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Observatorio Ciudadano Mexicano: “Además de propuestas en seguridad debemos erradicar la violencia contra la mujer”

¿Fin a la impunidad? Eso se pregunta la doctora María Guadalupe Ramos, abogada e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio México, en el marco de su visita a Chile para participar en la Cumbre Celac-UE. El organismo se formó en 2007 para monitorear los numerosos casos de mujeres asesinadas en ese país y para entregar mecanismos civiles de prevención y erradicación.

Diana Porras

  Domingo 27 de enero 2013 10:03 hrs. 
guadalupe ramos

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Las distintas organizaciones que analizan y trabajan en torno al femicidio advierten que la sociedad  debe entender que no son casos aislados, sino que un trato “sistemático” hacia este género que no ha sido superado.

Un “corredor de la muerte”  se observa en varios países de la región para muchas mujeres.  Esto ha obligado, hace décadas, a realizar intensas gestiones a todo nivel, que  buscan concretar políticas públicas efectivas y  cambios legales para obligar a las naciones a cumplir con tratados internacionales de derechos humanos.

Guadalupe Ramos advierte que en México la violencia contra la mujer es un asunto cotidiano como lo muestra el caso paradigmático de Ciudad de Juárez.

En el caso conocido como  “campo algodonero”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 16 de noviembre de 2009 emite una sentencia contra el Estado mexicano señalando entre otra cosas, que incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en perjuicio de Claudia Ivette González (20 años), Laura Berenice Ramos Monárrez (17 años) y Esmeralda Herrera Monreal (15 años) .

Guadalupe Ramos, también integrante del Comité  de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la mujer,  forma parte de un equipo que tiene esperanzas en que esta Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE) decida sobre la creación de un “Diálogo Bi-Regional sobre género” que incluirá la lucha contra la violencia.

Guadalupe Ramos conversó con Radio Universidad de Chile sobre esta nueva propuesta y su experiencia en México.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio  cumple cinco años, ¿cuál es el balance?
El aporte del Observatorio ha sido fundamental porque ahora a 5 años de distancia se constituye en un referente nacional para elevar los datos y las cifras más exactas acerca del feminicidio en México. El Observatorio está formado por más de 40 organizaciones en 20 estados del país. Esto nos permite tener una visión nacional y hasta regional porque hace dos años conformamos también una misión internacional México-Centroamérica para visibilizar el problema del feminicidio. La experiencia común se enmarca en una impunidad ante estos casos.

¿En qué momento se encuentra México ante el tema de la violencia hacia la mujer?
Desafortunadamente se ha dado un incremento en la violencia contra las mujeres. Y esto lo enmarcamos en un contexto de violencia generalizada, es decir, hay un aumento de violencia en general en el país que esta situado en esta llamada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”  (citando al ex presidente Felipe Calderón). Esta “guerra” ha cobrado más de 60 mil muertes, entre ellas  muchas mujeres. Los niños, niñas y mujeres han sido las víctimas no deseadas de esta guerra porque nos han invitado, no queremos estar y sin embargo estamos ahí.

En el Observatorio hemos enmarcado nuestro trabajo en tres puntos fundamentales. Uno tiene relación con la revisión de las estadísticas y, a partir de eso generamos un proceso de campaña  denominado por la tipificación adecuada del feminicidio. Porque queríamos una tipificación, pero adecuada. Es decir, generar tipos penales que fueran objetivos y de fácil acreditación.

Y por otro lado, hacemos un análisis muy amplio sobre el acceso de las mujeres y de sus familias a la justicia. No solo ver a las mujeres como víctimas sino considerar a sus cercanos  como afectados (hijos, hijas, familiares).

Y como parte de este proceso, también tenemos una campaña nacional por la debida implementación de las órdenes de protección. Estas son medidas que se han establecido por la promulgación de la “ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres”. Son acciones preventivas que se tienen que tomar y sin embargo vemos que no se aplican o se aplican inadecuadamente. En esta campaña nacional estamos pidiendo, entre otros temas, la aprobación de los centros integrales de justicia para las mujeres.

¿Cómo ha sido el proceso legal en México ante la tipificación de este delito?
A partir de diciembre de 2010 y hasta la fecha se han tipificado en el país 21 Estados de la República y todos de manera diferente. México es un país federado y cada Estado tiene la soberanía de emitir sus propios ordenamientos legales.

En ese sentido, se han generado situaciones que responden a la figura de “agravio comparado” donde existen  mexicanas de primera y de segunda clase. Este agravio consiste en que una mujer en una parte del país puede tener menores o mayores derechos que en otra zona.  En este caso, se pueden generar controversias jurídicas porque pueden decir porque tengo acceso a la justicia en un Estado y no en otro.

Por ejemplo, Chihuahua es uno de los Estados donde no se ha tipificado el feminicidio. Aunque se   incrementaron las penas (esta medida igualmente generó controversia),   no ha querido tipificar y eso es contradictorio ante los otros 21 Estados que sí lo hicieron.

El Observatorio ha advertido sobre posibles aprovechamientos políticos en medio de los cambios legales, ¿cuál  ha sido el riesgo de este escenario?
Nosotros lo denunciamos porque desafortunadamente este tema de la tipificación del feminicidio tuvo un manejo político sobre todo previo al proceso electoral. En ese entonces era precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el actual presidente electo, Enrique Peña Nieto. En el Estado de México se dio a conocer, por parte del Observatorio,  la alta cifra de mujeres asesinadas y la impunidad que reinaba en estos casos. A nivel nacional ocupaba el primer lugar, incluso  superaba a  Ciudad Juárez.

Dar a conoce esto en la zona del precandidato que tenía grandes aspiraciones de victoria, fue difícil. El sector de Peña Nieto negó estas cifras, pero aseguraron que estarían atentos y sensibles a este problema por eso  tipificarían el feminicidio. El problema es que lo hicieron mal, de tal manera que el tipo penal es de difícil acreditación. Es más fácil para la autoridad decir que estos casos son pocos apoyándose en una tipificación compleja.

Fue una coyuntura especial porque generó una respuesta en el resto del país, permitió entrar en la discusión y  lograr cambios efectivos.

¿Este tema está considerado debidamente en el discurso oficial?
Nosotros esperamos que exista una preocupación desde las nuevas autoridades tanto a nivel federal como en los Estados. Estos últimos seis años lo que nos han dejado es más violencia, más muertes y femicidios.

También hay que tener en cuenta a los Estados que se han militarizado como es el caso de Chihuahua. En estos lugares donde se mandó al Ejército buscando generar mejores condiciones de seguridad,  finalmente aumentaron los espacios de violaciones de derechos humanos contra las mujeres con ataques sexuales.

Así como (Peña Nieto) está haciendo propuestas para abordar la seguridad también ojalá se den en el tema de las mujeres. Desde que se visibiliza el caso de Juárez, México  se ha mantenido en la mira internacional. A más de 15 años del caso,  hay una sentencia contra el Estado conocida como campo algodonero y es fundamental porque no solo tiene efecto en México sino en toda la región. Establece protocolos, lineamientos que los Estados deben implementar. Lo fundamental es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Este fin de semana está en desarrollo la Cumbre Celac-UE en Santiago, ¿se han dado espacios de diálogo con diversos actores?
Participamos en una reunión con los parlamentarios de la UE- Eurolat con la sociedad civil. Fijamos un tema que nos interesa que es la violencia y el feminicidio. Hemos encontrado en esta apertura algunos resultados. Haremos llegar una propuesta a la Cumbre para que este “Diálogo Bi-Regional” pueda asumir también acciones Bi-Regionales. Esas acciones deben ser conjuntas, estandarizadas  y que permitan el cumplimiento de  normas ante el derecho internacional.

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