Un balance elaborado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) señaló que durante 2012 hubo 1.337 hectáreas taladas ilegalmente, donde más de un 80 por ciento corresponde a bosque nativo arrasado y el resto a plantaciones, y que la cifra es la más baja en cinco años.
Desde Conaf afirman que la positiva evaluación se debe a una mayor fiscalización en terreno, al aumento de las denuncias ciudadanas y a la entrada en vigencia de la Ley de Bosque Nativo, promulgada en julio de 2008 que, entre otras cosas, define al Bosque Nativo como tal, diferenciándolo de otros.
El catastro de la corporación también evidencia un crecimiento de 169.008 hectáreas de bosque nativo en 2011, respecto de los últimos 14 años.
Sin embargo, Jorge Martínez, presidente del Sindicato de Profesionales de Conaf (Sinaprof), cuestionó las cifras, ya que las fiscalizaciones se han mantenido en los últimos años y no han aumentado y porque el número de denuncias en 2012 recepcionadas (797) es mayor al de fiscalizaciones (623). Martínez criticó además el supuesto aumento en hectáreas, ya que, según afirmó, aquello corresponde a un ajuste en la metodología para hacer el catastro para definir lo que es o no un bosque nativo.
Para el presidente de Sinaprof, la Ley de Bosque Nativo no ha conseguido los avances esperados y ha sido un fracaso: “Nosotros hicimos una presentación hace muy poco en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde señalamos que sólo en estos cuatro años de funcionamiento de esta Ley de Bosque Nativo se ha pagado un 4,7 por ciento del presupuesto asignado, y el presupuesto por año asignado son 8,3 millones de dólares. O sea, si uno multiplica 8,3 millones de dólares por tres, son 24 millones de dólares. De esos 24 millones de dólares se ha pagado, a la gente que maneja bosque nativo, un 4,7 por ciento”, explicó.
Por su parte, el senador del MAS, Alejandro Navarro, integrante de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, manifestó que el número de talas ilegales sigue siendo preocupante y que sigue habiendo problemas de fiscalización.
En ese sentido, Navarro recordó un fallo del Tribunal Constitucional que declaraba que la Conaf -una institución privada que recibe fondos públicos- debiese ser estatal, una discusión que se ha detenido en las comisiones mixtas del Senado: “Junto con Ximena Rincón y la senadora Soledad Alvear, yo quiero una Conaf pública, que sea capaz de normar y fiscalizar el bosque nativo, pero también sea capaz de fiscalizar las instalaciones que hay en las áreas de parques nacionales, de reservas nacionales, y ahí no ha habido acuerdo. Estas cifras no pueden ser cuentas alegres. Claramente Conaf requiere fortalecimiento institucional, más fiscalizadores, una nueva institucionalidad. Es decir, dejar de ser una entidad privada como lo es hoy, para transformarse en una entidad pública, con mayores facultades”, indicó.
Para el parlamentario, la Ley de Bosque Nativo ha sido beneficiosa porque muchos pequeños agricultores han optado por plantar bosque artificial preservando el bosque nativo, pero advirtió que aún sigue siendo muy baja la compensación económica y el incentivo para ellos.