Involucrándose en el llamado Caso Bombas, el Consejo para la Transparencia, exigió al ministerio del Interior entregar una copia de los correos electrónicos entre el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el subsecretario Rodrigo Ubilla y el ex fiscal a cargo del proceso, Alejandro Peña.
Esto ya había sido solicitado por los abogados de los imputados Mauricio Morales y Francisco Solar, ocasión en la cual Ubilla argumentó el rechazo a la entrega de la información, porque la Constitución reconoce “los derechos de las personas a la seguridad de la Nación, al interés nacional y al debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado como límites a la transparencia”.
Esta vez, el Consejo requirió los “correos electrónicos enviados y/o recibidos en la casilla institucional del ministro, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril del 2011, cuyo destinatario o remitente sea el ministerio, vinculado con la incorporación del señor Alejandro Peña como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del ministerio”.
Asimismo también se exigen los oficios y/o cualquier documento que las autoridades hayan redactado relacionados con la contratación de Peña en su cargo de jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior.
Cabe señalar que Transparencia acogió parcialmente la petición de los abogados, ya que no aceptó solicitar copia al Ministerio de correos enviados durante el mismo período y que tuvieran relación con causas criminales seguidas por la Fiscalía Sur.
Involucrándose en el llamado Caso Bombas, el Consejo para la Transparencia, exigió al ministerio del Interior entregar una copia de los correos electrónicos entre el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el subsecretario Rodrigo Ubilla y el ex fiscal a cargo del proceso, Alejandro Peña.
Esto ya había sido solicitado por los abogados de los imputados Mauricio Morales y Francisco Solar, ocasión en la cual Ubilla argumentó el rechazo a la entrega de la información, porque la Constitución reconoce “los derechos de las personas a la seguridad de la Nación, al interés nacional y al debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado como límites a la transparencia”.
Esta vez, el Consejo requirió los “correos electrónicos enviados y/o recibidos en la casilla institucional del ministro, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril del 2011, cuyo destinatario o remitente sea el ministerio, vinculado con la incorporación del señor Alejandro Peña como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del ministerio”.
Asimismo también se exigen los oficios y/o cualquier documento que las autoridades hayan redactado relacionados con la contratación de Peña en su cargo de jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior.
Cabe señalar que Transparencia acogió parcialmente la petición de los abogados, ya que no aceptó solicitar copia al Ministerio de correos enviados durante el mismo período y que tuvieran relación con causas criminales seguidas por la Fiscalía Sur.
Involucrándose en el llamado Caso Bombas, el Consejo para la Transparencia, exigió al ministerio del Interior entregar una copia de los correos electrónicos entre el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el subsecretario Rodrigo Ubilla y el ex fiscal a cargo del proceso, Alejandro Peña.
Esto ya había sido solicitado por los abogados de los imputados Mauricio Morales y Francisco Solar, ocasión en la cual Ubilla argumentó el rechazo a la entrega de la información, porque la Constitución reconoce “los derechos de las personas a la seguridad de la Nación, al interés nacional y al debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado como límites a la transparencia”.
Esta vez, el Consejo requirió los “correos electrónicos enviados y/o recibidos en la casilla institucional del ministro, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril del 2011, cuyo destinatario o remitente sea el ministerio, vinculado con la incorporación del señor Alejandro Peña como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del ministerio”.
Asimismo también se exigen los oficios y/o cualquier documento que las autoridades hayan redactado relacionados con la contratación de Peña en su cargo de jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior.
Cabe señalar que Transparencia acogió parcialmente la petición de los abogados, ya que no aceptó solicitar copia al Ministerio de correos enviados durante el mismo período y que tuvieran relación con causas criminales seguidas por la Fiscalía Sur.
