El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Educación, Harald Beyer, firmó el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de acreditación de instituciones de educación superior.
El titular de Educación dijo que “al hacer la acreditación obligatoria ésta pasa a ser una garantía”.
Sin embargo, el Beyer reconoció que “hoy no se tiene un mecanismo adecuado de seguimiento luego de obtener la acreditación. Por eso es que la propuesta del Gobierno determina que las instituciones durante el proceso de acreditación deberán informar sobre su plan de acción durante los próximos seis años, que es el periodo que dura la certificación. Al mismo tiempo, deberán informar la apertura de carreras, establecimientos de nuevas sedes, crecimiento de la matrícula y otros que se produzcan y que no hayan sido evaluados en ese proceso. Si la agencia estima que dichos cambios ponen en riesgo el cumplimiento de los estándares de calidad, deberá acordar con la institución cómo llevarlos a cabo, de modo de no vulnerar el acuerdo que significó la acreditación de la institución”.
El secretario de Estado agregó que esto responde a los vacíos de la actual institucionalidad.
“Con estos cambios creemos que estamos dando respuesta a un largo anhelo de la sociedad chilena. Que efectivamente el Estado sea capaz de asegurar que todas las instituciones cumplan con estándares razonables y puedan llevar adelante proyectos académicos serios, que le garanticen a los estudiantes la posibilidad de completar sus estudios y tener una buena educación. No puede ser que tengamos instituciones que no tienen estándares exigentes y que terminen defraudando a los jóvenes del país”, dijo.
Por su parte, el Presidente Piñera dijo que la nueva Agencia de Acreditación “es un paso más en esta gran reforma a la educación y consiste en un cambio profundo de la actual Comisión Nacional de Acreditación que por sus hechos ha demostrado que no garantizó ni la calidad ni tampoco logró proteger a esa institución de esa amenaza de la corrupción”.
A mediados del año pasado, la Comisión Nacional de Acreditación llamó a modificar el sistema de composición de este organismo. El ex presidente de la CNA, Iñigo Díaz, había advertido que “los intereses están absolutamente mezclados en todas las instituciones, no solamente universidades, institutos profesionales, CFT, etcétera, y, por lo tanto, eso es difícil manejarlo”.
En julio de 2012, el ministerio descartó enviar al Congreso una “ley corta” para mejorar los temas más urgentes del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, como lo propuso la Comisión Nacional de Acreditación.
A fines de noviembre y en medio de la formalización de dos ex rectores y un ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, Beyer aseguró que el nuevo proyecto de ley que enviaría el Gobierno al Congreso buscaba imponer “cambios drásticos” al actual sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, que se mantiene en total descrédito tras la detención y formalización de dos ex rectores.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Educación, Harald Beyer, firmó el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de acreditación de instituciones de educación superior.
El titular de Educación dijo que “al hacer la acreditación obligatoria ésta pasa a ser una garantía”.
Sin embargo, el Beyer reconoció que “hoy no se tiene un mecanismo adecuado de seguimiento luego de obtener la acreditación. Por eso es que la propuesta del Gobierno determina que las instituciones durante el proceso de acreditación deberán informar sobre su plan de acción durante los próximos seis años, que es el periodo que dura la certificación. Al mismo tiempo, deberán informar la apertura de carreras, establecimientos de nuevas sedes, crecimiento de la matrícula y otros que se produzcan y que no hayan sido evaluados en ese proceso. Si la agencia estima que dichos cambios ponen en riesgo el cumplimiento de los estándares de calidad, deberá acordar con la institución cómo llevarlos a cabo, de modo de no vulnerar el acuerdo que significó la acreditación de la institución”.
El secretario de Estado agregó que esto responde a los vacíos de la actual institucionalidad.
“Con estos cambios creemos que estamos dando respuesta a un largo anhelo de la sociedad chilena. Que efectivamente el Estado sea capaz de asegurar que todas las instituciones cumplan con estándares razonables y puedan llevar adelante proyectos académicos serios, que le garanticen a los estudiantes la posibilidad de completar sus estudios y tener una buena educación. No puede ser que tengamos instituciones que no tienen estándares exigentes y que terminen defraudando a los jóvenes del país”, dijo.
Por su parte, el Presidente Piñera dijo que la nueva Agencia de Acreditación “es un paso más en esta gran reforma a la educación y consiste en un cambio profundo de la actual Comisión Nacional de Acreditación que por sus hechos ha demostrado que no garantizó ni la calidad ni tampoco logró proteger a esa institución de esa amenaza de la corrupción”.
A mediados del año pasado, la Comisión Nacional de Acreditación llamó a modificar el sistema de composición de este organismo. El ex presidente de la CNA, Iñigo Díaz, había advertido que “los intereses están absolutamente mezclados en todas las instituciones, no solamente universidades, institutos profesionales, CFT, etcétera, y, por lo tanto, eso es difícil manejarlo”.
En julio de 2012, el ministerio descartó enviar al Congreso una “ley corta” para mejorar los temas más urgentes del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, como lo propuso la Comisión Nacional de Acreditación.
A fines de noviembre y en medio de la formalización de dos ex rectores y un ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, Beyer aseguró que el nuevo proyecto de ley que enviaría el Gobierno al Congreso buscaba imponer “cambios drásticos” al actual sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, que se mantiene en total descrédito tras la detención y formalización de dos ex rectores.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Educación, Harald Beyer, firmó el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de acreditación de instituciones de educación superior.
El titular de Educación dijo que “al hacer la acreditación obligatoria ésta pasa a ser una garantía”.
Sin embargo, el Beyer reconoció que “hoy no se tiene un mecanismo adecuado de seguimiento luego de obtener la acreditación. Por eso es que la propuesta del Gobierno determina que las instituciones durante el proceso de acreditación deberán informar sobre su plan de acción durante los próximos seis años, que es el periodo que dura la certificación. Al mismo tiempo, deberán informar la apertura de carreras, establecimientos de nuevas sedes, crecimiento de la matrícula y otros que se produzcan y que no hayan sido evaluados en ese proceso. Si la agencia estima que dichos cambios ponen en riesgo el cumplimiento de los estándares de calidad, deberá acordar con la institución cómo llevarlos a cabo, de modo de no vulnerar el acuerdo que significó la acreditación de la institución”.
El secretario de Estado agregó que esto responde a los vacíos de la actual institucionalidad.
“Con estos cambios creemos que estamos dando respuesta a un largo anhelo de la sociedad chilena. Que efectivamente el Estado sea capaz de asegurar que todas las instituciones cumplan con estándares razonables y puedan llevar adelante proyectos académicos serios, que le garanticen a los estudiantes la posibilidad de completar sus estudios y tener una buena educación. No puede ser que tengamos instituciones que no tienen estándares exigentes y que terminen defraudando a los jóvenes del país”, dijo.
Por su parte, el Presidente Piñera dijo que la nueva Agencia de Acreditación “es un paso más en esta gran reforma a la educación y consiste en un cambio profundo de la actual Comisión Nacional de Acreditación que por sus hechos ha demostrado que no garantizó ni la calidad ni tampoco logró proteger a esa institución de esa amenaza de la corrupción”.
A mediados del año pasado, la Comisión Nacional de Acreditación llamó a modificar el sistema de composición de este organismo. El ex presidente de la CNA, Iñigo Díaz, había advertido que “los intereses están absolutamente mezclados en todas las instituciones, no solamente universidades, institutos profesionales, CFT, etcétera, y, por lo tanto, eso es difícil manejarlo”.
En julio de 2012, el ministerio descartó enviar al Congreso una “ley corta” para mejorar los temas más urgentes del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, como lo propuso la Comisión Nacional de Acreditación.
A fines de noviembre y en medio de la formalización de dos ex rectores y un ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, Beyer aseguró que el nuevo proyecto de ley que enviaría el Gobierno al Congreso buscaba imponer “cambios drásticos” al actual sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, que se mantiene en total descrédito tras la detención y formalización de dos ex rectores.
