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Año XII, 10 de agosto de 2020

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Defensa de soldados bolivianos sostiene que existe otra instancia para buscar “salida alternativa”

Este lunes se efectuó la audiencia que dio término a la investigación por la detención de los tres soldados bolivianos dentro de territorio chileno el 25 de enero. Luego de terminado el procedimiento, se les levantó la prisión preventiva y quedaron sujetos a medidas cautelares hasta que se inicie el juicio oral. Tanto el fiscal regional de Tarapacá como el abogado defensor comentaron la jornada judicial.

Carolina Blanche Goldsack

  Lunes 25 de febrero 2013 21:29 hrs. 





Durante la audiencia de cierre de la investigación de este lunes los soldados bolivianos rechazaron la distinción hecha por la fiscalía en cuanto a que sólo uno de ellos portaba el arma al momento de la detención y rechazaron el juicio abreviado ofrecido por la fiscalía a cada uno de ellos.

Es por esto que el  juez Rodrigo Hernández levantó la prisión preventiva y determinó firma semanal ante carabineros de Iquique y arraigo nacional para Alex Choque y Augusto Cárdenas. José Luis Fernández, quien era el que portaba el arma al momento de la detención, quedó con arresto domiciliario nocturno entre las 22 horas y las seis de la mañana y arraigo nacional.

El fiscal regional de Tarapacá Manuel Guerra se mostró sorprendido por el rechazo  de los soldados bolivianos de las medidas ofrecidas por la fiscalía  y dijo creer que se trató de un actuar concertado de los imputados.

En este sentido, el titular de la fiscalía regional se refirió a lo sucedido durante la audiencia: “si ustedes se fijan somos nosotros los que proponemos la salida, somos nosotros los que proponemos la sustitución de la medida cautelar, en aras de llegara algún tipo de acuerdo que le ponga término este hecho que a ojos de la justicia chilena es constitutivo de delito. Si eso no se ha producido, no es por falta de voluntad de la fiscalía, sino que por falta de voluntad de los imputados,  y especialmente de quien los representa ya que no vimos  en ellos una voluntad de colaboración real en el ámbito de acercar posiciones para dar con una salida en el momento de la audiencia”.

El abogado defensor Roberto Celedón señaló, por su parte,  que el actuar concertado de los tres soldados bolivianos se debió a que ellos no querían ser discriminados entre sí, y que este principio es el que seguirán en adelante.

El jurista aclaró que si en 10 días más la Fiscalía decide optar por acusar a los tres soldados bolivianos, esta situación dará paso a la última salida alternativa al caso: “será la audiencia preparatoria al juicio oral la última instancia para optar por una salida que evite el resto del procedimiento penal”

Esta alternativa sería,  según Celedón, la de la  suspensión del procedimiento, opción que deberá ser acordada por las partes. En este sentido, aclaró que la defensa aceptará esta opción sólo si se aplica a los tres soldados.

Celedón insistió en que la situación actual, según sus palabras, “nunca debió haber ocurrido”. Se trata, según el abogado, de un incidente fronterizo menor en el cual  los soldados se encontraban persiguiendo a delincuentes. En este sentido, agregó que falta coordinación entre las policías de ambos países, para así evitar estos incidentes.

Para el experto en derecho internacional y profesor de la Universidad de Chile Claudio Troncoso, se trata de un incidente que a futuro se debería evitar. En este sentido, coincidió con el abogado defensor en que es necesaria la cooperación entre Chile y Bolivia para que las fronteras se mantengan seguras pero sin que ello implique un conflicto bilateral o diplomático.

Troncoso especificó que “estos tipos de hechos deben hacer a los gobiernos buscar una mejor coordinación a nivel fronterizo que coordine la información, lo que a futuro se presenta como un desafío para la cooperación bilateral”.

Lo que resta para adelante son 10 días de plazo para que la fiscalía decida si  acusa a los soldados bolivianos, sobresee el caso o bien no persevera en el procedimiento. Tanto la defensa como la fiscalía han adelantado que lo más probable es que los tres conscriptos sean acusados de porte ilegal de arma de guerra, a lo que seguiría la preparación del juicio oral, última instancia para llegar a un acuerdo mutuo que termine con el procedimiento judicial y se abra camino a una medida administrativa.