Para el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Claudio Troncoso, desde el momento en que el caso llegó al Ministerio Público, es la esfera judicial la encargada de resolverlo. Pese a esto, el ex Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que anteriormente 14 soldados apresados en territorio chileno fueron devueltos a su país, y que esta vez debiera confluir el término del juicio con la devolución de los conscriptos a Bolivia.
En este sentido, el experto en derecho internacional especificó: “dada las circunstancias creo que si hay una salida, como el propio fiscal lo ha reconocido, que es una salida alternativa por la vía de un procedimiento abreviado, que entiendo que sería la salida en este caso, implicaría la posibilidad de que estas personas sean expulsadas a su país, de vuelta a Bolivia, yo creo que el Ministerio Público debiera avanzar en ese camino con mayor insistencia. En ese sentido, si existe ese camino abierto en nuestra legislación, es claro que es una solución que pudiera darse en este tema”.
Procedimiento abreviado que el también abogado Juan Castro, vocero y asesor de la Fiscalía Regional de Tarapacá, indicó como factible de ser solicitado.
Se trata, según Castro, de un procedimiento utilizable ya que no existirían circunstancias agravantes, a lo cual se suma la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y una conducta irreprochable de los detenidos. Esto, según el especialista, permitiría que el Ministerio Público pidiese una rebaja de la pena original, situación que a su vez da pie para la solicitud de un juicio abreviado.
El abogado enfatizó que esta salida se encuentra estrictamente dentro de la espera judicial, y que “no contemplan otra salida que no sea jurídica”. En este sentido, enfatizó que no ha tenido contacto con otros poderes del estado para resolver por otros conductos el caso.
Dentro de la misma línea, Castro enfatizó que “la fiscalía no ha recibido ninguna presión desde el poder ejecutivo para cerrar el caso, ni para tomar ninguna de las otras alternativas que la ley establezca. Por lo demás, nosotros no podemos tomar ninguna decisión que no sea jurídica. El Ministerio Público tampoco podría tomar alguna otra medida extralegal. Lo que nosotros hacemos es aplicar la legislación vigente”.
El abogado defensor en la causa, Roberto Celedón, coincidió con el vocero de la fiscalía en que cualquier salida extrajudicial se encuentra “suspendida”. Celedón señaló que luego del cierre de la investigación el próximo lunes la fiscalía podrá optar por pedir el sobreseimiento definitivo, proceder con la acusación, o bien comunicar la orden de no perseverar en la causa, siendo ésta última decisión la que dejaría en libertad a los soldados bolivianos. “Recién en ese momento procedería una decisión administrativa emanada de otro poder del estado”, agregó.
El abogado añadió que la judicialización del caso de los soldados bolivianos se pudo evitar. En este sentido, agregó que un documento emanado de la Cancillería el mismo día de la detención, perseguía una salida rápida al incidente.
En este sentido, el abogado cuestionó el actuar del gobierno, que en su opinión se contradice con lo indicado por la cancillería para resolver el caso: “eso es lo que tendría que explicar el gobierno, la Cancillería dijo una cosa el 25 de enero, y se hizo completamente lo contrario”.
Respecto de esta situación, Celedón agregó que debería iniciarse una investigación, a nivel parlamentario según especificó, para que se recaben los antecedentes y se determine con claridad lo que sucedió a nivel de Cancillería y de gobierno el día de la detención de los soldados bolivianos.
La investigación sobre este caso se cierra el próximo lunes. De ahí en adelante el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 10 días para decidir si acusa, sobresee o bien opta por no perseverar en la causa. Una vez que se emita este veredicto, y dependiendo de su contenido, la vía diplomática o administrativa podría definir cuál será finalmente la salida al traspié bilateral.
Para el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Claudio Troncoso, desde el momento en que el caso llegó al Ministerio Público, es la esfera judicial la encargada de resolverlo. Pese a esto, el ex Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que anteriormente 14 soldados apresados en territorio chileno fueron devueltos a su país, y que esta vez debiera confluir el término del juicio con la devolución de los conscriptos a Bolivia.
En este sentido, el experto en derecho internacional especificó: “dada las circunstancias creo que si hay una salida, como el propio fiscal lo ha reconocido, que es una salida alternativa por la vía de un procedimiento abreviado, que entiendo que sería la salida en este caso, implicaría la posibilidad de que estas personas sean expulsadas a su país, de vuelta a Bolivia, yo creo que el Ministerio Público debiera avanzar en ese camino con mayor insistencia. En ese sentido, si existe ese camino abierto en nuestra legislación, es claro que es una solución que pudiera darse en este tema”.
Procedimiento abreviado que el también abogado Juan Castro, vocero y asesor de la Fiscalía Regional de Tarapacá, indicó como factible de ser solicitado.
Se trata, según Castro, de un procedimiento utilizable ya que no existirían circunstancias agravantes, a lo cual se suma la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y una conducta irreprochable de los detenidos. Esto, según el especialista, permitiría que el Ministerio Público pidiese una rebaja de la pena original, situación que a su vez da pie para la solicitud de un juicio abreviado.
El abogado enfatizó que esta salida se encuentra estrictamente dentro de la espera judicial, y que “no contemplan otra salida que no sea jurídica”. En este sentido, enfatizó que no ha tenido contacto con otros poderes del estado para resolver por otros conductos el caso.
Dentro de la misma línea, Castro enfatizó que “la fiscalía no ha recibido ninguna presión desde el poder ejecutivo para cerrar el caso, ni para tomar ninguna de las otras alternativas que la ley establezca. Por lo demás, nosotros no podemos tomar ninguna decisión que no sea jurídica. El Ministerio Público tampoco podría tomar alguna otra medida extralegal. Lo que nosotros hacemos es aplicar la legislación vigente”.
El abogado defensor en la causa, Roberto Celedón, coincidió con el vocero de la fiscalía en que cualquier salida extrajudicial se encuentra “suspendida”. Celedón señaló que luego del cierre de la investigación el próximo lunes la fiscalía podrá optar por pedir el sobreseimiento definitivo, proceder con la acusación, o bien comunicar la orden de no perseverar en la causa, siendo ésta última decisión la que dejaría en libertad a los soldados bolivianos. “Recién en ese momento procedería una decisión administrativa emanada de otro poder del estado”, agregó.
El abogado añadió que la judicialización del caso de los soldados bolivianos se pudo evitar. En este sentido, agregó que un documento emanado de la Cancillería el mismo día de la detención, perseguía una salida rápida al incidente.
En este sentido, el abogado cuestionó el actuar del gobierno, que en su opinión se contradice con lo indicado por la cancillería para resolver el caso: “eso es lo que tendría que explicar el gobierno, la Cancillería dijo una cosa el 25 de enero, y se hizo completamente lo contrario”.
Respecto de esta situación, Celedón agregó que debería iniciarse una investigación, a nivel parlamentario según especificó, para que se recaben los antecedentes y se determine con claridad lo que sucedió a nivel de Cancillería y de gobierno el día de la detención de los soldados bolivianos.
La investigación sobre este caso se cierra el próximo lunes. De ahí en adelante el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 10 días para decidir si acusa, sobresee o bien opta por no perseverar en la causa. Una vez que se emita este veredicto, y dependiendo de su contenido, la vía diplomática o administrativa podría definir cuál será finalmente la salida al traspié bilateral.
Para el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Claudio Troncoso, desde el momento en que el caso llegó al Ministerio Público, es la esfera judicial la encargada de resolverlo. Pese a esto, el ex Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que anteriormente 14 soldados apresados en territorio chileno fueron devueltos a su país, y que esta vez debiera confluir el término del juicio con la devolución de los conscriptos a Bolivia.
En este sentido, el experto en derecho internacional especificó: “dada las circunstancias creo que si hay una salida, como el propio fiscal lo ha reconocido, que es una salida alternativa por la vía de un procedimiento abreviado, que entiendo que sería la salida en este caso, implicaría la posibilidad de que estas personas sean expulsadas a su país, de vuelta a Bolivia, yo creo que el Ministerio Público debiera avanzar en ese camino con mayor insistencia. En ese sentido, si existe ese camino abierto en nuestra legislación, es claro que es una solución que pudiera darse en este tema”.
Procedimiento abreviado que el también abogado Juan Castro, vocero y asesor de la Fiscalía Regional de Tarapacá, indicó como factible de ser solicitado.
Se trata, según Castro, de un procedimiento utilizable ya que no existirían circunstancias agravantes, a lo cual se suma la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y una conducta irreprochable de los detenidos. Esto, según el especialista, permitiría que el Ministerio Público pidiese una rebaja de la pena original, situación que a su vez da pie para la solicitud de un juicio abreviado.
El abogado enfatizó que esta salida se encuentra estrictamente dentro de la espera judicial, y que “no contemplan otra salida que no sea jurídica”. En este sentido, enfatizó que no ha tenido contacto con otros poderes del estado para resolver por otros conductos el caso.
Dentro de la misma línea, Castro enfatizó que “la fiscalía no ha recibido ninguna presión desde el poder ejecutivo para cerrar el caso, ni para tomar ninguna de las otras alternativas que la ley establezca. Por lo demás, nosotros no podemos tomar ninguna decisión que no sea jurídica. El Ministerio Público tampoco podría tomar alguna otra medida extralegal. Lo que nosotros hacemos es aplicar la legislación vigente”.
El abogado defensor en la causa, Roberto Celedón, coincidió con el vocero de la fiscalía en que cualquier salida extrajudicial se encuentra “suspendida”. Celedón señaló que luego del cierre de la investigación el próximo lunes la fiscalía podrá optar por pedir el sobreseimiento definitivo, proceder con la acusación, o bien comunicar la orden de no perseverar en la causa, siendo ésta última decisión la que dejaría en libertad a los soldados bolivianos. “Recién en ese momento procedería una decisión administrativa emanada de otro poder del estado”, agregó.
El abogado añadió que la judicialización del caso de los soldados bolivianos se pudo evitar. En este sentido, agregó que un documento emanado de la Cancillería el mismo día de la detención, perseguía una salida rápida al incidente.
En este sentido, el abogado cuestionó el actuar del gobierno, que en su opinión se contradice con lo indicado por la cancillería para resolver el caso: “eso es lo que tendría que explicar el gobierno, la Cancillería dijo una cosa el 25 de enero, y se hizo completamente lo contrario”.
Respecto de esta situación, Celedón agregó que debería iniciarse una investigación, a nivel parlamentario según especificó, para que se recaben los antecedentes y se determine con claridad lo que sucedió a nivel de Cancillería y de gobierno el día de la detención de los soldados bolivianos.
La investigación sobre este caso se cierra el próximo lunes. De ahí en adelante el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 10 días para decidir si acusa, sobresee o bien opta por no perseverar en la causa. Una vez que se emita este veredicto, y dependiendo de su contenido, la vía diplomática o administrativa podría definir cuál será finalmente la salida al traspié bilateral.
