Numerosos desórdenes administrativos, deudas morosas de varios años ,incluyendo una del Presidente Sebastián Piñera, y cambios al plan de indemnizaciones para los principales ejecutivos que permitió hasta quintuplicar los pagos, detectó la Contraloría en la filial de La Nación, Puerto Madero Impresores, en un informe conocido en las últimas horas, pero con fecha 18 de diciembre de 2012.
La auditoría de la entidad, liderada por Ramiro Mendoza, revisó el proceso de cierre de Puerto Madero Impresores, como parte de la decisión del Gobierno de poner fin al diario público La Nación.
Puerto Madero incluía entre otros activos una imprenta en la cual se llevaban al papel el diario La Nación, hasta que se cerró en diciembre de 2010, y luego prestó servicios a distintos clientes, siendo el último de ellos Publimetro.
En su análisis, Contraloría verificó un llamativo plan de retención de ejecutivos elaborado por el directorio de Puerto Madero el 28 de enero de 2011.
La presidenta del Sindicato Periodístico de La Nación, Nancy Arancibia, dijo que este caso demuestra la falta de transparencia con la que se manejaban las empresas vinculadas al diario estatal, lo que se explica en una torcida visión de lo que es un medio público.
“Ojalá que se investigue, y si existe tal cantidad de dinero en una situación crítica, esperamos un gesto de transparencia. En La Nación hay una oportunidad de hacer un buen proceso, ya se cerró el diario y la imprenta, pero esta empresa podía servir al país, y hoy queda La Nación internet”, declaró.
Nancy Arancibia agregó que aún es tiempo de revisar la errónea decisión de cerrar la versión digital de La Nación, ya que “de continuar el sitio debe ser transparente, no a cualquier costo. Sin directorios nominados a dedo, Puerto Madero es ejemplo de eso, el directorio cambió de acuerdo a intereses del Estado o de los privados, que podían cambiar directores cuando quisieran”.
El costo de indemnización sería de 163 millones, con un aumento respecto del costo total original de $ 120,8 millones. Fue aprobado, según el informe de Contraloría, en forma unánime por los directores.
La medida, explicada por Puerto Madero a Contraloría como imprescindible para mantener a tres ejecutivos “clave”, permitió más que cuadruplicar el pago en caso de despido a la gerente general de Puerto Madero, María Antonieta Estay desde $ 16,18 millones a $ 71,8 millones. En el caso de los gerentes de producción y comercial, la cifra subió de $ 11,8 millones a $ 40,9 millones y de $ 14,2 millones a $ 50,35 millones, respectivamente.
Numerosos desórdenes administrativos, deudas morosas de varios años ,incluyendo una del Presidente Sebastián Piñera, y cambios al plan de indemnizaciones para los principales ejecutivos que permitió hasta quintuplicar los pagos, detectó la Contraloría en la filial de La Nación, Puerto Madero Impresores, en un informe conocido en las últimas horas, pero con fecha 18 de diciembre de 2012.
La auditoría de la entidad, liderada por Ramiro Mendoza, revisó el proceso de cierre de Puerto Madero Impresores, como parte de la decisión del Gobierno de poner fin al diario público La Nación.
Puerto Madero incluía entre otros activos una imprenta en la cual se llevaban al papel el diario La Nación, hasta que se cerró en diciembre de 2010, y luego prestó servicios a distintos clientes, siendo el último de ellos Publimetro.
En su análisis, Contraloría verificó un llamativo plan de retención de ejecutivos elaborado por el directorio de Puerto Madero el 28 de enero de 2011.
La presidenta del Sindicato Periodístico de La Nación, Nancy Arancibia, dijo que este caso demuestra la falta de transparencia con la que se manejaban las empresas vinculadas al diario estatal, lo que se explica en una torcida visión de lo que es un medio público.
“Ojalá que se investigue, y si existe tal cantidad de dinero en una situación crítica, esperamos un gesto de transparencia. En La Nación hay una oportunidad de hacer un buen proceso, ya se cerró el diario y la imprenta, pero esta empresa podía servir al país, y hoy queda La Nación internet”, declaró.
Nancy Arancibia agregó que aún es tiempo de revisar la errónea decisión de cerrar la versión digital de La Nación, ya que “de continuar el sitio debe ser transparente, no a cualquier costo. Sin directorios nominados a dedo, Puerto Madero es ejemplo de eso, el directorio cambió de acuerdo a intereses del Estado o de los privados, que podían cambiar directores cuando quisieran”.
El costo de indemnización sería de 163 millones, con un aumento respecto del costo total original de $ 120,8 millones. Fue aprobado, según el informe de Contraloría, en forma unánime por los directores.
La medida, explicada por Puerto Madero a Contraloría como imprescindible para mantener a tres ejecutivos “clave”, permitió más que cuadruplicar el pago en caso de despido a la gerente general de Puerto Madero, María Antonieta Estay desde $ 16,18 millones a $ 71,8 millones. En el caso de los gerentes de producción y comercial, la cifra subió de $ 11,8 millones a $ 40,9 millones y de $ 14,2 millones a $ 50,35 millones, respectivamente.
Numerosos desórdenes administrativos, deudas morosas de varios años ,incluyendo una del Presidente Sebastián Piñera, y cambios al plan de indemnizaciones para los principales ejecutivos que permitió hasta quintuplicar los pagos, detectó la Contraloría en la filial de La Nación, Puerto Madero Impresores, en un informe conocido en las últimas horas, pero con fecha 18 de diciembre de 2012.
La auditoría de la entidad, liderada por Ramiro Mendoza, revisó el proceso de cierre de Puerto Madero Impresores, como parte de la decisión del Gobierno de poner fin al diario público La Nación.
Puerto Madero incluía entre otros activos una imprenta en la cual se llevaban al papel el diario La Nación, hasta que se cerró en diciembre de 2010, y luego prestó servicios a distintos clientes, siendo el último de ellos Publimetro.
En su análisis, Contraloría verificó un llamativo plan de retención de ejecutivos elaborado por el directorio de Puerto Madero el 28 de enero de 2011.
La presidenta del Sindicato Periodístico de La Nación, Nancy Arancibia, dijo que este caso demuestra la falta de transparencia con la que se manejaban las empresas vinculadas al diario estatal, lo que se explica en una torcida visión de lo que es un medio público.
“Ojalá que se investigue, y si existe tal cantidad de dinero en una situación crítica, esperamos un gesto de transparencia. En La Nación hay una oportunidad de hacer un buen proceso, ya se cerró el diario y la imprenta, pero esta empresa podía servir al país, y hoy queda La Nación internet”, declaró.
Nancy Arancibia agregó que aún es tiempo de revisar la errónea decisión de cerrar la versión digital de La Nación, ya que “de continuar el sitio debe ser transparente, no a cualquier costo. Sin directorios nominados a dedo, Puerto Madero es ejemplo de eso, el directorio cambió de acuerdo a intereses del Estado o de los privados, que podían cambiar directores cuando quisieran”.
El costo de indemnización sería de 163 millones, con un aumento respecto del costo total original de $ 120,8 millones. Fue aprobado, según el informe de Contraloría, en forma unánime por los directores.
La medida, explicada por Puerto Madero a Contraloría como imprescindible para mantener a tres ejecutivos “clave”, permitió más que cuadruplicar el pago en caso de despido a la gerente general de Puerto Madero, María Antonieta Estay desde $ 16,18 millones a $ 71,8 millones. En el caso de los gerentes de producción y comercial, la cifra subió de $ 11,8 millones a $ 40,9 millones y de $ 14,2 millones a $ 50,35 millones, respectivamente.
