Contraloría invalida nombramientos en Subsecretaría de FF.AA. por favorecer a personas afines a las autoridades
El organismo impugnó la designación de 13 jefes de departamentos argumentando que se impusieron condiciones adicionales para "obtener la nominación de personas determinadas", además de cuestionar faltas a la probidad en el proceso. Desde el Parlamento ya adelantan que pedirán explicaciones al ministro Rodrigo Hinzpeter y al subsecretario Alfonso Vargas.
Martes 5 de febrero 2013 16:28 hrs.
Los nombramientos en diversas jefaturas de departamento de la subsecretaría dirigida por Alfonso Vargas fueron impugnados por una presentación de la Federación de Funcionarios del Ministerio de Defensa, la que fue acogida por la Contraloría.
La organización aseguró que las designaciones no se ajustaron al artículo 8 de la ley 18.834, que establece que los postulantes deben provenir de la administración pública. En cambio, la subsecretaría utilizó el artículo 14 del estatuto administrativo argumentando que al tratarse de cargos nuevos, el procedimiento debía ser por concurso público.
Reinaldo Rosales, dirigente de la Federación de Funcionarios del Ministerio de Defensa, explicó que “lo que planteamos es que el concurso debió hacerse en razón al artículo 8 del estatuto administrativo, debió ser para las personas que vienen de la administración pública y pertenecen a la institución, en primera instancia. Así lo establece el artículo 8 y debiesen ser todos los concursos públicos. Ellos lo hicieron por el artículo 14 y tienen sus argumentos. Nosotros lo conversamos con ellos previo a que enviáramos la presentación a la Contraloría, dijeron que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer y eso fue lo que hicimos”.
De acuerdo al dirigente, las autoridades de la subsecretaría utilizaron “un resquicio” para poder designar a personas que no pertenecían a la institución: “Mientras no existían jefes departamentales se contrató a gente de afuera como suplentes y, al momento de hacer el concurso, esta gente pertenecía igualmente a la subsecretaría”, indicó.
En un documento de cuatro páginas, el contralor Ramiro Mendoza dio la razón a los trabajadores señalando que se debió privilegiar el artículo 8.
Además, sostuvo que se establecieron requisitos adicionales y se ponderaron en forma arbitraria algunos factores y subfactores, excluyendo de este modo a personas que solamente cumplían con las exigencias legales. “Dado que en la mayoría de las plazas fueron seleccionados quienes las servían como suplentes, permiten suponer que aquellas fueron dirigidas a obtener la nominación de personas determinadas”, afirma el dictamen.
Asimismo, la Contraloría cuestionó que el jefe de la División de Presupuestos y Finanzas, Gustavo Arcaya, fuera el nexo con la consultora que asesoró el concurso e integrara el comité de selección. No solo eso: entre los elegidos hubo dos personas que se desempeñaban como suplentes y que ya habían trabajado junto al mismo funcionario en la municipalidad de Papudo.
De acuerdo al organismo fiscalizador, esto contraviene el principio de probidad administrativa y afecta la transparencia del proceso, por lo que Gustavo Arcaya debió inhabilitarse.
Finalmente, la Contraloría subraya que debió ser el ministro Rodrigo Hinzpeter quien firmara las resoluciones con los nombramientos y no el subsecretario Alfonso Vargas, como efectivamente ocurrió.
Así, la entidad consideró que las designaciones “no se han ajustado a derecho” y que los documentos “no fueron emitidos por la autoridad competente”.
En este escenario, el diputado Jorge Tarud, integrante de la comisión de Defensa de la Cámara, adelantó que citarán al ministro Hinzpeter y al subsecretario Vargas para que expliquen lo sucedido: “Es un tema al cual tiene que abocarse la comisión. Estamos en receso en febrero, pero vamos a citar al ministro y al subsecretario para que nos den informaciones claras al respecto. Es condenable que se privilegien en forma partidaria o amiguista los concursos públicos. Por lo tanto, queremos una explicación clara. No teníamos estos antecedentes, pero si ha emanado de la Contraloría General de la República, es un hecho bastante serio al que tenemos que abocarnos”, advirtió.
La subsecretaría respondió al dictamen con un extenso oficio en que se rebaten los argumentos de la Contraloría y afirma que las designaciones “se ajustan a derecho” y que las “supuestas ilegalidades” corresponden a un “equívoco entendimiento” de cómo opera la norma.
Del mismo modo, la cartera pide que se reconsidere la determinación, ya que invalidar los nombramientos sería “un duro traspié al afán modernizador del sector, comprometiendo su eficacia y eficiencia”.
Además, indica el documento, “constituiría la frustración de las carreras profesionales de los trece jefes de departamentos que en la actualidad se desempeñan en sus cargos, en la confianza y el convencimiento de que sus nombramientos se ajustaron a derecho”.
Los nombramientos en diversas jefaturas de departamento de la subsecretaría dirigida por Alfonso Vargas fueron impugnados por una presentación de la Federación de Funcionarios del Ministerio de Defensa, la que fue acogida por la Contraloría.
La organización aseguró que las designaciones no se ajustaron al artículo 8 de la ley 18.834, que establece que los postulantes deben provenir de la administración pública. En cambio, la subsecretaría utilizó el artículo 14 del estatuto administrativo argumentando que al tratarse de cargos nuevos, el procedimiento debía ser por concurso público.
Reinaldo Rosales, dirigente de la Federación de Funcionarios del Ministerio de Defensa, explicó que “lo que planteamos es que el concurso debió hacerse en razón al artículo 8 del estatuto administrativo, debió ser para las personas que vienen de la administración pública y pertenecen a la institución, en primera instancia. Así lo establece el artículo 8 y debiesen ser todos los concursos públicos. Ellos lo hicieron por el artículo 14 y tienen sus argumentos. Nosotros lo conversamos con ellos previo a que enviáramos la presentación a la Contraloría, dijeron que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer y eso fue lo que hicimos”.
De acuerdo al dirigente, las autoridades de la subsecretaría utilizaron “un resquicio” para poder designar a personas que no pertenecían a la institución: “Mientras no existían jefes departamentales se contrató a gente de afuera como suplentes y, al momento de hacer el concurso, esta gente pertenecía igualmente a la subsecretaría”, indicó.
En un documento de cuatro páginas, el contralor Ramiro Mendoza dio la razón a los trabajadores señalando que se debió privilegiar el artículo 8.
Además, sostuvo que se establecieron requisitos adicionales y se ponderaron en forma arbitraria algunos factores y subfactores, excluyendo de este modo a personas que solamente cumplían con las exigencias legales. “Dado que en la mayoría de las plazas fueron seleccionados quienes las servían como suplentes, permiten suponer que aquellas fueron dirigidas a obtener la nominación de personas determinadas”, afirma el dictamen.
Asimismo, la Contraloría cuestionó que el jefe de la División de Presupuestos y Finanzas, Gustavo Arcaya, fuera el nexo con la consultora que asesoró el concurso e integrara el comité de selección. No solo eso: entre los elegidos hubo dos personas que se desempeñaban como suplentes y que ya habían trabajado junto al mismo funcionario en la municipalidad de Papudo.
De acuerdo al organismo fiscalizador, esto contraviene el principio de probidad administrativa y afecta la transparencia del proceso, por lo que Gustavo Arcaya debió inhabilitarse.
Finalmente, la Contraloría subraya que debió ser el ministro Rodrigo Hinzpeter quien firmara las resoluciones con los nombramientos y no el subsecretario Alfonso Vargas, como efectivamente ocurrió.
Así, la entidad consideró que las designaciones “no se han ajustado a derecho” y que los documentos “no fueron emitidos por la autoridad competente”.
En este escenario, el diputado Jorge Tarud, integrante de la comisión de Defensa de la Cámara, adelantó que citarán al ministro Hinzpeter y al subsecretario Vargas para que expliquen lo sucedido: “Es un tema al cual tiene que abocarse la comisión. Estamos en receso en febrero, pero vamos a citar al ministro y al subsecretario para que nos den informaciones claras al respecto. Es condenable que se privilegien en forma partidaria o amiguista los concursos públicos. Por lo tanto, queremos una explicación clara. No teníamos estos antecedentes, pero si ha emanado de la Contraloría General de la República, es un hecho bastante serio al que tenemos que abocarnos”, advirtió.
La subsecretaría respondió al dictamen con un extenso oficio en que se rebaten los argumentos de la Contraloría y afirma que las designaciones “se ajustan a derecho” y que las “supuestas ilegalidades” corresponden a un “equívoco entendimiento” de cómo opera la norma.
Del mismo modo, la cartera pide que se reconsidere la determinación, ya que invalidar los nombramientos sería “un duro traspié al afán modernizador del sector, comprometiendo su eficacia y eficiencia”.
Además, indica el documento, “constituiría la frustración de las carreras profesionales de los trece jefes de departamentos que en la actualidad se desempeñan en sus cargos, en la confianza y el convencimiento de que sus nombramientos se ajustaron a derecho”.
Los nombramientos en diversas jefaturas de departamento de la subsecretaría dirigida por Alfonso Vargas fueron impugnados por una presentación de la Federación de Funcionarios del Ministerio de Defensa, la que fue acogida por la Contraloría.
La organización aseguró que las designaciones no se ajustaron al artículo 8 de la ley 18.834, que establece que los postulantes deben provenir de la administración pública. En cambio, la subsecretaría utilizó el artículo 14 del estatuto administrativo argumentando que al tratarse de cargos nuevos, el procedimiento debía ser por concurso público.
Reinaldo Rosales, dirigente de la Federación de Funcionarios del Ministerio de Defensa, explicó que “lo que planteamos es que el concurso debió hacerse en razón al artículo 8 del estatuto administrativo, debió ser para las personas que vienen de la administración pública y pertenecen a la institución, en primera instancia. Así lo establece el artículo 8 y debiesen ser todos los concursos públicos. Ellos lo hicieron por el artículo 14 y tienen sus argumentos. Nosotros lo conversamos con ellos previo a que enviáramos la presentación a la Contraloría, dijeron que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer y eso fue lo que hicimos”.
De acuerdo al dirigente, las autoridades de la subsecretaría utilizaron “un resquicio” para poder designar a personas que no pertenecían a la institución: “Mientras no existían jefes departamentales se contrató a gente de afuera como suplentes y, al momento de hacer el concurso, esta gente pertenecía igualmente a la subsecretaría”, indicó.
En un documento de cuatro páginas, el contralor Ramiro Mendoza dio la razón a los trabajadores señalando que se debió privilegiar el artículo 8.
Además, sostuvo que se establecieron requisitos adicionales y se ponderaron en forma arbitraria algunos factores y subfactores, excluyendo de este modo a personas que solamente cumplían con las exigencias legales. “Dado que en la mayoría de las plazas fueron seleccionados quienes las servían como suplentes, permiten suponer que aquellas fueron dirigidas a obtener la nominación de personas determinadas”, afirma el dictamen.
Asimismo, la Contraloría cuestionó que el jefe de la División de Presupuestos y Finanzas, Gustavo Arcaya, fuera el nexo con la consultora que asesoró el concurso e integrara el comité de selección. No solo eso: entre los elegidos hubo dos personas que se desempeñaban como suplentes y que ya habían trabajado junto al mismo funcionario en la municipalidad de Papudo.
De acuerdo al organismo fiscalizador, esto contraviene el principio de probidad administrativa y afecta la transparencia del proceso, por lo que Gustavo Arcaya debió inhabilitarse.
Finalmente, la Contraloría subraya que debió ser el ministro Rodrigo Hinzpeter quien firmara las resoluciones con los nombramientos y no el subsecretario Alfonso Vargas, como efectivamente ocurrió.
Así, la entidad consideró que las designaciones “no se han ajustado a derecho” y que los documentos “no fueron emitidos por la autoridad competente”.
En este escenario, el diputado Jorge Tarud, integrante de la comisión de Defensa de la Cámara, adelantó que citarán al ministro Hinzpeter y al subsecretario Vargas para que expliquen lo sucedido: “Es un tema al cual tiene que abocarse la comisión. Estamos en receso en febrero, pero vamos a citar al ministro y al subsecretario para que nos den informaciones claras al respecto. Es condenable que se privilegien en forma partidaria o amiguista los concursos públicos. Por lo tanto, queremos una explicación clara. No teníamos estos antecedentes, pero si ha emanado de la Contraloría General de la República, es un hecho bastante serio al que tenemos que abocarnos”, advirtió.
La subsecretaría respondió al dictamen con un extenso oficio en que se rebaten los argumentos de la Contraloría y afirma que las designaciones “se ajustan a derecho” y que las “supuestas ilegalidades” corresponden a un “equívoco entendimiento” de cómo opera la norma.
Del mismo modo, la cartera pide que se reconsidere la determinación, ya que invalidar los nombramientos sería “un duro traspié al afán modernizador del sector, comprometiendo su eficacia y eficiencia”.
Además, indica el documento, “constituiría la frustración de las carreras profesionales de los trece jefes de departamentos que en la actualidad se desempeñan en sus cargos, en la confianza y el convencimiento de que sus nombramientos se ajustaron a derecho”.
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