Pese a que el 34 Juzgado del Crimen declaró a Juan Braun Lyon y Juan Braun Llona como autores del delito reiterado de apropiación indebida de recursos y patrimonio, avaluados en 4 mil 600 millones de pesos que pertenecían a la Fundación Oscar y Elsa Braun y que serían destinados a becas, a comienzos de esta semana resolvió otorgar la libertad bajo una fianza de 40 millones de pesos.
La defensa apeló a la medida pidiendo una reducción del monto, mientras que la parte querellante solicitó que se les mantuviera en prisión preventiva, por considerar que ambos eran “una amenaza para la sociedad”. Sin embargo, este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantenerlos en libertad.
El abogado de la Fundación, Álvaro González, se mostró desconforme con la medida y denunció que la estrategia que utilizaron los Braun para evitar el encarcelamiento y revertir la decisión inicial de la corte es sumamente contradictoria.
Al respecto, González señaló que “cuando se dictó el auto de procesamiento, y órdenes de detención, haciendo uso de algunas, en concepto nuestro, malas prácticas, aparecieron certificados psiquiátricos de que tenían alteraciones mentales, y los internaron en clínicas psiquiátricas de cinco estrellas pidiendo que se les concediera la libertad. Aquí hay contradicciones vitales: para algunas cosas están sanos, para apropiarse de los bienes y el patrimonio de la fundación; y para enfrentar a la justicia y ser detenidos en recintos carcelarios, están con enfermedades mentales”.
Para el abogado, la bipolaridad y la depresión que tendrían los empresarios, sólo buscaría ocultar las transferencias del excedente que generaba la fundación al grupo económico que dirige Manuel Cruzat, a quien considera parte de “esta gran estafa colectiva a los estudiantes de medicina”. Por eso, sostuvo, se concentrarán en investigar a los otros involucrados en el caso.
Cabe señalar que, en el momento en que se reactivó este caso, después de casi 8 años desde que las directoras de la entidad de beneficencia y primas de los acusados, Sonia y Mayra Poklepovic, presentaran la querella, conversamos con Giorgio Boccardo, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en los años 2006 y 2007, y quien se hizo parte de la querella. Para el ex dirigente estudiantil, lo más importante aquí es el daño que se les está haciendo a los jóvenes con esta estafa.
Boccardo señaló que “a estas alturas estamos hablando de casi 80 o 100 becarios que el país se perdió, justamente por el estos desvíos. No estamos hablando en el contexto de los becarios Conicyt, o de la cantidad de estudiantes que están haciendo sus doctorados fuera de Chile. 80 o 100 becarios en 10 años es mucho capital perdido, no solamente para la formación de estudiantes, sino que para el impacto que puede haber tenido para la medicina chilena”.
El joven afirmó que ve muy difícil que se pueda recuperar este capital, que es realmente la finalidad de insistir en la causa, pero que siguen esperando los resultados finales de esta investigación.
Además de Juan Braun Lyon, Juan Braun Llona y Manuel Cruzat están vinculados con el proceso Delia Valdés, esposa de Cruzat, quien también se habría beneficiado del dinero, el perito de PDI, Juan Silva, quien -según confirmaron los tribunales- adulteró el informe económico favorable a los Braun y Fernando Lefort, actual decano de Economía de la Universidad Diego Portales (UDP), quien confesó haber recibido un pago de ocho millones de pesos para su realizar dicho documento.
Pese a que el 34 Juzgado del Crimen declaró a Juan Braun Lyon y Juan Braun Llona como autores del delito reiterado de apropiación indebida de recursos y patrimonio, avaluados en 4 mil 600 millones de pesos que pertenecían a la Fundación Oscar y Elsa Braun y que serían destinados a becas, a comienzos de esta semana resolvió otorgar la libertad bajo una fianza de 40 millones de pesos.
La defensa apeló a la medida pidiendo una reducción del monto, mientras que la parte querellante solicitó que se les mantuviera en prisión preventiva, por considerar que ambos eran “una amenaza para la sociedad”. Sin embargo, este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantenerlos en libertad.
El abogado de la Fundación, Álvaro González, se mostró desconforme con la medida y denunció que la estrategia que utilizaron los Braun para evitar el encarcelamiento y revertir la decisión inicial de la corte es sumamente contradictoria.
Al respecto, González señaló que “cuando se dictó el auto de procesamiento, y órdenes de detención, haciendo uso de algunas, en concepto nuestro, malas prácticas, aparecieron certificados psiquiátricos de que tenían alteraciones mentales, y los internaron en clínicas psiquiátricas de cinco estrellas pidiendo que se les concediera la libertad. Aquí hay contradicciones vitales: para algunas cosas están sanos, para apropiarse de los bienes y el patrimonio de la fundación; y para enfrentar a la justicia y ser detenidos en recintos carcelarios, están con enfermedades mentales”.
Para el abogado, la bipolaridad y la depresión que tendrían los empresarios, sólo buscaría ocultar las transferencias del excedente que generaba la fundación al grupo económico que dirige Manuel Cruzat, a quien considera parte de “esta gran estafa colectiva a los estudiantes de medicina”. Por eso, sostuvo, se concentrarán en investigar a los otros involucrados en el caso.
Cabe señalar que, en el momento en que se reactivó este caso, después de casi 8 años desde que las directoras de la entidad de beneficencia y primas de los acusados, Sonia y Mayra Poklepovic, presentaran la querella, conversamos con Giorgio Boccardo, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en los años 2006 y 2007, y quien se hizo parte de la querella. Para el ex dirigente estudiantil, lo más importante aquí es el daño que se les está haciendo a los jóvenes con esta estafa.
Boccardo señaló que “a estas alturas estamos hablando de casi 80 o 100 becarios que el país se perdió, justamente por el estos desvíos. No estamos hablando en el contexto de los becarios Conicyt, o de la cantidad de estudiantes que están haciendo sus doctorados fuera de Chile. 80 o 100 becarios en 10 años es mucho capital perdido, no solamente para la formación de estudiantes, sino que para el impacto que puede haber tenido para la medicina chilena”.
El joven afirmó que ve muy difícil que se pueda recuperar este capital, que es realmente la finalidad de insistir en la causa, pero que siguen esperando los resultados finales de esta investigación.
Además de Juan Braun Lyon, Juan Braun Llona y Manuel Cruzat están vinculados con el proceso Delia Valdés, esposa de Cruzat, quien también se habría beneficiado del dinero, el perito de PDI, Juan Silva, quien -según confirmaron los tribunales- adulteró el informe económico favorable a los Braun y Fernando Lefort, actual decano de Economía de la Universidad Diego Portales (UDP), quien confesó haber recibido un pago de ocho millones de pesos para su realizar dicho documento.
Pese a que el 34 Juzgado del Crimen declaró a Juan Braun Lyon y Juan Braun Llona como autores del delito reiterado de apropiación indebida de recursos y patrimonio, avaluados en 4 mil 600 millones de pesos que pertenecían a la Fundación Oscar y Elsa Braun y que serían destinados a becas, a comienzos de esta semana resolvió otorgar la libertad bajo una fianza de 40 millones de pesos.
La defensa apeló a la medida pidiendo una reducción del monto, mientras que la parte querellante solicitó que se les mantuviera en prisión preventiva, por considerar que ambos eran “una amenaza para la sociedad”. Sin embargo, este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantenerlos en libertad.
El abogado de la Fundación, Álvaro González, se mostró desconforme con la medida y denunció que la estrategia que utilizaron los Braun para evitar el encarcelamiento y revertir la decisión inicial de la corte es sumamente contradictoria.
Al respecto, González señaló que “cuando se dictó el auto de procesamiento, y órdenes de detención, haciendo uso de algunas, en concepto nuestro, malas prácticas, aparecieron certificados psiquiátricos de que tenían alteraciones mentales, y los internaron en clínicas psiquiátricas de cinco estrellas pidiendo que se les concediera la libertad. Aquí hay contradicciones vitales: para algunas cosas están sanos, para apropiarse de los bienes y el patrimonio de la fundación; y para enfrentar a la justicia y ser detenidos en recintos carcelarios, están con enfermedades mentales”.
Para el abogado, la bipolaridad y la depresión que tendrían los empresarios, sólo buscaría ocultar las transferencias del excedente que generaba la fundación al grupo económico que dirige Manuel Cruzat, a quien considera parte de “esta gran estafa colectiva a los estudiantes de medicina”. Por eso, sostuvo, se concentrarán en investigar a los otros involucrados en el caso.
Cabe señalar que, en el momento en que se reactivó este caso, después de casi 8 años desde que las directoras de la entidad de beneficencia y primas de los acusados, Sonia y Mayra Poklepovic, presentaran la querella, conversamos con Giorgio Boccardo, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en los años 2006 y 2007, y quien se hizo parte de la querella. Para el ex dirigente estudiantil, lo más importante aquí es el daño que se les está haciendo a los jóvenes con esta estafa.
Boccardo señaló que “a estas alturas estamos hablando de casi 80 o 100 becarios que el país se perdió, justamente por el estos desvíos. No estamos hablando en el contexto de los becarios Conicyt, o de la cantidad de estudiantes que están haciendo sus doctorados fuera de Chile. 80 o 100 becarios en 10 años es mucho capital perdido, no solamente para la formación de estudiantes, sino que para el impacto que puede haber tenido para la medicina chilena”.
El joven afirmó que ve muy difícil que se pueda recuperar este capital, que es realmente la finalidad de insistir en la causa, pero que siguen esperando los resultados finales de esta investigación.
Además de Juan Braun Lyon, Juan Braun Llona y Manuel Cruzat están vinculados con el proceso Delia Valdés, esposa de Cruzat, quien también se habría beneficiado del dinero, el perito de PDI, Juan Silva, quien -según confirmaron los tribunales- adulteró el informe económico favorable a los Braun y Fernando Lefort, actual decano de Economía de la Universidad Diego Portales (UDP), quien confesó haber recibido un pago de ocho millones de pesos para su realizar dicho documento.
