Terminada la investigación sumaria contra Aguas Andinas, por el corte de agua potable que afectó a 21 comunas en Santiago, la Superintendencia de Servicios Sanitarios definió los cargos por los cuales iniciará un procedimiento de sanción.
La empresa enfrenta acusaciones por: deficiencias en la calidad de servicio entregada a los usuarios; la actuación del prestador en la emergencia; la afectación a la generalidad de los usuarios y por infracciones cometidas por no acatamiento de obligaciones y plazos, así como de ordenes escritas y requerimientos fijados por la Superintendencia.
Esto puede derivar en una multa de hasta mil 150 UTA (550 millones de pesos), lo cual fue calificado como muy bajo por Raúl Andino, presidente de la Liga Ciudadana de Consumidores: “El tema que a mí me resalta es lo bajo del monto de las multas que se aplican, a pesar que no corresponde al daño causado, a los efectos. Queda de manifiesto un problema de regulación y las multas bajas incentivan a las empresas respecto a los consumidores. Si la sanción es baja las empresas no tienen razón para avisar con anticipación de estos cortes”.
El dirigente apuntó además en la permisividad de la fiscalización, que con una baja penalización no presiona a las empresas en mejorar el servicio y señaló que “lo que hemos mirado de mucho tiempo es cierta permisividad de instituciones como la Superintendencia respecto a estas empresas, lo que se traduce en un daño para los consumidores. La legislación no sólo debiera penar con multa estas actitudes, sino que las empresas deben estar obligadas a compensar económicamente a los clientes”.
El corte de agua potable se origina en la turbiedad que trajo consigo un par de aluviones en la zona del Alto Maipo, lugar estratégico para el abastecimiento del recurso hídrico en Santiago, donde se emplazaría el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Manuela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, también subrayó en la baja multa para una emergencia de esta magnitud.
“Creemos que el monto es escaso, considerando el perjuicio no sólo a las dos millones de personas sin agua, sino que teniendo en cuenta que significó la paralización de la capital del país por este corte”, señaló.
La dirigente cuestionó la poca inversión que existe desde las empresas sanitarias, lo que genera cierta vulnerabilidad en la entrega de servicios básicos en el país: “Entendemos que esta empresa tiene un volumen de ganancias importante, y la inversión que ellos hacen para mejorar el servicio e infraestructura en el Cajón del Maipo es mínima, y sin duda esta fragilidad quedó de manifiesto el día que tuvieron que cortar el agua potable a más de 21 comunas de la región Metropolitana”, dijo.
Aguas Andinas tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos, y la sanción final debería conocerse en un plazo no mayor a 3 meses, sin perjuicio que ésta pueda ser impugnada en los tribunales de Justicia.
Terminada la investigación sumaria contra Aguas Andinas, por el corte de agua potable que afectó a 21 comunas en Santiago, la Superintendencia de Servicios Sanitarios definió los cargos por los cuales iniciará un procedimiento de sanción.
La empresa enfrenta acusaciones por: deficiencias en la calidad de servicio entregada a los usuarios; la actuación del prestador en la emergencia; la afectación a la generalidad de los usuarios y por infracciones cometidas por no acatamiento de obligaciones y plazos, así como de ordenes escritas y requerimientos fijados por la Superintendencia.
Esto puede derivar en una multa de hasta mil 150 UTA (550 millones de pesos), lo cual fue calificado como muy bajo por Raúl Andino, presidente de la Liga Ciudadana de Consumidores: “El tema que a mí me resalta es lo bajo del monto de las multas que se aplican, a pesar que no corresponde al daño causado, a los efectos. Queda de manifiesto un problema de regulación y las multas bajas incentivan a las empresas respecto a los consumidores. Si la sanción es baja las empresas no tienen razón para avisar con anticipación de estos cortes”.
El dirigente apuntó además en la permisividad de la fiscalización, que con una baja penalización no presiona a las empresas en mejorar el servicio y señaló que “lo que hemos mirado de mucho tiempo es cierta permisividad de instituciones como la Superintendencia respecto a estas empresas, lo que se traduce en un daño para los consumidores. La legislación no sólo debiera penar con multa estas actitudes, sino que las empresas deben estar obligadas a compensar económicamente a los clientes”.
El corte de agua potable se origina en la turbiedad que trajo consigo un par de aluviones en la zona del Alto Maipo, lugar estratégico para el abastecimiento del recurso hídrico en Santiago, donde se emplazaría el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Manuela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, también subrayó en la baja multa para una emergencia de esta magnitud.
“Creemos que el monto es escaso, considerando el perjuicio no sólo a las dos millones de personas sin agua, sino que teniendo en cuenta que significó la paralización de la capital del país por este corte”, señaló.
La dirigente cuestionó la poca inversión que existe desde las empresas sanitarias, lo que genera cierta vulnerabilidad en la entrega de servicios básicos en el país: “Entendemos que esta empresa tiene un volumen de ganancias importante, y la inversión que ellos hacen para mejorar el servicio e infraestructura en el Cajón del Maipo es mínima, y sin duda esta fragilidad quedó de manifiesto el día que tuvieron que cortar el agua potable a más de 21 comunas de la región Metropolitana”, dijo.
Aguas Andinas tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos, y la sanción final debería conocerse en un plazo no mayor a 3 meses, sin perjuicio que ésta pueda ser impugnada en los tribunales de Justicia.
Terminada la investigación sumaria contra Aguas Andinas, por el corte de agua potable que afectó a 21 comunas en Santiago, la Superintendencia de Servicios Sanitarios definió los cargos por los cuales iniciará un procedimiento de sanción.
La empresa enfrenta acusaciones por: deficiencias en la calidad de servicio entregada a los usuarios; la actuación del prestador en la emergencia; la afectación a la generalidad de los usuarios y por infracciones cometidas por no acatamiento de obligaciones y plazos, así como de ordenes escritas y requerimientos fijados por la Superintendencia.
Esto puede derivar en una multa de hasta mil 150 UTA (550 millones de pesos), lo cual fue calificado como muy bajo por Raúl Andino, presidente de la Liga Ciudadana de Consumidores: “El tema que a mí me resalta es lo bajo del monto de las multas que se aplican, a pesar que no corresponde al daño causado, a los efectos. Queda de manifiesto un problema de regulación y las multas bajas incentivan a las empresas respecto a los consumidores. Si la sanción es baja las empresas no tienen razón para avisar con anticipación de estos cortes”.
El dirigente apuntó además en la permisividad de la fiscalización, que con una baja penalización no presiona a las empresas en mejorar el servicio y señaló que “lo que hemos mirado de mucho tiempo es cierta permisividad de instituciones como la Superintendencia respecto a estas empresas, lo que se traduce en un daño para los consumidores. La legislación no sólo debiera penar con multa estas actitudes, sino que las empresas deben estar obligadas a compensar económicamente a los clientes”.
El corte de agua potable se origina en la turbiedad que trajo consigo un par de aluviones en la zona del Alto Maipo, lugar estratégico para el abastecimiento del recurso hídrico en Santiago, donde se emplazaría el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Manuela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, también subrayó en la baja multa para una emergencia de esta magnitud.
“Creemos que el monto es escaso, considerando el perjuicio no sólo a las dos millones de personas sin agua, sino que teniendo en cuenta que significó la paralización de la capital del país por este corte”, señaló.
La dirigente cuestionó la poca inversión que existe desde las empresas sanitarias, lo que genera cierta vulnerabilidad en la entrega de servicios básicos en el país: “Entendemos que esta empresa tiene un volumen de ganancias importante, y la inversión que ellos hacen para mejorar el servicio e infraestructura en el Cajón del Maipo es mínima, y sin duda esta fragilidad quedó de manifiesto el día que tuvieron que cortar el agua potable a más de 21 comunas de la región Metropolitana”, dijo.
Aguas Andinas tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos, y la sanción final debería conocerse en un plazo no mayor a 3 meses, sin perjuicio que ésta pueda ser impugnada en los tribunales de Justicia.
