Fue el aspecto que adquirió mayor relevancia durante el segundo semestre del año pasado, conforme se conocían las enormes utilidades de las isapres: las suspicacias que genera su participación en gran parte de la oferta de prestadores de salud y la judicialización de las alzas unilaterales en los planes.
Casi la mitad de las clínicas de nuestro país es de propiedad de alguna aseguradora, lo que se conoce como “integración vertical” o “integración triangular”, según indicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en referencia a que son los dueños y no las isapres las que intervienen de este negocio.
Ante esto, un grupo de parlamentarios de oposición presentó un proyecto de ley que regula este ámbito y que será discutido, según se comprometió el Gobierno, junto con el mensaje presidencial que establece un IPC de la salud y un Plan Garantizado.
Para el diputado UDI Javier Macaya, el tema es fácil de resolver: “En la medida que se justifique y que los precios cobrados sean de mercado, no hay inconvenientes”, afirmó.
“Integrar verticalmente no es ilegítimo en sí. De hecho, prohibirlo atentaría contra el derecho a la propiedad y es inconstitucional. Lo que sí es importante es que los entes reguladores de la competencia del mercado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, tengan las herramientas para revisar y verificar si se está alterando el mercado, cobrando un precio distinto al que se cobraría si no estuvieran integrados verticalmente. Creo que la clave está más en eso que en prohibirlo, porque sería peor el remedio que la enfermedad”, explicó.
Por su parte, el senador PPD Guido Girardi señaló que se debe modificar esta integración vertical de manera urgente, ya que, además de mejorar el sistema de atención privado de salud, se aseguraría mayor transparencia.
“Vemos que hay un aumento desmedido de los planes de salud y la modificación unilateral de contrato, sin que esto tenga que ver con un aumento real del costo de las prestaciones, de los insumos y medicamentos. Nosotros hemos planteado la idea de un IPC de la salud. Esto se podría haber alterado porque las isapres podrían, para aumentar el costo de los planes, aumentar el costo de las prestaciones, si al mismo tiempo son dueños de los prestadores. A nosotros nos parece que una función es ser un seguro y otra es ser un prestador”, indicó.
Sobre este tema, conocida es ya la opinión del director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien ha afirmado reiteradamente que los modelos integrados han dado muestras de eficiencia en el mundo.
Sin embargo, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Cecilia Sepúlveda, señaló que este modelo es perjudicial para los usuarios: “Es una situación que la ley prohíbe, pero que el sector privado ha ido sorteando a través de holdings, sin respetar el espíritu de la norma, entonces las Isapres envían a sus clientes a prestadores de los cuales ellos mismos son dueños. Eso tiene que regularse y también está el tema de los precios de las prestaciones de salud, que hoy son fijados por las clínicas e Isapres que tienen un mismo dueño”, afirmó.
Tanto el diputado Javier Macaya como el senador Guido Girardi, ambos integrantes de las comisiones de Salud de sus respectivas cámaras, concordaron en la necesidad de modificar el modelo, ya sea regulándolo o reformándolo.
En todo caso, cualquier debate legislativo no se dará antes de marzo, fecha en la que se retoma la actividad parlamentaria.
Fue el aspecto que adquirió mayor relevancia durante el segundo semestre del año pasado, conforme se conocían las enormes utilidades de las isapres: las suspicacias que genera su participación en gran parte de la oferta de prestadores de salud y la judicialización de las alzas unilaterales en los planes.
Casi la mitad de las clínicas de nuestro país es de propiedad de alguna aseguradora, lo que se conoce como “integración vertical” o “integración triangular”, según indicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en referencia a que son los dueños y no las isapres las que intervienen de este negocio.
Ante esto, un grupo de parlamentarios de oposición presentó un proyecto de ley que regula este ámbito y que será discutido, según se comprometió el Gobierno, junto con el mensaje presidencial que establece un IPC de la salud y un Plan Garantizado.
Para el diputado UDI Javier Macaya, el tema es fácil de resolver: “En la medida que se justifique y que los precios cobrados sean de mercado, no hay inconvenientes”, afirmó.
“Integrar verticalmente no es ilegítimo en sí. De hecho, prohibirlo atentaría contra el derecho a la propiedad y es inconstitucional. Lo que sí es importante es que los entes reguladores de la competencia del mercado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, tengan las herramientas para revisar y verificar si se está alterando el mercado, cobrando un precio distinto al que se cobraría si no estuvieran integrados verticalmente. Creo que la clave está más en eso que en prohibirlo, porque sería peor el remedio que la enfermedad”, explicó.
Por su parte, el senador PPD Guido Girardi señaló que se debe modificar esta integración vertical de manera urgente, ya que, además de mejorar el sistema de atención privado de salud, se aseguraría mayor transparencia.
“Vemos que hay un aumento desmedido de los planes de salud y la modificación unilateral de contrato, sin que esto tenga que ver con un aumento real del costo de las prestaciones, de los insumos y medicamentos. Nosotros hemos planteado la idea de un IPC de la salud. Esto se podría haber alterado porque las isapres podrían, para aumentar el costo de los planes, aumentar el costo de las prestaciones, si al mismo tiempo son dueños de los prestadores. A nosotros nos parece que una función es ser un seguro y otra es ser un prestador”, indicó.
Sobre este tema, conocida es ya la opinión del director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien ha afirmado reiteradamente que los modelos integrados han dado muestras de eficiencia en el mundo.
Sin embargo, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Cecilia Sepúlveda, señaló que este modelo es perjudicial para los usuarios: “Es una situación que la ley prohíbe, pero que el sector privado ha ido sorteando a través de holdings, sin respetar el espíritu de la norma, entonces las Isapres envían a sus clientes a prestadores de los cuales ellos mismos son dueños. Eso tiene que regularse y también está el tema de los precios de las prestaciones de salud, que hoy son fijados por las clínicas e Isapres que tienen un mismo dueño”, afirmó.
Tanto el diputado Javier Macaya como el senador Guido Girardi, ambos integrantes de las comisiones de Salud de sus respectivas cámaras, concordaron en la necesidad de modificar el modelo, ya sea regulándolo o reformándolo.
En todo caso, cualquier debate legislativo no se dará antes de marzo, fecha en la que se retoma la actividad parlamentaria.
Fue el aspecto que adquirió mayor relevancia durante el segundo semestre del año pasado, conforme se conocían las enormes utilidades de las isapres: las suspicacias que genera su participación en gran parte de la oferta de prestadores de salud y la judicialización de las alzas unilaterales en los planes.
Casi la mitad de las clínicas de nuestro país es de propiedad de alguna aseguradora, lo que se conoce como “integración vertical” o “integración triangular”, según indicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en referencia a que son los dueños y no las isapres las que intervienen de este negocio.
Ante esto, un grupo de parlamentarios de oposición presentó un proyecto de ley que regula este ámbito y que será discutido, según se comprometió el Gobierno, junto con el mensaje presidencial que establece un IPC de la salud y un Plan Garantizado.
Para el diputado UDI Javier Macaya, el tema es fácil de resolver: “En la medida que se justifique y que los precios cobrados sean de mercado, no hay inconvenientes”, afirmó.
“Integrar verticalmente no es ilegítimo en sí. De hecho, prohibirlo atentaría contra el derecho a la propiedad y es inconstitucional. Lo que sí es importante es que los entes reguladores de la competencia del mercado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, tengan las herramientas para revisar y verificar si se está alterando el mercado, cobrando un precio distinto al que se cobraría si no estuvieran integrados verticalmente. Creo que la clave está más en eso que en prohibirlo, porque sería peor el remedio que la enfermedad”, explicó.
Por su parte, el senador PPD Guido Girardi señaló que se debe modificar esta integración vertical de manera urgente, ya que, además de mejorar el sistema de atención privado de salud, se aseguraría mayor transparencia.
“Vemos que hay un aumento desmedido de los planes de salud y la modificación unilateral de contrato, sin que esto tenga que ver con un aumento real del costo de las prestaciones, de los insumos y medicamentos. Nosotros hemos planteado la idea de un IPC de la salud. Esto se podría haber alterado porque las isapres podrían, para aumentar el costo de los planes, aumentar el costo de las prestaciones, si al mismo tiempo son dueños de los prestadores. A nosotros nos parece que una función es ser un seguro y otra es ser un prestador”, indicó.
Sobre este tema, conocida es ya la opinión del director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien ha afirmado reiteradamente que los modelos integrados han dado muestras de eficiencia en el mundo.
Sin embargo, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Cecilia Sepúlveda, señaló que este modelo es perjudicial para los usuarios: “Es una situación que la ley prohíbe, pero que el sector privado ha ido sorteando a través de holdings, sin respetar el espíritu de la norma, entonces las Isapres envían a sus clientes a prestadores de los cuales ellos mismos son dueños. Eso tiene que regularse y también está el tema de los precios de las prestaciones de salud, que hoy son fijados por las clínicas e Isapres que tienen un mismo dueño”, afirmó.
Tanto el diputado Javier Macaya como el senador Guido Girardi, ambos integrantes de las comisiones de Salud de sus respectivas cámaras, concordaron en la necesidad de modificar el modelo, ya sea regulándolo o reformándolo.
En todo caso, cualquier debate legislativo no se dará antes de marzo, fecha en la que se retoma la actividad parlamentaria.
