El proyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, fue nuevamente sancionado, esta vez por incumplimientos de los compromisos y medidas de mitigación contempladas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El Sistema de Evaluación Ambiental de Atacama constató que la empresa tiene incumplimientos parciales o totales en siete de las ocho condiciones contempladas en su RCA, por lo que la Comisión de Evaluación Ambiental decidió multar a la empresa con 3.050 UTM. Es decir, cerca de 120 millones de pesos.
Frente esto, el seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, cuestionó a Barrick, considerando también los sumarios anteriores por el derretimiento de los glaciares y la suspensión de material particulado fino, que llevaron a las autoridades a decretar la paralización de las obras.
“Pascua Lama ha sumado dos procesos de sanción más, lo que ya viene siendo reiterativo. Como Gobierno vemos poca voluntad en las autoridades de Pascua Lama para cambiar el rumbo y evitar seguir acumulando procesos de sanción, un prontuario ambiental, con un proyecto en que el Gobierno solo está exigiendo el cumplimiento de la normativa legal vigente, de la misma manera que se le exige a todas las compañías mineras que están acá”, dijo.
En el Valle del Huasco las organizaciones sociales y ambientales se mostraron disconformes, ya que “para una empresa como esta no son nada 120 millones”.
Además, sostuvieron que “Barrick va a preferir pagar y seguir adelante con los abusos” y exigieron que las autoridades sean “más responsables” y deroguen de una vez la RCA, para impedir que la empresa siga dañando los glaciares y contaminando las aguas.
En ese sentido, Rodrigo Villablanca, del Comité Esperanza y Vida del Valle del Huasco, puso el acento en la sanción por irregularidades en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera, cuando la situación del recurso hídrico en la zona es sumamente complicada y apenas tienen acceso al agua potable.
“Más que preocupante, esto es indignante. Estamos aburridos con lo que está pasando, así que nos vamos a movilizar. Hay más de 80 organizaciones en todo Chile que el 22 de abril vamos a hacer una marcha por la recuperación del agua para todos y todas, exigiendo la derogación del Código de Aguas y del Tratado Binacional Minero. Nosotros estamos siendo los primeros afectados por Pascua Lama y ese tratado y vamos a contarle a la gente nuestra experiencia con ambas cosas”, explicó.
Esta movilización fue uno de los acuerdos contraídos en la “Cumbre de los Pueblos” que se desarrolló entre el 25 y el 27 de enero y que reunió a organizaciones sociales de todo el país y de naciones latinoamericanas, donde temas como la gestión del recurso hídrico y la intervención de las grandes compañías mineras fueron alguna de las principales preocupaciones.
El proyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, fue nuevamente sancionado, esta vez por incumplimientos de los compromisos y medidas de mitigación contempladas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El Sistema de Evaluación Ambiental de Atacama constató que la empresa tiene incumplimientos parciales o totales en siete de las ocho condiciones contempladas en su RCA, por lo que la Comisión de Evaluación Ambiental decidió multar a la empresa con 3.050 UTM. Es decir, cerca de 120 millones de pesos.
Frente esto, el seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, cuestionó a Barrick, considerando también los sumarios anteriores por el derretimiento de los glaciares y la suspensión de material particulado fino, que llevaron a las autoridades a decretar la paralización de las obras.
“Pascua Lama ha sumado dos procesos de sanción más, lo que ya viene siendo reiterativo. Como Gobierno vemos poca voluntad en las autoridades de Pascua Lama para cambiar el rumbo y evitar seguir acumulando procesos de sanción, un prontuario ambiental, con un proyecto en que el Gobierno solo está exigiendo el cumplimiento de la normativa legal vigente, de la misma manera que se le exige a todas las compañías mineras que están acá”, dijo.
En el Valle del Huasco las organizaciones sociales y ambientales se mostraron disconformes, ya que “para una empresa como esta no son nada 120 millones”.
Además, sostuvieron que “Barrick va a preferir pagar y seguir adelante con los abusos” y exigieron que las autoridades sean “más responsables” y deroguen de una vez la RCA, para impedir que la empresa siga dañando los glaciares y contaminando las aguas.
En ese sentido, Rodrigo Villablanca, del Comité Esperanza y Vida del Valle del Huasco, puso el acento en la sanción por irregularidades en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera, cuando la situación del recurso hídrico en la zona es sumamente complicada y apenas tienen acceso al agua potable.
“Más que preocupante, esto es indignante. Estamos aburridos con lo que está pasando, así que nos vamos a movilizar. Hay más de 80 organizaciones en todo Chile que el 22 de abril vamos a hacer una marcha por la recuperación del agua para todos y todas, exigiendo la derogación del Código de Aguas y del Tratado Binacional Minero. Nosotros estamos siendo los primeros afectados por Pascua Lama y ese tratado y vamos a contarle a la gente nuestra experiencia con ambas cosas”, explicó.
Esta movilización fue uno de los acuerdos contraídos en la “Cumbre de los Pueblos” que se desarrolló entre el 25 y el 27 de enero y que reunió a organizaciones sociales de todo el país y de naciones latinoamericanas, donde temas como la gestión del recurso hídrico y la intervención de las grandes compañías mineras fueron alguna de las principales preocupaciones.
El proyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, fue nuevamente sancionado, esta vez por incumplimientos de los compromisos y medidas de mitigación contempladas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El Sistema de Evaluación Ambiental de Atacama constató que la empresa tiene incumplimientos parciales o totales en siete de las ocho condiciones contempladas en su RCA, por lo que la Comisión de Evaluación Ambiental decidió multar a la empresa con 3.050 UTM. Es decir, cerca de 120 millones de pesos.
Frente esto, el seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, cuestionó a Barrick, considerando también los sumarios anteriores por el derretimiento de los glaciares y la suspensión de material particulado fino, que llevaron a las autoridades a decretar la paralización de las obras.
“Pascua Lama ha sumado dos procesos de sanción más, lo que ya viene siendo reiterativo. Como Gobierno vemos poca voluntad en las autoridades de Pascua Lama para cambiar el rumbo y evitar seguir acumulando procesos de sanción, un prontuario ambiental, con un proyecto en que el Gobierno solo está exigiendo el cumplimiento de la normativa legal vigente, de la misma manera que se le exige a todas las compañías mineras que están acá”, dijo.
En el Valle del Huasco las organizaciones sociales y ambientales se mostraron disconformes, ya que “para una empresa como esta no son nada 120 millones”.
Además, sostuvieron que “Barrick va a preferir pagar y seguir adelante con los abusos” y exigieron que las autoridades sean “más responsables” y deroguen de una vez la RCA, para impedir que la empresa siga dañando los glaciares y contaminando las aguas.
En ese sentido, Rodrigo Villablanca, del Comité Esperanza y Vida del Valle del Huasco, puso el acento en la sanción por irregularidades en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera, cuando la situación del recurso hídrico en la zona es sumamente complicada y apenas tienen acceso al agua potable.
“Más que preocupante, esto es indignante. Estamos aburridos con lo que está pasando, así que nos vamos a movilizar. Hay más de 80 organizaciones en todo Chile que el 22 de abril vamos a hacer una marcha por la recuperación del agua para todos y todas, exigiendo la derogación del Código de Aguas y del Tratado Binacional Minero. Nosotros estamos siendo los primeros afectados por Pascua Lama y ese tratado y vamos a contarle a la gente nuestra experiencia con ambas cosas”, explicó.
Esta movilización fue uno de los acuerdos contraídos en la “Cumbre de los Pueblos” que se desarrolló entre el 25 y el 27 de enero y que reunió a organizaciones sociales de todo el país y de naciones latinoamericanas, donde temas como la gestión del recurso hídrico y la intervención de las grandes compañías mineras fueron alguna de las principales preocupaciones.
