Organizaciones de Atacama son escépticas ante formulación de cargos de Superintendencia a minera canadiense
La ONG Atacama Sustentable aseguró que ha presentado muestras de daño ambiental desde 2002 y, sin embargo, no se han cursado sanciones a la empresa Teck Quebrada Blanca. "Mientras no se cierre este proceso, no creemos en cierres ni en millonarias multas tampoco", dicen.
Viernes 15 de febrero 2013 13:38 hrs.
La recientemente creada Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra minera canadiense Teck Quebrada Blanca, por acusar el pasado 7 de enero un derrame de petróleo de 12 kilómetros, mientras en realidad abarcó al menos 37 kilómetros, afectando a las quebradas Blanca, Choja y Maní.
Además del irreversible daño a la cuenca del río, el suelo y la flora y fauna endémica, la decisión de la Superintendencia se basó en la información engañosa que entregó la minera, lo que violó el artículo 41 de la Ley Orgánica de la SMA, que exige que los hechos denunciados sean precisos, verídicos y comprobables.
Sergio Cortés, integrante de la ONG Atacama Sustentable, puso en duda la determinación de la Superintendencia, sosteniendo que “la comunidad ha presentado muestras suficientes desde el 2002 y, hasta ahora, no ha habido ninguna multa o paralización”.
“El 2002 la DGA ya reconoce que estaban bajando aguas acidificadas por procesos mineros, con ácido sulfúrico. Hemos ido con biólogos, con camarógrafos, hemos hecho denuncias en la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, en la Fiscalía de Pozo Almonte y en la Conama en Iquique. Están afectadas sobre 27 especies de plantas distintas, hay animales y lamentablemente al día de hoy nunca se ha cursado una multa ni se ha paralizado un día esa empresa. Mientras no se cierre este proceso, no creo en cierres ni en millonarias multas tampoco”, dijo.
Además del flagrante engaño avisado por la firma canadiense Treck Quebrada Blanca, según la SMA “este hecho constituye un incumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”, por lo que tendrá diez días de plazo para presentar un programa de cumplimiento y 15 días más para formular descargos.
Si bien la Superintendencia calificó este hecho como una infracción grave a la normativa ambiental y que eventualmente podría costar la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta cinco mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), el dirigente social manifestó que “hasta que no se cierre el proceso y no veamos la sanción, no creeremos nada, ya que siempre las grandes mineras terminan por arreglar y pagar por sus ilegalidades”.
La recientemente creada Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra minera canadiense Teck Quebrada Blanca, por acusar el pasado 7 de enero un derrame de petróleo de 12 kilómetros, mientras en realidad abarcó al menos 37 kilómetros, afectando a las quebradas Blanca, Choja y Maní.
Además del irreversible daño a la cuenca del río, el suelo y la flora y fauna endémica, la decisión de la Superintendencia se basó en la información engañosa que entregó la minera, lo que violó el artículo 41 de la Ley Orgánica de la SMA, que exige que los hechos denunciados sean precisos, verídicos y comprobables.
Sergio Cortés, integrante de la ONG Atacama Sustentable, puso en duda la determinación de la Superintendencia, sosteniendo que “la comunidad ha presentado muestras suficientes desde el 2002 y, hasta ahora, no ha habido ninguna multa o paralización”.
“El 2002 la DGA ya reconoce que estaban bajando aguas acidificadas por procesos mineros, con ácido sulfúrico. Hemos ido con biólogos, con camarógrafos, hemos hecho denuncias en la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, en la Fiscalía de Pozo Almonte y en la Conama en Iquique. Están afectadas sobre 27 especies de plantas distintas, hay animales y lamentablemente al día de hoy nunca se ha cursado una multa ni se ha paralizado un día esa empresa. Mientras no se cierre este proceso, no creo en cierres ni en millonarias multas tampoco”, dijo.
Además del flagrante engaño avisado por la firma canadiense Treck Quebrada Blanca, según la SMA “este hecho constituye un incumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”, por lo que tendrá diez días de plazo para presentar un programa de cumplimiento y 15 días más para formular descargos.
Si bien la Superintendencia calificó este hecho como una infracción grave a la normativa ambiental y que eventualmente podría costar la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta cinco mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), el dirigente social manifestó que “hasta que no se cierre el proceso y no veamos la sanción, no creeremos nada, ya que siempre las grandes mineras terminan por arreglar y pagar por sus ilegalidades”.
La recientemente creada Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra minera canadiense Teck Quebrada Blanca, por acusar el pasado 7 de enero un derrame de petróleo de 12 kilómetros, mientras en realidad abarcó al menos 37 kilómetros, afectando a las quebradas Blanca, Choja y Maní.
Además del irreversible daño a la cuenca del río, el suelo y la flora y fauna endémica, la decisión de la Superintendencia se basó en la información engañosa que entregó la minera, lo que violó el artículo 41 de la Ley Orgánica de la SMA, que exige que los hechos denunciados sean precisos, verídicos y comprobables.
Sergio Cortés, integrante de la ONG Atacama Sustentable, puso en duda la determinación de la Superintendencia, sosteniendo que “la comunidad ha presentado muestras suficientes desde el 2002 y, hasta ahora, no ha habido ninguna multa o paralización”.
“El 2002 la DGA ya reconoce que estaban bajando aguas acidificadas por procesos mineros, con ácido sulfúrico. Hemos ido con biólogos, con camarógrafos, hemos hecho denuncias en la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, en la Fiscalía de Pozo Almonte y en la Conama en Iquique. Están afectadas sobre 27 especies de plantas distintas, hay animales y lamentablemente al día de hoy nunca se ha cursado una multa ni se ha paralizado un día esa empresa. Mientras no se cierre este proceso, no creo en cierres ni en millonarias multas tampoco”, dijo.
Además del flagrante engaño avisado por la firma canadiense Treck Quebrada Blanca, según la SMA “este hecho constituye un incumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Botadero Norte de Ripios de Lixiviación”, por lo que tendrá diez días de plazo para presentar un programa de cumplimiento y 15 días más para formular descargos.
Si bien la Superintendencia calificó este hecho como una infracción grave a la normativa ambiental y que eventualmente podría costar la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta cinco mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), el dirigente social manifestó que “hasta que no se cierre el proceso y no veamos la sanción, no creeremos nada, ya que siempre las grandes mineras terminan por arreglar y pagar por sus ilegalidades”.
