En la etapa de presentación de pruebas se encontraba el juicio que desarrolla el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, antes de que el Tribunal Constitucional declarara como admisible el recurso presentado por el gerente general de Ariztía, Ismael Correa.
Con esta decisión el TC no sólo suspendió la causa, sino que deberá zanjar sobre la inconstitucionalidad o no del medio de prueba denominado “absolución de posiciones”, que implica la obligatoriedad de declarar de los litigantes, sobre hechos del mismo juicio.
A juicio de Tomás Menchaca, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la verdadera intención de este requerimiento es evitar dar una señal para posibles acciones penales.
“Esta preocupación puede tener que ver con juicios penales que se han iniciado contra personas que han sido denunciadas por colusión”, declaró.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, Tomás Menchaca evitó referirse a la decisión del TC, afirmando que sólo les queda acatarla.
Con la “admisibilidad del recurso”, la indagatoria del “caso pollos” se podría retomar durante el segundo semestre de este año e, incluso, aplazarse para 2013.
El denominado “caso pollos” o “cartel de los pollos” se inició cuando la Fiscalía Nacional Económica denunció a las compañías Agrosuper, Don Pollo y Ariztía de coludirse en la producción, distribución y comercialización de carne avícola en el país.
Por estos presuntos delitos, que contaron, además, con la participación de la Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA, el órgano persecutor solicitó multas ascendentes a 100 millones de dólares y la disolución de la organización gremial.
El caso, puso en tela de juicio el modelo de libre competencia existente en nuestro país, donde diversos economistas han señalado que es necesario un cambio normativo para evitar la concentración económica y, con ello, reducir las posibilidades de colusión.
Sin embargo, Tomás Menchaca fue enfático en afirmar que modificaciones al marco regulatorio no son necesarias: “Todas las infracciones se dan en mercados con agentes con poder, es impensable una colusión en un mercado competitivo. Esto no significa porque surjan casos deba cambiarse la normativa. No digo casos pendientes, pero ha habido casos que se han acreditado casos y fueron sancionados, eso es un síntoma que está funcionando”.
“No tiene nada de malo ni ilícito ser grande en un mercado, por eficiencia, por ejemplo”, sostuvo el presidente del Tribunal, quien agregó que sólo se puede castigar a las empresas cuando aplican políticas restrictivas y atentan contra la libre competencia.
“Una persona puede robar pero no necesariamente lo hace”, agregó Menchaca, argumentando su posición, contraria a ingresar mayores regulaciones al sistema.
En la etapa de presentación de pruebas se encontraba el juicio que desarrolla el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, antes de que el Tribunal Constitucional declarara como admisible el recurso presentado por el gerente general de Ariztía, Ismael Correa.
Con esta decisión el TC no sólo suspendió la causa, sino que deberá zanjar sobre la inconstitucionalidad o no del medio de prueba denominado “absolución de posiciones”, que implica la obligatoriedad de declarar de los litigantes, sobre hechos del mismo juicio.
A juicio de Tomás Menchaca, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la verdadera intención de este requerimiento es evitar dar una señal para posibles acciones penales.
“Esta preocupación puede tener que ver con juicios penales que se han iniciado contra personas que han sido denunciadas por colusión”, declaró.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, Tomás Menchaca evitó referirse a la decisión del TC, afirmando que sólo les queda acatarla.
Con la “admisibilidad del recurso”, la indagatoria del “caso pollos” se podría retomar durante el segundo semestre de este año e, incluso, aplazarse para 2013.
El denominado “caso pollos” o “cartel de los pollos” se inició cuando la Fiscalía Nacional Económica denunció a las compañías Agrosuper, Don Pollo y Ariztía de coludirse en la producción, distribución y comercialización de carne avícola en el país.
Por estos presuntos delitos, que contaron, además, con la participación de la Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA, el órgano persecutor solicitó multas ascendentes a 100 millones de dólares y la disolución de la organización gremial.
El caso, puso en tela de juicio el modelo de libre competencia existente en nuestro país, donde diversos economistas han señalado que es necesario un cambio normativo para evitar la concentración económica y, con ello, reducir las posibilidades de colusión.
Sin embargo, Tomás Menchaca fue enfático en afirmar que modificaciones al marco regulatorio no son necesarias: “Todas las infracciones se dan en mercados con agentes con poder, es impensable una colusión en un mercado competitivo. Esto no significa porque surjan casos deba cambiarse la normativa. No digo casos pendientes, pero ha habido casos que se han acreditado casos y fueron sancionados, eso es un síntoma que está funcionando”.
“No tiene nada de malo ni ilícito ser grande en un mercado, por eficiencia, por ejemplo”, sostuvo el presidente del Tribunal, quien agregó que sólo se puede castigar a las empresas cuando aplican políticas restrictivas y atentan contra la libre competencia.
“Una persona puede robar pero no necesariamente lo hace”, agregó Menchaca, argumentando su posición, contraria a ingresar mayores regulaciones al sistema.
En la etapa de presentación de pruebas se encontraba el juicio que desarrolla el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, antes de que el Tribunal Constitucional declarara como admisible el recurso presentado por el gerente general de Ariztía, Ismael Correa.
Con esta decisión el TC no sólo suspendió la causa, sino que deberá zanjar sobre la inconstitucionalidad o no del medio de prueba denominado “absolución de posiciones”, que implica la obligatoriedad de declarar de los litigantes, sobre hechos del mismo juicio.
A juicio de Tomás Menchaca, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la verdadera intención de este requerimiento es evitar dar una señal para posibles acciones penales.
“Esta preocupación puede tener que ver con juicios penales que se han iniciado contra personas que han sido denunciadas por colusión”, declaró.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, Tomás Menchaca evitó referirse a la decisión del TC, afirmando que sólo les queda acatarla.
Con la “admisibilidad del recurso”, la indagatoria del “caso pollos” se podría retomar durante el segundo semestre de este año e, incluso, aplazarse para 2013.
El denominado “caso pollos” o “cartel de los pollos” se inició cuando la Fiscalía Nacional Económica denunció a las compañías Agrosuper, Don Pollo y Ariztía de coludirse en la producción, distribución y comercialización de carne avícola en el país.
Por estos presuntos delitos, que contaron, además, con la participación de la Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA, el órgano persecutor solicitó multas ascendentes a 100 millones de dólares y la disolución de la organización gremial.
El caso, puso en tela de juicio el modelo de libre competencia existente en nuestro país, donde diversos economistas han señalado que es necesario un cambio normativo para evitar la concentración económica y, con ello, reducir las posibilidades de colusión.
Sin embargo, Tomás Menchaca fue enfático en afirmar que modificaciones al marco regulatorio no son necesarias: “Todas las infracciones se dan en mercados con agentes con poder, es impensable una colusión en un mercado competitivo. Esto no significa porque surjan casos deba cambiarse la normativa. No digo casos pendientes, pero ha habido casos que se han acreditado casos y fueron sancionados, eso es un síntoma que está funcionando”.
“No tiene nada de malo ni ilícito ser grande en un mercado, por eficiencia, por ejemplo”, sostuvo el presidente del Tribunal, quien agregó que sólo se puede castigar a las empresas cuando aplican políticas restrictivas y atentan contra la libre competencia.
“Una persona puede robar pero no necesariamente lo hace”, agregó Menchaca, argumentando su posición, contraria a ingresar mayores regulaciones al sistema.
