Ministros, apenas una hora, demuestra que protege este proyecto mediante la aprobación”, indicó.
Álvaro Toro, abogado de la causa y que se hizo conocido por defender la postura ciudadana en el marco de la aprobación de la Central Termoeléctrica Castilla, señaló que “este recurso de protección es necesario y constitucional, por cuanto de no ser presentado los ejecutivos de la central podrían apelar a la prescripción del tiempo de apelación”.
El abogado apuntó que “nos vemos en la obligación de presentar el recurso, han pasado 30 días de que el Comité de Ministros aprobó un proyecto rechazado por la comisión de evaluación. Pese a que no son públicas las actas ni la resolución, queremos ejercer esta acción de manera preventiva”.
Desde la ciudadanía, Juan Carlos Labrín, miembro del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, recalcó que la señal que debiese entregar los tribunales apunta a respetar el derecho humano de vivir en un lugar libre de contaminación, aclarando que la situación sanitaria en la zona que lleva 40 años de polución, se torna cada vez es más compleja.
“Nosotros estamos en una fragilidad ambiental, y si se amplían las empresas, se torna un lugar insostenible para la población. Esta saturación ha causado enfermedades fatales, entonces hay argumentos morales y técnicos para ver que un proyecto como Punta Alcalde es inviable en la zona”, declaró.
El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por los abogados Álvaro Toro y Carlo Mora, en representación del municipio y los habitantes de Huasco, no tiene una fecha exacta de respuesta, aunque se estima que en aproximadamente un mes, los tribunales de justicia se pronunciarán sobre la información que llevó a los ministros de Gobierno a re aprobar el proyecto Termoeléctrico Punta Alcalde.
