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Año XII, 28 de noviembre de 2020

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“Colusión tácita” de las Isapres ahora en la mira de la Fiscalía Económica

La entidad ordenó un estudio que, entre sus conclusiones, señala que con este mecanismo existe un riesgo de "colusión tácita". En tanto, el Senado retomará en marzo la tramitación del proyecto de ley de Isapres con este tema como uno de sus puntos de discusión más complejos. Parlamentarios y organizaciones preparan acciones para regular la práctica que" vulnera el espíritu de la ley", según admiten desde el mismo Gobierno.

Rodrigo Alarcón L.

  Lunes 28 de enero 2013 19:21 hrs. 
Radio-Uchile



Continúan los cuestionamientos al sistema privado de salud, debate que se intensificará en marzo cuando el Senado retome la tramitación del proyecto de ley de Isapres.

Uno de los puntos que genera discusión es la integración vertical o “triangular”, como la ha llamado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, debido a que los propietarios de Isapres tienen participación también en casi la mitad de las clínicas privadas que existen en el país.

La práctica no violaría la ley, puesto que ella prohíbe que sean las mismas Isapres las que tengan participación en centros que realizan prestaciones de salud, pero sí vulneraría su “espíritu”, según Mañalich.

Esto, teniendo en cuenta también un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que hizo críticas a la estructura de propiedad de las aseguradoras y sus vínculos con las clínicas.

Entre sus recomendaciones, el documento señala que a pesar de las “eficiencias” que pueden obtenerse con la integración vertical, como el ahorro de costos de transacción, “no es evidente que dichas eficiencias superen los riesgos asociados, máxime cuando existen mecanismos alternativos, menos lesivos, para obtener objetivos semejantes”. Esta ha sido, justamente, una de las ventajas a las que ha aludido el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, para defender la integración vertical.

Más aun, la FNE señala que “la existencia de propiedad común puede generar tendencias a la sobrehospitalización, toda vez que la rentabilidad de los prestadores hospitalarios privados está asociada a las tasas de ocupación de las instalaciones, lo que incluso ha sido reconocido por los grupos empresariales”.

Además, el informe indica que la estructura de propiedad debe someterse a un “minucioso análisis”, considerando que “la influencia de la Isapre en la elección del consumidor puede generar cierta cautividad del mismo, quien verá severamente limitadas sus posibilidades de elección, sin beneficios evidentes”.

“Mención adicional merece el riesgo de colusión tácita que este esquema genera, toda vez que el seguro negocia precios y condiciones con prestadores que compiten (potencialmente) con su prestador relacionado”, agrega.

Matías Goyenechea, de la organización Salud un Derecho, sostuvo que esto se traduce en que “como dueño de una de estas entidades puedo dirigir la oferta, en el sentido de que a través de los planes fijo prestadores preferenciales, planes de atención cerrados. Eso hace que la plata termine gastándose en mis propias clínicas. Desde el punto de vista del negocio es fantástico, porque la plata queda en la misma persona. Los costos de la isapre van a ser las ganancias de la clínica y ambas son del mismo dueño”.

El representante de la ONG admitió que, como ha argumentado la Asociación de Isapres, efectivamente no existe prohibición para que sus dueños tengan participación en clínicas.

Sin embargo, señaló consideró que el tema se debe analizar “desde el punto de vista de los efectos que produce: posibles mermas de calidad en la atención de los pacientes privados y pérdida de su derecho a elegir donde atenderse. Y por otro lado, genera un efecto perverso sobre todo el sistema de salud, al concentrar el gasto en una población reducida y sacando utilidades gigantescas, que es un gasto para la sociedad que no termina beneficiando al conjunto de ella desde el punto de vista sanitario”.

“Más allá de lo legal y de que una persona pueda tener efectivamente la libertad de invertir, esto se contradice con el derecho a la salud”, agregó.

En este escenario, el senador socialista Fulvio Rossi pidió a la FNE que investigue las eventuales distorsiones económicas en el sector, además de presentar un proyecto de ley que prohíbe la integración vertical entre Isapres y prestadores.

Mientras, la bancada de diputados DC insistirá con una indicación presentada durante la fallida tramitación de la Ley de Isapres en la Cámara, y que también pedía el término de este mecanismo para reforzar la prohibición que ya se encuentra en la ley.

El diputado Ricardo Rincón advirtió que “vamos a insistir desde la Cámara, desde la bancada de la DC, a nuestros senadores, que constituyen la bancada más grande del Senado, para que esto sea un tema de debate y se asuma como tal, porque no es sino exigir, a propósito de un debate legislativo, el cumplimiento de leyes vigentes. De lo contrario, ¿de qué sirve que estemos legislando si la ley que ya está vigente, que establece una prohibición de la integración vertical, no se cumple?”.

Cabe recordar que luego de ser rechazado en la Cámara de Diputados, el proyecto será retomado por el Senado en marzo, cuando se reinicie el trabajo legislativo.