El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, publicó este martes una columna en el diario El Mercurio en que aseguró que su patrimonio familiar, informado a la Contraloría y al propio organismo fiscalizador como es debido, “no es obstáculo” para ejercer su cargo “con absoluta independencia y libertad, respetando en todo momento la legalidad vigente”.
Esto, luego que se revelara que recibe 22 millones de pesos mensuales por parte de Cencosud, según está establecido en un contrato de arriendo que una sociedad familiar de la que participa mantiene vigente desde 2001 con el holding de Horst Paulmann, por el terreno donde se emplaza el mall Portal La Reina.
“Pretender vincular el contrato de arriendo de un sitio familiar a valor de mercado por parte de una sociedad informada a Contraloría, suscrito hace más de doce años, con vencimiento el 2033, y sin ninguna relación directa o indirecta con otras materias, constituye un acto de mala fe”, agregó el personero en su escrito.
Cabe recordar que Pereira comenzó a ser cuestionado por la condonación de 119 millones de dólares en multas e intereses que el SII otorgó a la multitienda Johnson’s, lo cual evitó su quiebra y permitió que ésta fuera adquirida precisamente por Cencosud.
El caso provocó que la Contraloría General de la República iniciara un sumario administrativo para determinar si hubo irregularidades en el llamado “perdonazo”.
En este escenario, el presidente de la comisión investigadora del caso Johnson’s, el diputado DC Fuad Chahín, sostuvo que Pereira “se equivoca” en su defensa, puesto que confundió sus intereses con su labor pública, y señaló que la única salida para resolver el caso es que renuncie.
En esa línea, el parlamentario rechazó además las acusaciones de mala fe: “El que ha actuado de mala fe es él, ocultando este contrato y tratando de desligar su responsabilidad, atribuyéndosela a los funcionarios de carrera, sin asumir que es verdad lo que éstos dijeron y lo que consta en correos electrónicos. Y lo que él mismo tuvo que terminar reconociendo: que él tomó la decisión de condonar a la multitienda Johnson’s. En definitiva, él ha actuado de mala fe en este caso y ha confundido sus intereses particulares con el ejercicio de su función pública”, dijo.
Por el contrario, el diputado UDI Javier Macaya, también integrante de la comisión, defendió al cuestionado director de la entidad, quien ha sido -aseguró- víctima de una “carnicería política”.
“Yo creo que es de mala fe vincular que el director del SII, en el ámbito de sus actividades privadas, tenga una participación en una sociedad que recibe rentas de una empresa que tampoco fue directamente beneficiada por la condonación, sino que adquirió la propiedad de la empresa Johnson’s con posterioridad”, afirmó.
Para Macaya, “este tema ha terminado afectando fuertemente la imagen del director del SII, pero más todavía la del mismo servicio. La politización y la intervención absolutamente desmedida del diputado Chahín han generado que este caso tenga una arista que, espero, sea resuelta en forma favorable por la justicia y la Contraloría”.
El informe de la comisión investigadora concluyó que tanto Julio Pereira como el subdirector jurídico del servicio, Mario Vila, tuvieron participación activa en el caso. El documento debe ser votado por la sala de la Cámara en marzo, luego de varios aplazamientos.
“¿Qué tiene que esperar el Gobierno, que se encuentre otro contrato?”
Las voces que exigen la renuncia, sin embargo, se escuchan en el mismo servicio, ya que la Asociación de Funcionarios pidió a las autoridades que Pereira no continúe en su cargo.
A esto se sumó la Asociación de Fiscalizadores, cuyo presidente, Juan Apablaza, insistió en que hubo conflicto de interés en la condonación a Johnson’s y recordó que una consulta interna entre los trabajadores determinó que una amplia mayoría se manifestó a favor de la dimisión: “Eso es lo que la gente está esperando en Impuestos Internos, porque ya no podemos seguir cayendo en imagen pública, eso perjudica a los funcionarios y perjudica la legitimidad que tenemos”.
En esa línea, Apablaza aludió a otros funcionarios que han terminado dejando sus cargos por casos similares, como el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, vinculado con el ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz, y el escándalo que afecta a esa entidad.
“¿Qué tiene que esperar el Gobierno, que se encuentre otro contrato por ahí que lo vincule a conflictos de interés? Creo que hay que tomar una resolución, porque esto no tiene arreglo, nunca se había visto y no tiene parangón. Incluso, por cosas menores, otras personas se han ido de las carteras de Gobierno. La única salida para limpiar la imagen es que el director y el subdirector, Mario Vila, renuncien”, afirmó.
Dudas en La Moneda
Luego de finalizada la cumbre de la Celac, el caso volvió con fuerza a ocupar la atención del Gobierno, que intentó defender a Pereira.
El ministro de Hacienda (s), Julio Dittborn, señaló por la mañana que el director del SII cumplió con la normativa al informar el contrato en su declaración de intereses y que “el Gobierno no está evaluando la permanencia del señor Pereira”.
“El señor Pereira ha cumplido con todo lo que la ley le exigió cumplir y, por lo tanto, su cargo no está en tela de juicio”, afirmó.
Esto se contradice con lo señalado el lunes por la misma vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. Aun cuando también defendió la legalidad de la situación, la ministra dijo que “el Presidente siempre evalúa a cada uno de sus funcionarios, sobre todo cuando surgen este tipo de temas, y yo creo que se está viendo”.
Hoy, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también salió a enfrentar el tema y aseguró que éste “no está cerrado”.
“Estamos esperando el informe de la Contraloría y ahí el Gobierno se pronunciará al respecto”, dijo el secretario de Estado, quien señaló que también se aguarda por el pronunciamiento de la Cámara de Diputados.
“Con tranquilidad esperemos que las instituciones funcionen y ahí el Gobierno tomará sus decisiones”, añadió.