Cuatro de los ochos ex oficiales procesados por el homicidio del cantautor Víctor Jara, ya están en manos de la Justicia.
Hugo Sánchez Marmonti y Jorge Smith Gumucio quedaron detenidos en las dependencias de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, mientras que Edwin Dimter Bianchi y otro oficial que todavía no ha sido identificado, se entregaron esta mañana en el tribunal.
Queda pendiente la detención de Pedro Barrientos Nuñez, acusado de ser el autor material de la muerte de Víctor Jara, quien tiene una orden de captura internacional, ya que está residiendo en Estados Unidos.
Esta es una de las exigencias de quienes llevan el proceso judicial, de las agrupaciones de DDHH que la apoyan y de la propia familia del cantor, según declaró una de sus hijas, Amanda Jara: “Queremos tomar este momento para exigirle a la Corte Suprema, si se puede exigir algo, que solicite a EEUU la extradición de Pedro Barrientos para que responda”.
Amanda, junto a la viuda del artista Joan Jara, Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el abogado Nelson Caucoto, y otros amigos y cercanos pidieron este miércoles que se lleve a cabo la medida internacional.
Joan Jara aseguró que este caso “sirve como punta de lanza” respecto de otros casos de DDHH, mientras que el abogado Caucoto reiteró sus críticas a las FFAA, por no haber entregado información que habría facilitado la labor de los jueces que ayudaron a esclarecer el caso.
“Doy gracia a los jueces que han investigado, porque ellos acumulan información con miles de testimonios. Ellos construyeron lo que el Ejército pudo haber dicho en un minuto, qué nos dieran la estructura del mando del Estadio Chile, pero ni ese dato obtuvimos, sino que lo conseguimos por una investigación compleja, que ahora está dando sus frutos, en el amor a la justicia desde la familia”, indicó.
Alicia Lira, de la AFEP, añadió que esta última resolución no se puede tomar como una instancia de celebración, sino que insta a seguir en la lucha por la verdad histórica, ni se apliquen medidas de prescripción o beneficios carcelarios a los procesados.
Incluso Francisco Ugaz, jefe del área jurídica del programa de DDHH del ministerio del Interior, manifestó la voluntad de seguir trabajando en el caso, quien apuntó que “tenemos una pretensión punitiva con el objeto de establecer el hecho criminal. Seguiremos trabajando en la búsqueda de tales fines, dado los hechos verificados, el Estado debe satisfacer la necesidad de investigar, sancionar, reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración de estos hechos”.
Los cuatro implicados se encuentran ya en el Penal Cordillera, en calidad de detenidos y según el ministro de la causa, Miguel Vásquez, se reservaron su derecho a apelar.
El juez que lleva la investigación informó además que se dio orden de extradicción para Barrientos mientras los restantes procesados tienen como plazo hasta mañana para presentarse ante la ley.
Cuatro de los ochos ex oficiales procesados por el homicidio del cantautor Víctor Jara, ya están en manos de la Justicia.
Hugo Sánchez Marmonti y Jorge Smith Gumucio quedaron detenidos en las dependencias de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, mientras que Edwin Dimter Bianchi y otro oficial que todavía no ha sido identificado, se entregaron esta mañana en el tribunal.
Queda pendiente la detención de Pedro Barrientos Nuñez, acusado de ser el autor material de la muerte de Víctor Jara, quien tiene una orden de captura internacional, ya que está residiendo en Estados Unidos.
Esta es una de las exigencias de quienes llevan el proceso judicial, de las agrupaciones de DDHH que la apoyan y de la propia familia del cantor, según declaró una de sus hijas, Amanda Jara: “Queremos tomar este momento para exigirle a la Corte Suprema, si se puede exigir algo, que solicite a EEUU la extradición de Pedro Barrientos para que responda”.
Amanda, junto a la viuda del artista Joan Jara, Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el abogado Nelson Caucoto, y otros amigos y cercanos pidieron este miércoles que se lleve a cabo la medida internacional.
Joan Jara aseguró que este caso “sirve como punta de lanza” respecto de otros casos de DDHH, mientras que el abogado Caucoto reiteró sus críticas a las FFAA, por no haber entregado información que habría facilitado la labor de los jueces que ayudaron a esclarecer el caso.
“Doy gracia a los jueces que han investigado, porque ellos acumulan información con miles de testimonios. Ellos construyeron lo que el Ejército pudo haber dicho en un minuto, qué nos dieran la estructura del mando del Estadio Chile, pero ni ese dato obtuvimos, sino que lo conseguimos por una investigación compleja, que ahora está dando sus frutos, en el amor a la justicia desde la familia”, indicó.
Alicia Lira, de la AFEP, añadió que esta última resolución no se puede tomar como una instancia de celebración, sino que insta a seguir en la lucha por la verdad histórica, ni se apliquen medidas de prescripción o beneficios carcelarios a los procesados.
Incluso Francisco Ugaz, jefe del área jurídica del programa de DDHH del ministerio del Interior, manifestó la voluntad de seguir trabajando en el caso, quien apuntó que “tenemos una pretensión punitiva con el objeto de establecer el hecho criminal. Seguiremos trabajando en la búsqueda de tales fines, dado los hechos verificados, el Estado debe satisfacer la necesidad de investigar, sancionar, reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración de estos hechos”.
Los cuatro implicados se encuentran ya en el Penal Cordillera, en calidad de detenidos y según el ministro de la causa, Miguel Vásquez, se reservaron su derecho a apelar.
El juez que lleva la investigación informó además que se dio orden de extradicción para Barrientos mientras los restantes procesados tienen como plazo hasta mañana para presentarse ante la ley.
Cuatro de los ochos ex oficiales procesados por el homicidio del cantautor Víctor Jara, ya están en manos de la Justicia.
Hugo Sánchez Marmonti y Jorge Smith Gumucio quedaron detenidos en las dependencias de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, mientras que Edwin Dimter Bianchi y otro oficial que todavía no ha sido identificado, se entregaron esta mañana en el tribunal.
Queda pendiente la detención de Pedro Barrientos Nuñez, acusado de ser el autor material de la muerte de Víctor Jara, quien tiene una orden de captura internacional, ya que está residiendo en Estados Unidos.
Esta es una de las exigencias de quienes llevan el proceso judicial, de las agrupaciones de DDHH que la apoyan y de la propia familia del cantor, según declaró una de sus hijas, Amanda Jara: “Queremos tomar este momento para exigirle a la Corte Suprema, si se puede exigir algo, que solicite a EEUU la extradición de Pedro Barrientos para que responda”.
Amanda, junto a la viuda del artista Joan Jara, Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el abogado Nelson Caucoto, y otros amigos y cercanos pidieron este miércoles que se lleve a cabo la medida internacional.
Joan Jara aseguró que este caso “sirve como punta de lanza” respecto de otros casos de DDHH, mientras que el abogado Caucoto reiteró sus críticas a las FFAA, por no haber entregado información que habría facilitado la labor de los jueces que ayudaron a esclarecer el caso.
“Doy gracia a los jueces que han investigado, porque ellos acumulan información con miles de testimonios. Ellos construyeron lo que el Ejército pudo haber dicho en un minuto, qué nos dieran la estructura del mando del Estadio Chile, pero ni ese dato obtuvimos, sino que lo conseguimos por una investigación compleja, que ahora está dando sus frutos, en el amor a la justicia desde la familia”, indicó.
Alicia Lira, de la AFEP, añadió que esta última resolución no se puede tomar como una instancia de celebración, sino que insta a seguir en la lucha por la verdad histórica, ni se apliquen medidas de prescripción o beneficios carcelarios a los procesados.
Incluso Francisco Ugaz, jefe del área jurídica del programa de DDHH del ministerio del Interior, manifestó la voluntad de seguir trabajando en el caso, quien apuntó que “tenemos una pretensión punitiva con el objeto de establecer el hecho criminal. Seguiremos trabajando en la búsqueda de tales fines, dado los hechos verificados, el Estado debe satisfacer la necesidad de investigar, sancionar, reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración de estos hechos”.
Los cuatro implicados se encuentran ya en el Penal Cordillera, en calidad de detenidos y según el ministro de la causa, Miguel Vásquez, se reservaron su derecho a apelar.
El juez que lleva la investigación informó además que se dio orden de extradicción para Barrientos mientras los restantes procesados tienen como plazo hasta mañana para presentarse ante la ley.
