Un negativo balance respecto del reconocimiento jurídico y la vigencia efectiva de derechos individuales y colectivos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Estado chileno arrojó el Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile.
El documento de 16 capítulos fue presentado en el marco de la Cumbre de los Pueblos, paralela a la reunión de presidentes Celac-UE.
José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, afirmó que Chile tiene pocos niveles de avances en términos generales y que si bien hay aspectos positivos, como la Ley Antidiscriminación, aún es insuficiente respecto de la legislación internacional al respecto.
Araya añadió que sigue pendiente la deuda con los pueblos indígenas de acuerdo a lo estipulado al Convenio 169 de la OIT, sobre el instrumento de consulta, y criticó el aumento de la represión policial: “Los dos últimos informes del Instituto Nacional de DD.HH. le dan una prioridad a este tema, porque hemos tenido muchos casos de abuso policial. Desde nuestra institucionalidad, no hemos tenido la posibilidad de regular la formación policial, de mejorar los contenidos, de incorporar estándares de DD.HH. al interior de Carabineros y de tener claridad sobre los procedimientos de formación, de cosas técnicas, como la equipación que el Estado le compra a Carabineros. Entonces hay una serie de zonas oscuras”, dijo.
Martín Pascual, miembro del directorio de Acción A.G. y Cenda, estuvo a cargo de la presentación del capítulo sobre derechos económicos, sociales y culturales en Chile.
En ese sentido, destacó el problema de la precarización laboral: “Los empleos que se están creando no son estables, que tengan un contrato, entonces hay un porcentaje muy alto, un 26 por ciento, que corresponde a trabajos por obra y faena. Y una cifra cercana al 50 por ciento de los nuevos empleos son trabajadores que trabajan en empresas subcontratistas. Eso significa que son trabajadores que se salen de los promedios salariales y ganan bastante menos”, indicó.
Pascual añadió que esta situación genera nuevas desigualdades y advirtió que, si bien es cierto que han aumentado las remuneraciones, estos ascensos se refieren principalmente a los sueldos de los empleadores.
En el ámbito educacional, tampoco se aprecian mayores cambios. Según René Varas, del Foro Nacional por la Educación, el sistema “sigue concebido como una mercancía, ajeno a toda noción de derecho, y caracterizado por prácticas discriminatorias institucionalizadas en todos los niveles.
Suscriben el Informe y son responsables de su redacción: ACCIÓN A.G., ACHNU, Asesorías Ciudadanas, Cenda, Chile Sustentable, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas, Foro Nacional por la Educación, Movilh, Observatorio Ciudadano, ONG CEC (Programa Personas Mayores) y Terram.
Un negativo balance respecto del reconocimiento jurídico y la vigencia efectiva de derechos individuales y colectivos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Estado chileno arrojó el Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile.
El documento de 16 capítulos fue presentado en el marco de la Cumbre de los Pueblos, paralela a la reunión de presidentes Celac-UE.
José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, afirmó que Chile tiene pocos niveles de avances en términos generales y que si bien hay aspectos positivos, como la Ley Antidiscriminación, aún es insuficiente respecto de la legislación internacional al respecto.
Araya añadió que sigue pendiente la deuda con los pueblos indígenas de acuerdo a lo estipulado al Convenio 169 de la OIT, sobre el instrumento de consulta, y criticó el aumento de la represión policial: “Los dos últimos informes del Instituto Nacional de DD.HH. le dan una prioridad a este tema, porque hemos tenido muchos casos de abuso policial. Desde nuestra institucionalidad, no hemos tenido la posibilidad de regular la formación policial, de mejorar los contenidos, de incorporar estándares de DD.HH. al interior de Carabineros y de tener claridad sobre los procedimientos de formación, de cosas técnicas, como la equipación que el Estado le compra a Carabineros. Entonces hay una serie de zonas oscuras”, dijo.
Martín Pascual, miembro del directorio de Acción A.G. y Cenda, estuvo a cargo de la presentación del capítulo sobre derechos económicos, sociales y culturales en Chile.
En ese sentido, destacó el problema de la precarización laboral: “Los empleos que se están creando no son estables, que tengan un contrato, entonces hay un porcentaje muy alto, un 26 por ciento, que corresponde a trabajos por obra y faena. Y una cifra cercana al 50 por ciento de los nuevos empleos son trabajadores que trabajan en empresas subcontratistas. Eso significa que son trabajadores que se salen de los promedios salariales y ganan bastante menos”, indicó.
Pascual añadió que esta situación genera nuevas desigualdades y advirtió que, si bien es cierto que han aumentado las remuneraciones, estos ascensos se refieren principalmente a los sueldos de los empleadores.
En el ámbito educacional, tampoco se aprecian mayores cambios. Según René Varas, del Foro Nacional por la Educación, el sistema “sigue concebido como una mercancía, ajeno a toda noción de derecho, y caracterizado por prácticas discriminatorias institucionalizadas en todos los niveles.
Suscriben el Informe y son responsables de su redacción: ACCIÓN A.G., ACHNU, Asesorías Ciudadanas, Cenda, Chile Sustentable, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas, Foro Nacional por la Educación, Movilh, Observatorio Ciudadano, ONG CEC (Programa Personas Mayores) y Terram.
Un negativo balance respecto del reconocimiento jurídico y la vigencia efectiva de derechos individuales y colectivos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Estado chileno arrojó el Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile.
El documento de 16 capítulos fue presentado en el marco de la Cumbre de los Pueblos, paralela a la reunión de presidentes Celac-UE.
José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, afirmó que Chile tiene pocos niveles de avances en términos generales y que si bien hay aspectos positivos, como la Ley Antidiscriminación, aún es insuficiente respecto de la legislación internacional al respecto.
Araya añadió que sigue pendiente la deuda con los pueblos indígenas de acuerdo a lo estipulado al Convenio 169 de la OIT, sobre el instrumento de consulta, y criticó el aumento de la represión policial: “Los dos últimos informes del Instituto Nacional de DD.HH. le dan una prioridad a este tema, porque hemos tenido muchos casos de abuso policial. Desde nuestra institucionalidad, no hemos tenido la posibilidad de regular la formación policial, de mejorar los contenidos, de incorporar estándares de DD.HH. al interior de Carabineros y de tener claridad sobre los procedimientos de formación, de cosas técnicas, como la equipación que el Estado le compra a Carabineros. Entonces hay una serie de zonas oscuras”, dijo.
Martín Pascual, miembro del directorio de Acción A.G. y Cenda, estuvo a cargo de la presentación del capítulo sobre derechos económicos, sociales y culturales en Chile.
En ese sentido, destacó el problema de la precarización laboral: “Los empleos que se están creando no son estables, que tengan un contrato, entonces hay un porcentaje muy alto, un 26 por ciento, que corresponde a trabajos por obra y faena. Y una cifra cercana al 50 por ciento de los nuevos empleos son trabajadores que trabajan en empresas subcontratistas. Eso significa que son trabajadores que se salen de los promedios salariales y ganan bastante menos”, indicó.
Pascual añadió que esta situación genera nuevas desigualdades y advirtió que, si bien es cierto que han aumentado las remuneraciones, estos ascensos se refieren principalmente a los sueldos de los empleadores.
En el ámbito educacional, tampoco se aprecian mayores cambios. Según René Varas, del Foro Nacional por la Educación, el sistema “sigue concebido como una mercancía, ajeno a toda noción de derecho, y caracterizado por prácticas discriminatorias institucionalizadas en todos los niveles.
Suscriben el Informe y son responsables de su redacción: ACCIÓN A.G., ACHNU, Asesorías Ciudadanas, Cenda, Chile Sustentable, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas, Foro Nacional por la Educación, Movilh, Observatorio Ciudadano, ONG CEC (Programa Personas Mayores) y Terram.
