Justicia ordena pago de 150 millones a 30 presos políticos de Isla Dawson
La jueza Claudia Donoso dio curso al recurso de indemnización solicitado por treinta presos políticos que fueron trasladados hasta el centro de detención en el extremo sur.
Jueves 24 de enero 2013 19:51 hrs.
El 18° Juzgado Civil de Santiago acogió un recurso de indemnización presentado contra el Estado de Chile, firmado por 30 víctimas de la dictadura, quienes fueron detenidos en Magallanes y derivados hasta el centro de reclusión de Isla Dawson.
El fallo de la jueza Claudia Donoso Niemeyer estableció el pago de 150 millones para estas personas, detenidas entre el 11 y 31 de diciembre de 1973.
El dictamen destaca que “atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”.
La magistrada sustenta su decisión en el Convenio de Ginebra, que destaca en su artículo 131 que “ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluya la tortura o tratos inhumanos”.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la prescripción de los hechos, situación negada desde el tribunal, que apuntó que “no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado”.
A continuación el listado de los 30 querellantes:
– Eliécer Segundo Valencia Oyarzo
– Sergio Miguel Patrico Loguercio Cruzat
– Baldovino Erasmo Gómez Alba
– Héctor Edgardo Avilés Venegas
– Custodio Aguilar Oyarzún
– Gastón René Arias Muñoz
– Jorge Alberto Arriagada Contreras
– Eleuterio Barra Maldonado
– Aladino Octavio Coihuin Coihuin
– José Edison Díaz Catelicán
– Ramón Fernando Enríquez Rosas
– Gerónimo Antonio España Bórquez
– Juan Rubí Eterovic Kusmanic
– Ramón Arnoldo Gómez Roldán
– Francisco Márquez Márquez
– Renato Fernando Mora Andrade
– Alejandro Lorenzo Olate Levet
– Lorenzo Santiago Oyarzo Placencia
– Dante Manuel Panicucci Bianchi
– Manuel Ernesto Parada Soto
– Libio Eduardo Pérez Zúñiga
– Gastón Antonio Prieto Iglesias
– Nelson Gustavo Reyes Ojeda
– Sergio Reinaldo Reyes Soto
– Guillermo Sáez Aravena
– José Gardo Vargas Álvarez
– Juvenal Alberto Vásquez Velázquez
– Ángel Antonio Vera Fernández
– José Augusto Vera Velásquez
– Hermes Benjamín Vera Vera
– Sergio Eduardo Zurita Díaz
El 18° Juzgado Civil de Santiago acogió un recurso de indemnización presentado contra el Estado de Chile, firmado por 30 víctimas de la dictadura, quienes fueron detenidos en Magallanes y derivados hasta el centro de reclusión de Isla Dawson.
El fallo de la jueza Claudia Donoso Niemeyer estableció el pago de 150 millones para estas personas, detenidas entre el 11 y 31 de diciembre de 1973.
El dictamen destaca que “atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”.
La magistrada sustenta su decisión en el Convenio de Ginebra, que destaca en su artículo 131 que “ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluya la tortura o tratos inhumanos”.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la prescripción de los hechos, situación negada desde el tribunal, que apuntó que “no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado”.
A continuación el listado de los 30 querellantes:
– Eliécer Segundo Valencia Oyarzo
– Sergio Miguel Patrico Loguercio Cruzat
– Baldovino Erasmo Gómez Alba
– Héctor Edgardo Avilés Venegas
– Custodio Aguilar Oyarzún
– Gastón René Arias Muñoz
– Jorge Alberto Arriagada Contreras
– Eleuterio Barra Maldonado
– Aladino Octavio Coihuin Coihuin
– José Edison Díaz Catelicán
– Ramón Fernando Enríquez Rosas
– Gerónimo Antonio España Bórquez
– Juan Rubí Eterovic Kusmanic
– Ramón Arnoldo Gómez Roldán
– Francisco Márquez Márquez
– Renato Fernando Mora Andrade
– Alejandro Lorenzo Olate Levet
– Lorenzo Santiago Oyarzo Placencia
– Dante Manuel Panicucci Bianchi
– Manuel Ernesto Parada Soto
– Libio Eduardo Pérez Zúñiga
– Gastón Antonio Prieto Iglesias
– Nelson Gustavo Reyes Ojeda
– Sergio Reinaldo Reyes Soto
– Guillermo Sáez Aravena
– José Gardo Vargas Álvarez
– Juvenal Alberto Vásquez Velázquez
– Ángel Antonio Vera Fernández
– José Augusto Vera Velásquez
– Hermes Benjamín Vera Vera
– Sergio Eduardo Zurita Díaz
El 18° Juzgado Civil de Santiago acogió un recurso de indemnización presentado contra el Estado de Chile, firmado por 30 víctimas de la dictadura, quienes fueron detenidos en Magallanes y derivados hasta el centro de reclusión de Isla Dawson.
El fallo de la jueza Claudia Donoso Niemeyer estableció el pago de 150 millones para estas personas, detenidas entre el 11 y 31 de diciembre de 1973.
El dictamen destaca que “atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”.
La magistrada sustenta su decisión en el Convenio de Ginebra, que destaca en su artículo 131 que “ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluya la tortura o tratos inhumanos”.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la prescripción de los hechos, situación negada desde el tribunal, que apuntó que “no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado”.
A continuación el listado de los 30 querellantes:
– Eliécer Segundo Valencia Oyarzo
– Sergio Miguel Patrico Loguercio Cruzat
– Baldovino Erasmo Gómez Alba
– Héctor Edgardo Avilés Venegas
– Custodio Aguilar Oyarzún
– Gastón René Arias Muñoz
– Jorge Alberto Arriagada Contreras
– Eleuterio Barra Maldonado
– Aladino Octavio Coihuin Coihuin
– José Edison Díaz Catelicán
– Ramón Fernando Enríquez Rosas
– Gerónimo Antonio España Bórquez
– Juan Rubí Eterovic Kusmanic
– Ramón Arnoldo Gómez Roldán
– Francisco Márquez Márquez
– Renato Fernando Mora Andrade
– Alejandro Lorenzo Olate Levet
– Lorenzo Santiago Oyarzo Placencia
– Dante Manuel Panicucci Bianchi
– Manuel Ernesto Parada Soto
– Libio Eduardo Pérez Zúñiga
– Gastón Antonio Prieto Iglesias
– Nelson Gustavo Reyes Ojeda
– Sergio Reinaldo Reyes Soto
– Guillermo Sáez Aravena
– José Gardo Vargas Álvarez
– Juvenal Alberto Vásquez Velázquez
– Ángel Antonio Vera Fernández
– José Augusto Vera Velásquez
– Hermes Benjamín Vera Vera
– Sergio Eduardo Zurita Díaz
