En la última década hemos asistido a la revelación de un sinnúmero de escándalos empresariales atribuidos al sistema de libertades que se ha ido imponiendo en el mundo, según avanza la globalización económica. En Chile se recuerdan los de la banca, farmacias, retail, industria alimenticia y, más recientemente, las Universidades.

A nivel global, la indignación ha apuntado a los fraudes de la banca o la industria automotriz –sin escapar de ella, la alemana- y sólo hace algunos días alcanzó a gigantes como Google y Starbucks, empresas transnacionales que, aprovechando “agujeros” tributarios de los países, cumplen con la ley, pero escatiman su aporte impositivo para retribuir a los Estados con aquella parte de sus utilidades que les permite operar, pues es el Fisco quien impone el orden público, mantiene calles iluminadas y viables, así como áreas verdes, recoge basuras y tantos otros.

La práctica de “ahorrar” impuestos está muy extendida. Solo los trabajadores contratados, a quienes se les descuenta mensualmente sus imposiciones, están impedidos de realizar “ingeniería tributaria”. Las empresas cuentan con miles de formas para evitar pagar el porcentaje que moralmente estarían obligadas a hacer. Cumplir la ley es, por cierto, un mínimo indispensable. Sin ello viviríamos la lógica de la selva. Pero ¿basta cumplir la ley?

Se dirá que las leyes se han redactado siempre con la mira puesta en algún interés oculto que explica los “forados” a través de los cuales diversas compañías eluden impuestos. Puede ser. Pero también hay razones económicas. Se dice que sobrecargar a las empresas de tributos las hace perder competitividad internacional, afectando el empleo y transfiriéndolo a otras naciones con costos inferiores, sea porque explotan su mano de obra, no pagan leyes sociales o porque son más avanzados tecnológicamente.

Pero las acusaciones actuales no son tanto sobre ilegalidades –que para eso está el Poder Judicial-, sino sobre inmoralidad. Es decir, sobre comportamientos que, con cualquier justificación, salen de la sana norma de convivencia social. El diario español El País señala, citando a un destacado abogado de Madrid, “A las empresas no se les puede criminalizar por aplicar la ley. Otra cuestión es si hay que cambiar las leyes”, dice Pérez-Llorca, que deja claro que lo que no se puede hacer es defraudar. “No se puede jugar con los precios de transferencia.
Eso sería coger el dinero y correr. Pero sí hay que aprovechar los resquicios legales”. Tamaña declaración.

¿Es legal aprovechar los resquicios? Sí, pero es un actuar que puede llegar a ser inmoral cuando la falta del aporte tributario birlado, afecta el desarrollo social, parte de la responsabilidad que cada día más están asumiendo las empresas como retribución a su propio crecimiento. ¿Tendría el Estado que intervenir en la moralidad de las personas? Parece que no –a no ser que le gusten las teocracias-, pero los legisladores pueden redactar leyes impositivas menos ambiguas y flexibles, que impidan la deducción de gastos donde no los hay, controlar las operaciones en paraísos fiscales e investigar transferencias entre compañías que permiten disminuir utilidades.

Para las firmas, portarse moralmente es mejor negocio. En España ya hay medios que están impulsando boicots en contra de productos de empresas que cumplen con la ley, pero que escabullen su responsabilidad de retribución tributaria al Estado que las acoge. Si ese aporte se define en un lugar en el que el peso no llega al punto en que el capital se vaya en busca de mejores plazas, el comportamiento moral de las compañías será también más viable. A nadie se le puede exigir lo imposible. Recientemente en Francia, el destacado actor Gerard Depardieu prefirió mudarse a Bélgica ante una exacción estatal que, según su punto de vista, pasó el límite de lo razonable. Finalmente, una corte constitucionalista descartó el plan para gravar a los magnates con una tasa de 75%, por considerar que el monto era excesivo.

El Estado tiene cargas sociales para las que requiere de la solidaridad tributaria y es soberano para decidir el modelo fiscal que desea. Estados Unidos lo está viviendo en carne propia. Pero lo cierto es que, aunque no se busque, cada Estado está en competencia con otros que hacen lo imposible por atraer más recursos, bajando impuestos al capital. Y los que se salen de la competencia, pierden ingreso y tienen problemas con habitantes que exigen sus derechos, pero que, por lo general, esquivan los deberes.

La ley es, pues, sólo un mínimo, pero no debiera nunca transformarse en límite a una mayor solidaridad de los que más tienen, como lo muestran Bill Gates y Warren Buffet, quienes constituyeron “The Living Pledge”, donando el 50% de sus inmensas fortunas para reparar en algo las desigualdades. Con un PIB mundial como el actual, de US$ 72 millones de millones, y un teórico coeficiente de Gini en 0, los ingresos familiares de todo el mundo serían de US$ 41 mil anuales, es decir, $1,6 millón mensual.