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Año XI, 6 de diciembre de 2019

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Privatización del agua: ¿Un buen negocio para Chile?

La próxima semana se conocerá el resultado del sumario de la Superintendencia de Aguas contra la empresa Aguas Andinas, por el corte que afectó a dos millones de personas en Santiago el pasado martes. Al margen de este proceso, distintas organizaciones y parlamentarios apuntan al precario sistema de privatización y usos del recurso hídrico, quienes apelan a una mayor participación del Estado en su manejo.

Juan San Cristobal

  Viernes 25 de enero 2013 19:08 hrs. 
agua

El corte del suministro que afectó a dos millones de personas en Santiago el pasado martes, encendió las alarmas respecto de la precariedad del modelo de privatización que hoy afecta a los recursos hídricos.

Y es que en junio de 2012 el Estado de Chile vendió los últimos porcentajes de propiedad que tenía sobre empresas sanitarias. El país se desprendió así del 35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y 43% en Essbio, culminando un proceso de venta iniciado en la administración de Eduardo Frei. Hoy la empresa de capitales españoles Endesa es la que concentra la mayor cantidad de derechos de agua.

Por lo mismo, el senador Antonio Horvath, integrante de la comisión de Medioambiente, advirtió sobre los procesos judiciales que existen en esta materia y a la carencia de una política participativa en este tema.

“Hay un convenio que no conocemos de uso de las aguas para consumo humano aprovechado para energía eléctrica, lo que está en tribunales. Estos temas hay que resolverlos en forma transparente y privilegiar el consumo doméstico, y lo que sea compatible con manejo integrado para el riego, turismo o centrales de pasada. Pero en Chile no tenemos una política pública, bien definida y participativa”, declaró Horvath.

Entre los argumentos para privatizar está la necesidad de aumentar la cobertura y garantizar un servicio de agua potable para todos los chilenos. Esta situación avanza lentamente, y hoy la escasez hídrica se grafica con localidades del norte del país que sólo reciben el suministro mediante camiones aljibes, en desmedro del consumo industrial minero.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, subraya que la fiscalización es débil y hoy los usuarios son víctimas de sobreprecios y malas condiciones de servicio en el país: “Como tenemos una entidad supervisora más preocupada de las utilidades de las empresas que los derechos de los usuarios, es que hay un montón de abusos consecuencia de ello. Empresas que cobran tratamiento de aguas sin tener la zanja o estos cortes abruptos, que si bien justifico el corte de Aguas Andinas por la medida, no se cumplieron los protocolos establecidos para la comunicación”.

Para Manuel Baquedano, presidente del Instituto Ecología Política, las condiciones monopólicas que arrastra la enajenación estatal son detonantes de una situación abusiva y peligrosa para el Estado, sin herramientas para recuperar dominio ante recursos hídricos.

Baquedano apunta que “como era una estructura del Estado, cuando se privatiza queda en posición monopólica y privado, ni siquiera chileno, porque el agua es española, un primer problema. Segundo, en el caso de la producción de electricidad los derechos de agua fueron entregados gratis por el Estado a las empresas, y así Endesa pasó a ser de una empresa nacional a la principal empresa eléctrica y monopoliza todas las posibilidades del uso de agua”.

Empresas transnacionales de España e Italia hoy son dueñas del agua en Chile, mientras otros países trabajan en leyes y ministerios para asegurar el abastecimiento. En tanto, las críticas al Ejecutivo urgen por políticas energéticas sustentables, en desmedro de proyectos hidroeléctricos. Lo cierto es que una emergencia como la del pasado martes, tiene a los consumidores en el último eslabón de prioridades legales para el llamado “vital elemento”.