Este sábado entró en vigencia la polémica Ley de Pesca. Una normativa cuya tramitación incluyó un acalorado debate, provocó la molestia de un amplio sector de los pescadores artesanales; y quedó en la oposición al proyecto la idea de que la iniciativa terminó por entregar el patrimonio marítimo a siete familias, controladoras de la gran industria.
Los afines a la legislación insisten en que ésta, publicada este fin de semana en el Diario Oficial, asegura la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Además, recordemos que a fines de enero, fracasó la impugnación que organizaciones, sindicatos y parlamentarios pretendían hacer en el Tribunal Constitucional.
Por esto, es que los opositores buscan alternativas para hacerle frente a la normativa, según dijo Nelson Estrada, del Consejo de Defensa de la Pesca (Condep).
En este sentido, el dirigente de los artesanales señaló que “nosotros llamamos a desobedecer la ley, así de simple, nosotros como Condep, no reconocemos la ley, pero mientras no se pronuncie el pueblo pesquero, vamos a estar a la expectativa. Nosotros vamos a llamar a castigar en las votaciones a todos los senadores y diputados que traicionaron la Pesca Artesanal. Porque es bien claro, ellos legislan, pero el pueblo elige, y dónde están los votos en la clase trabajadora, ahí vamos a tener que trabajar y hacer fuerza”.
Estrada, agregó que esta normativa fue sacada adelante por el ministro de Economía, Pablo Longueira, y dirigentes artesanales que negociaron con el Gobierno, adelantando además que ahora es muy posible que comiencen a repetirse problemas entre oprarions artesanales e industriales.
De hecho, Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y dirigente de los pescadores lafkenche, en la zona sur, especialmente en Puerto Montt y Chiloé, afirmó que ya se han provocado conflictos con la aplicabilidad de la ley, los que podrían irse incrementando y agudizando en el tiempo.
“Hay mucha gente que se enteró que quedó con muy pocos recursos y muchos de ellos sin ninguno. Mientras más se aplique la ley y se pase tiempo, más va a quedar la evidencia cómo se privatizaron los recursos pesqueros para beneficiar a los industriales y cómo los pueblos originarios y pescadores artesanales quedaron fuera de la legislación”, indicó.
Millabur enfatizó que el porcentaje otorgado por ley al sector artesanal sigue llegando, finalmente, a manos de la gran industria. “Se dice que se le entregó a los artesanales entre el 40 y el 50 por ciento. Todos esos porcentajes se traspasaron entre comillas porque son para semi-industriales, que no trabajan para el consumo humano, sino que le venden a las grandes empresas pesqueras de las siete familias”, indicó.
En otros sindicatos afirman que, entre otros efectos, la normativa encarece los costos de operación, e incluso algunos sectores ya buscan alternativas para enfrentar a esta nueva ley.
Este sábado entró en vigencia la polémica Ley de Pesca. Una normativa cuya tramitación incluyó un acalorado debate, provocó la molestia de un amplio sector de los pescadores artesanales; y quedó en la oposición al proyecto la idea de que la iniciativa terminó por entregar el patrimonio marítimo a siete familias, controladoras de la gran industria.
Los afines a la legislación insisten en que ésta, publicada este fin de semana en el Diario Oficial, asegura la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Además, recordemos que a fines de enero, fracasó la impugnación que organizaciones, sindicatos y parlamentarios pretendían hacer en el Tribunal Constitucional.
Por esto, es que los opositores buscan alternativas para hacerle frente a la normativa, según dijo Nelson Estrada, del Consejo de Defensa de la Pesca (Condep).
En este sentido, el dirigente de los artesanales señaló que “nosotros llamamos a desobedecer la ley, así de simple, nosotros como Condep, no reconocemos la ley, pero mientras no se pronuncie el pueblo pesquero, vamos a estar a la expectativa. Nosotros vamos a llamar a castigar en las votaciones a todos los senadores y diputados que traicionaron la Pesca Artesanal. Porque es bien claro, ellos legislan, pero el pueblo elige, y dónde están los votos en la clase trabajadora, ahí vamos a tener que trabajar y hacer fuerza”.
Estrada, agregó que esta normativa fue sacada adelante por el ministro de Economía, Pablo Longueira, y dirigentes artesanales que negociaron con el Gobierno, adelantando además que ahora es muy posible que comiencen a repetirse problemas entre oprarions artesanales e industriales.
De hecho, Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y dirigente de los pescadores lafkenche, en la zona sur, especialmente en Puerto Montt y Chiloé, afirmó que ya se han provocado conflictos con la aplicabilidad de la ley, los que podrían irse incrementando y agudizando en el tiempo.
“Hay mucha gente que se enteró que quedó con muy pocos recursos y muchos de ellos sin ninguno. Mientras más se aplique la ley y se pase tiempo, más va a quedar la evidencia cómo se privatizaron los recursos pesqueros para beneficiar a los industriales y cómo los pueblos originarios y pescadores artesanales quedaron fuera de la legislación”, indicó.
Millabur enfatizó que el porcentaje otorgado por ley al sector artesanal sigue llegando, finalmente, a manos de la gran industria. “Se dice que se le entregó a los artesanales entre el 40 y el 50 por ciento. Todos esos porcentajes se traspasaron entre comillas porque son para semi-industriales, que no trabajan para el consumo humano, sino que le venden a las grandes empresas pesqueras de las siete familias”, indicó.
En otros sindicatos afirman que, entre otros efectos, la normativa encarece los costos de operación, e incluso algunos sectores ya buscan alternativas para enfrentar a esta nueva ley.
Este sábado entró en vigencia la polémica Ley de Pesca. Una normativa cuya tramitación incluyó un acalorado debate, provocó la molestia de un amplio sector de los pescadores artesanales; y quedó en la oposición al proyecto la idea de que la iniciativa terminó por entregar el patrimonio marítimo a siete familias, controladoras de la gran industria.
Los afines a la legislación insisten en que ésta, publicada este fin de semana en el Diario Oficial, asegura la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Además, recordemos que a fines de enero, fracasó la impugnación que organizaciones, sindicatos y parlamentarios pretendían hacer en el Tribunal Constitucional.
Por esto, es que los opositores buscan alternativas para hacerle frente a la normativa, según dijo Nelson Estrada, del Consejo de Defensa de la Pesca (Condep).
En este sentido, el dirigente de los artesanales señaló que “nosotros llamamos a desobedecer la ley, así de simple, nosotros como Condep, no reconocemos la ley, pero mientras no se pronuncie el pueblo pesquero, vamos a estar a la expectativa. Nosotros vamos a llamar a castigar en las votaciones a todos los senadores y diputados que traicionaron la Pesca Artesanal. Porque es bien claro, ellos legislan, pero el pueblo elige, y dónde están los votos en la clase trabajadora, ahí vamos a tener que trabajar y hacer fuerza”.
Estrada, agregó que esta normativa fue sacada adelante por el ministro de Economía, Pablo Longueira, y dirigentes artesanales que negociaron con el Gobierno, adelantando además que ahora es muy posible que comiencen a repetirse problemas entre oprarions artesanales e industriales.
De hecho, Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y dirigente de los pescadores lafkenche, en la zona sur, especialmente en Puerto Montt y Chiloé, afirmó que ya se han provocado conflictos con la aplicabilidad de la ley, los que podrían irse incrementando y agudizando en el tiempo.
“Hay mucha gente que se enteró que quedó con muy pocos recursos y muchos de ellos sin ninguno. Mientras más se aplique la ley y se pase tiempo, más va a quedar la evidencia cómo se privatizaron los recursos pesqueros para beneficiar a los industriales y cómo los pueblos originarios y pescadores artesanales quedaron fuera de la legislación”, indicó.
Millabur enfatizó que el porcentaje otorgado por ley al sector artesanal sigue llegando, finalmente, a manos de la gran industria. “Se dice que se le entregó a los artesanales entre el 40 y el 50 por ciento. Todos esos porcentajes se traspasaron entre comillas porque son para semi-industriales, que no trabajan para el consumo humano, sino que le venden a las grandes empresas pesqueras de las siete familias”, indicó.
En otros sindicatos afirman que, entre otros efectos, la normativa encarece los costos de operación, e incluso algunos sectores ya buscan alternativas para enfrentar a esta nueva ley.
