Este miércoles la comisión de Educación del Senado continuó con el análisis del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema para las instituciones de enseñanza superior.
De acuerdo al Mineduc, el proyecto tiene como antecedentes las recomendaciones presentadas por un equipo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que evaluó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Los especialistas se entrevistaron con más de un centenar de académicos, investigadores y estudiantes para elaborar un informe de 60 páginas que contenía diferentes propuestas.
A partir de esto, el Gobierno presentó un proyecto de ley que consta de tres puntos. En primer lugar, la creación de la Agencia Nacional de Acreditación, que reemplazará a la Comisión Nacional de Acreditación y estará integrada por cuatro miembros, elegidos por el Presidente entre ternas sugeridas por el Sistema de Alta Dirección Pública, y un quinto integrante, con dedicación exclusiva, escogido por el mandatario.
Luego, la iniciativa establece que la acreditación sea única y obligatoria por seis años, susceptible de ser revocada si dejan de cumplirse las condiciones que permitieron la acreditación.
Finalmente, la agencia entregará el licenciamiento y la acreditación a las nuevas instituciones, con el objetivo de que no crezcan sin control cuando obtengan la autonomía.
Aun cuando valoró algunos puntos, como que la acreditación sea obligatoria, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Andrés Fielbaum, consideró que el proyecto solo apunta a problemas laterales: “Si se intentan blanquear los problemas del sistema universitario chileno con el tema de la acreditación, es falso. Aun si es mejor que el anterior, el nuevo sistema de acreditación no va a impedir que sigan existiendo universidades con fines de lucro. Por tanto, no va a impedir que sigan existiendo universidades cuyo fin, finalmente, sea ganar toda la plata posible a costa de sus estudiantes, en lugar de ofrecer realmente un proyecto universitario. Entonces escándalos como el de la Universidad del Mar y todas las universidades que están a la cola perfectamente pueden seguir existiendo. Para nosotros, lo más relevante es darnos cuenta que el ministerio sigue insistiendo en atacar problemas laterales, sin hacerse cargo del problema central”, explicó.
En ese sentido, Andrés Fielbaum añadió que hacerse cargo del problema central significa “darle fin efectivo al lucro, lo que requiere, principalmente, de harta voluntad política”.
“Hay temas que tienen que ver con darle atribuciones al organismo encargado de fiscalizar para perseguir cualquier forma de lucro, no solamente las que hoy se conocen; prohibir toda relación con empresas relacionadas; y eventualmente poner regulación a los aranceles y al crecimiento de la matrícula. De esa forma, va a dejar de ser un negocio atractivo, como lamentablemente termina siendo el día de hoy. Y por otro lado, un fortalecimiento de la educación pública y avanzar hacia la gratuidad, para que ese sea el corazón del tema educativo y que, de esa forma, no tenga sentido pensar en la educación como una empresa”, aseguró.
Por su parte, el director del Observatorio de Políticas Educativas (OPECH) de la Universidad de Chile, Jesús Redondo, se mostró escéptico ante la iniciativa y advirtió que “la intencionalidad puede ir en el sentido correcto, pero la letra chica es la que puede matar todo eso. Depende cómo se genere la agencia, cuánta autonomía tenga, cómo sean los procedimientos, etc. Uno podría decir que la idea global es mejor que la anterior, pero el problema es cómo va a quedar en la letra chica. Los problemas en el país no son las intenciones y los grandes rótulos, son por la letra chica con la que operan las cosas, que están orientadas más bien a satisfacer negocios que a generar ciudadanía”.
Cabe recordar que este proyecto de ley, que fue ingresado a la Cámara Alta el pasado 9 de enero, forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo pretende tramitar este año en el Congrejo, junto con la creación de la Superintendencia de Educación y el sistema único de financiamiento estudiantil, actualmente en tramitación.
Este miércoles la comisión de Educación del Senado continuó con el análisis del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema para las instituciones de enseñanza superior.
De acuerdo al Mineduc, el proyecto tiene como antecedentes las recomendaciones presentadas por un equipo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que evaluó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Los especialistas se entrevistaron con más de un centenar de académicos, investigadores y estudiantes para elaborar un informe de 60 páginas que contenía diferentes propuestas.
A partir de esto, el Gobierno presentó un proyecto de ley que consta de tres puntos. En primer lugar, la creación de la Agencia Nacional de Acreditación, que reemplazará a la Comisión Nacional de Acreditación y estará integrada por cuatro miembros, elegidos por el Presidente entre ternas sugeridas por el Sistema de Alta Dirección Pública, y un quinto integrante, con dedicación exclusiva, escogido por el mandatario.
Luego, la iniciativa establece que la acreditación sea única y obligatoria por seis años, susceptible de ser revocada si dejan de cumplirse las condiciones que permitieron la acreditación.
Finalmente, la agencia entregará el licenciamiento y la acreditación a las nuevas instituciones, con el objetivo de que no crezcan sin control cuando obtengan la autonomía.
Aun cuando valoró algunos puntos, como que la acreditación sea obligatoria, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Andrés Fielbaum, consideró que el proyecto solo apunta a problemas laterales: “Si se intentan blanquear los problemas del sistema universitario chileno con el tema de la acreditación, es falso. Aun si es mejor que el anterior, el nuevo sistema de acreditación no va a impedir que sigan existiendo universidades con fines de lucro. Por tanto, no va a impedir que sigan existiendo universidades cuyo fin, finalmente, sea ganar toda la plata posible a costa de sus estudiantes, en lugar de ofrecer realmente un proyecto universitario. Entonces escándalos como el de la Universidad del Mar y todas las universidades que están a la cola perfectamente pueden seguir existiendo. Para nosotros, lo más relevante es darnos cuenta que el ministerio sigue insistiendo en atacar problemas laterales, sin hacerse cargo del problema central”, explicó.
En ese sentido, Andrés Fielbaum añadió que hacerse cargo del problema central significa “darle fin efectivo al lucro, lo que requiere, principalmente, de harta voluntad política”.
“Hay temas que tienen que ver con darle atribuciones al organismo encargado de fiscalizar para perseguir cualquier forma de lucro, no solamente las que hoy se conocen; prohibir toda relación con empresas relacionadas; y eventualmente poner regulación a los aranceles y al crecimiento de la matrícula. De esa forma, va a dejar de ser un negocio atractivo, como lamentablemente termina siendo el día de hoy. Y por otro lado, un fortalecimiento de la educación pública y avanzar hacia la gratuidad, para que ese sea el corazón del tema educativo y que, de esa forma, no tenga sentido pensar en la educación como una empresa”, aseguró.
Por su parte, el director del Observatorio de Políticas Educativas (OPECH) de la Universidad de Chile, Jesús Redondo, se mostró escéptico ante la iniciativa y advirtió que “la intencionalidad puede ir en el sentido correcto, pero la letra chica es la que puede matar todo eso. Depende cómo se genere la agencia, cuánta autonomía tenga, cómo sean los procedimientos, etc. Uno podría decir que la idea global es mejor que la anterior, pero el problema es cómo va a quedar en la letra chica. Los problemas en el país no son las intenciones y los grandes rótulos, son por la letra chica con la que operan las cosas, que están orientadas más bien a satisfacer negocios que a generar ciudadanía”.
Cabe recordar que este proyecto de ley, que fue ingresado a la Cámara Alta el pasado 9 de enero, forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo pretende tramitar este año en el Congrejo, junto con la creación de la Superintendencia de Educación y el sistema único de financiamiento estudiantil, actualmente en tramitación.
Este miércoles la comisión de Educación del Senado continuó con el análisis del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema para las instituciones de enseñanza superior.
De acuerdo al Mineduc, el proyecto tiene como antecedentes las recomendaciones presentadas por un equipo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que evaluó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Los especialistas se entrevistaron con más de un centenar de académicos, investigadores y estudiantes para elaborar un informe de 60 páginas que contenía diferentes propuestas.
A partir de esto, el Gobierno presentó un proyecto de ley que consta de tres puntos. En primer lugar, la creación de la Agencia Nacional de Acreditación, que reemplazará a la Comisión Nacional de Acreditación y estará integrada por cuatro miembros, elegidos por el Presidente entre ternas sugeridas por el Sistema de Alta Dirección Pública, y un quinto integrante, con dedicación exclusiva, escogido por el mandatario.
Luego, la iniciativa establece que la acreditación sea única y obligatoria por seis años, susceptible de ser revocada si dejan de cumplirse las condiciones que permitieron la acreditación.
Finalmente, la agencia entregará el licenciamiento y la acreditación a las nuevas instituciones, con el objetivo de que no crezcan sin control cuando obtengan la autonomía.
Aun cuando valoró algunos puntos, como que la acreditación sea obligatoria, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Andrés Fielbaum, consideró que el proyecto solo apunta a problemas laterales: “Si se intentan blanquear los problemas del sistema universitario chileno con el tema de la acreditación, es falso. Aun si es mejor que el anterior, el nuevo sistema de acreditación no va a impedir que sigan existiendo universidades con fines de lucro. Por tanto, no va a impedir que sigan existiendo universidades cuyo fin, finalmente, sea ganar toda la plata posible a costa de sus estudiantes, en lugar de ofrecer realmente un proyecto universitario. Entonces escándalos como el de la Universidad del Mar y todas las universidades que están a la cola perfectamente pueden seguir existiendo. Para nosotros, lo más relevante es darnos cuenta que el ministerio sigue insistiendo en atacar problemas laterales, sin hacerse cargo del problema central”, explicó.
En ese sentido, Andrés Fielbaum añadió que hacerse cargo del problema central significa “darle fin efectivo al lucro, lo que requiere, principalmente, de harta voluntad política”.
“Hay temas que tienen que ver con darle atribuciones al organismo encargado de fiscalizar para perseguir cualquier forma de lucro, no solamente las que hoy se conocen; prohibir toda relación con empresas relacionadas; y eventualmente poner regulación a los aranceles y al crecimiento de la matrícula. De esa forma, va a dejar de ser un negocio atractivo, como lamentablemente termina siendo el día de hoy. Y por otro lado, un fortalecimiento de la educación pública y avanzar hacia la gratuidad, para que ese sea el corazón del tema educativo y que, de esa forma, no tenga sentido pensar en la educación como una empresa”, aseguró.
Por su parte, el director del Observatorio de Políticas Educativas (OPECH) de la Universidad de Chile, Jesús Redondo, se mostró escéptico ante la iniciativa y advirtió que “la intencionalidad puede ir en el sentido correcto, pero la letra chica es la que puede matar todo eso. Depende cómo se genere la agencia, cuánta autonomía tenga, cómo sean los procedimientos, etc. Uno podría decir que la idea global es mejor que la anterior, pero el problema es cómo va a quedar en la letra chica. Los problemas en el país no son las intenciones y los grandes rótulos, son por la letra chica con la que operan las cosas, que están orientadas más bien a satisfacer negocios que a generar ciudadanía”.
Cabe recordar que este proyecto de ley, que fue ingresado a la Cámara Alta el pasado 9 de enero, forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo pretende tramitar este año en el Congrejo, junto con la creación de la Superintendencia de Educación y el sistema único de financiamiento estudiantil, actualmente en tramitación.
