Organizaciones insisten en “transparentar” cifras de reconstrucción y Ejecutivo defiende avances
En medio de las conmemoraciones por el 27F, organizaciones sociales criticaron el uso político que el Ejecutivo le ha dado al tema y anunciaron una solicitud dirigida al Ministerio de Vivienda –asesorada por el Consejo para la Trasparencia – para que detalle el desglose de los avances en la reedificación. El Gobierno, en tanto, destacó el 87% reconstruido después de la magnitud de la tragedia.
Miércoles 27 de febrero 2013 14:04 hrs.
Pese a las positivas cifras de reconstrucción que ha entregado el gobierno – que según el último reporte en la materia registra un 87 por ciento de avance – organizaciones ciudadanas de afectados por el sismo criticaron la poca transparencia de las mismas.
Así lo señalan por lo menos 20 agrupaciones dentro de las que destacan el Movimiento Nacional para la reconstrucción Justa, la Red Construyamos, el Observatorio 27 de febrero y la organización internacional “Hábitat por la humanidad”, entidad presente en 120 países.
A juicio de los afectados por el terremoto, no existe claridad respecto del desglose de las cifras de avance de reconstrucción, ya que según datos que ellos manejan, si definimos reconstrucción en casas terminadas y entregadas sólo se registra un 44 por ciento de cumplimiento.
Esta incongruencia en las cifras se debe a que el gobierno considera dentro de los datos, subsidios de reconstrucción, que en algunos casos son mínimos y en otros, como en la Villa Olímpica, se utilizaron en obras que resultaron ser imperfectas, proyectos de obras y solicitudes pendientes.
Por lo mismo, y en conjunto con el Consejo para la Transparencia, entidad con la que llevan trabajando hace algunas semanas, es que se está preparando una solicitud al MINVU para que se clarifique, con un desglose completo el estado de reconstrucción en el país.
A juicio de las organizaciones, con estos datos se debe comenzar a elaborar un plan real de reconstrucción, que sea de Estado y no como instrumento político del gobierno como sostiene el vocero del Observatorio 27 de febrero, Henry Herrera.
“Los terremotos previos generaron institucionalidad y reformas en la norma de urbanismo y construcción. Pasó con el terremoto de Talca en la década del ´30. Esta era la oportunidad para haber mejorado, teniendo en cuenta la tecnología que tenemos y el mayor desarrollo económico y social de Chile, la situación de las ciudades chilenas. Por el contrario, se han ido deteriorando los contextos de las grandes y pequeñas urbes. En ese sentido, esta fue una oportunidad despreciada. Podría haberse hecho mucho más con la participación de la ciudadanía”, afirmó Herrera.
Además existen denuncias de desplazamientos forzados de pobladores como en Constitución y Talca a sectores periféricos de la ciudad y con altos niveles de hacinamiento, construyéndose en los terrenos desocupados complejos de empresas constructoras privadas.
Para la Secretaria General de “Hábitat para la humanidad”, Ana Sugranyes, el hacinamiento al que se ven expuestos los pobladores en los complejos creados por el Ejecutivo, van en contra de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado.
“Esta reconstrucción debe centrarse en un enfoque de derechos humanos. Hay responsabilidades y obligaciones del Estado, que están definidas en tratados internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales y que no están apareciendo en ninguna de las medidas que se están dando en la reconstrucción”, aseguró la vocera de Hábitat para la humanidad.
El gobierno por su parte sigue defendiendo las cifras que se han entregado en materia de reconstrucción. Así lo sostuvo el Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez en Constitución y también el ministro de Hacienda, Felipe Larraín quién afirmó que en estos tres años se ha alcanzado un aporte privado de 100 millones de dólares que ha ido en directo beneficio de las regiones afectadas.
Misma opinión tiene el diputado de la UDI, Cristian Letelier, quien recalcó los avances en la materia.
“Creemos firmemente en que se ha avanzado mucho y esperamos que al final del gobierno quede muy poco que reconstruir. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta administración que en tres años ha podido reconstruir más del 60 por ciento después de un tremendo terremoto y maremoto”, dijo el parlamentario.
Larraín precisó que de los cerca de US$ 100 millones aportados se desglosan en: US$ 40.289.574 de donaciones ingresadas al amparo de la ley 20.444; US$ 34.866.340 de donaciones comprometidas y en tramitación, y US$ 24.186.403 de otras donaciones no acogidas a la ley 20.444.
En relación a las entidades beneficiadas, el titular de Hacienda puntualizó que 138 proyectos corresponden a educación; 91 a iglesias; 12 a reactivación del comercio; 11 a cultura; 10 a salud; 7 a recintos deportivos; y 12 a otras iniciativas.
Pese a las positivas cifras de reconstrucción que ha entregado el gobierno – que según el último reporte en la materia registra un 87 por ciento de avance – organizaciones ciudadanas de afectados por el sismo criticaron la poca transparencia de las mismas.
Así lo señalan por lo menos 20 agrupaciones dentro de las que destacan el Movimiento Nacional para la reconstrucción Justa, la Red Construyamos, el Observatorio 27 de febrero y la organización internacional “Hábitat por la humanidad”, entidad presente en 120 países.
A juicio de los afectados por el terremoto, no existe claridad respecto del desglose de las cifras de avance de reconstrucción, ya que según datos que ellos manejan, si definimos reconstrucción en casas terminadas y entregadas sólo se registra un 44 por ciento de cumplimiento.
Esta incongruencia en las cifras se debe a que el gobierno considera dentro de los datos, subsidios de reconstrucción, que en algunos casos son mínimos y en otros, como en la Villa Olímpica, se utilizaron en obras que resultaron ser imperfectas, proyectos de obras y solicitudes pendientes.
Por lo mismo, y en conjunto con el Consejo para la Transparencia, entidad con la que llevan trabajando hace algunas semanas, es que se está preparando una solicitud al MINVU para que se clarifique, con un desglose completo el estado de reconstrucción en el país.
A juicio de las organizaciones, con estos datos se debe comenzar a elaborar un plan real de reconstrucción, que sea de Estado y no como instrumento político del gobierno como sostiene el vocero del Observatorio 27 de febrero, Henry Herrera.
“Los terremotos previos generaron institucionalidad y reformas en la norma de urbanismo y construcción. Pasó con el terremoto de Talca en la década del ´30. Esta era la oportunidad para haber mejorado, teniendo en cuenta la tecnología que tenemos y el mayor desarrollo económico y social de Chile, la situación de las ciudades chilenas. Por el contrario, se han ido deteriorando los contextos de las grandes y pequeñas urbes. En ese sentido, esta fue una oportunidad despreciada. Podría haberse hecho mucho más con la participación de la ciudadanía”, afirmó Herrera.
Además existen denuncias de desplazamientos forzados de pobladores como en Constitución y Talca a sectores periféricos de la ciudad y con altos niveles de hacinamiento, construyéndose en los terrenos desocupados complejos de empresas constructoras privadas.
Para la Secretaria General de “Hábitat para la humanidad”, Ana Sugranyes, el hacinamiento al que se ven expuestos los pobladores en los complejos creados por el Ejecutivo, van en contra de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado.
“Esta reconstrucción debe centrarse en un enfoque de derechos humanos. Hay responsabilidades y obligaciones del Estado, que están definidas en tratados internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales y que no están apareciendo en ninguna de las medidas que se están dando en la reconstrucción”, aseguró la vocera de Hábitat para la humanidad.
El gobierno por su parte sigue defendiendo las cifras que se han entregado en materia de reconstrucción. Así lo sostuvo el Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez en Constitución y también el ministro de Hacienda, Felipe Larraín quién afirmó que en estos tres años se ha alcanzado un aporte privado de 100 millones de dólares que ha ido en directo beneficio de las regiones afectadas.
Misma opinión tiene el diputado de la UDI, Cristian Letelier, quien recalcó los avances en la materia.
“Creemos firmemente en que se ha avanzado mucho y esperamos que al final del gobierno quede muy poco que reconstruir. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta administración que en tres años ha podido reconstruir más del 60 por ciento después de un tremendo terremoto y maremoto”, dijo el parlamentario.
Larraín precisó que de los cerca de US$ 100 millones aportados se desglosan en: US$ 40.289.574 de donaciones ingresadas al amparo de la ley 20.444; US$ 34.866.340 de donaciones comprometidas y en tramitación, y US$ 24.186.403 de otras donaciones no acogidas a la ley 20.444.
En relación a las entidades beneficiadas, el titular de Hacienda puntualizó que 138 proyectos corresponden a educación; 91 a iglesias; 12 a reactivación del comercio; 11 a cultura; 10 a salud; 7 a recintos deportivos; y 12 a otras iniciativas.
Pese a las positivas cifras de reconstrucción que ha entregado el gobierno – que según el último reporte en la materia registra un 87 por ciento de avance – organizaciones ciudadanas de afectados por el sismo criticaron la poca transparencia de las mismas.
Así lo señalan por lo menos 20 agrupaciones dentro de las que destacan el Movimiento Nacional para la reconstrucción Justa, la Red Construyamos, el Observatorio 27 de febrero y la organización internacional “Hábitat por la humanidad”, entidad presente en 120 países.
A juicio de los afectados por el terremoto, no existe claridad respecto del desglose de las cifras de avance de reconstrucción, ya que según datos que ellos manejan, si definimos reconstrucción en casas terminadas y entregadas sólo se registra un 44 por ciento de cumplimiento.
Esta incongruencia en las cifras se debe a que el gobierno considera dentro de los datos, subsidios de reconstrucción, que en algunos casos son mínimos y en otros, como en la Villa Olímpica, se utilizaron en obras que resultaron ser imperfectas, proyectos de obras y solicitudes pendientes.
Por lo mismo, y en conjunto con el Consejo para la Transparencia, entidad con la que llevan trabajando hace algunas semanas, es que se está preparando una solicitud al MINVU para que se clarifique, con un desglose completo el estado de reconstrucción en el país.
A juicio de las organizaciones, con estos datos se debe comenzar a elaborar un plan real de reconstrucción, que sea de Estado y no como instrumento político del gobierno como sostiene el vocero del Observatorio 27 de febrero, Henry Herrera.
“Los terremotos previos generaron institucionalidad y reformas en la norma de urbanismo y construcción. Pasó con el terremoto de Talca en la década del ´30. Esta era la oportunidad para haber mejorado, teniendo en cuenta la tecnología que tenemos y el mayor desarrollo económico y social de Chile, la situación de las ciudades chilenas. Por el contrario, se han ido deteriorando los contextos de las grandes y pequeñas urbes. En ese sentido, esta fue una oportunidad despreciada. Podría haberse hecho mucho más con la participación de la ciudadanía”, afirmó Herrera.
Además existen denuncias de desplazamientos forzados de pobladores como en Constitución y Talca a sectores periféricos de la ciudad y con altos niveles de hacinamiento, construyéndose en los terrenos desocupados complejos de empresas constructoras privadas.
Para la Secretaria General de “Hábitat para la humanidad”, Ana Sugranyes, el hacinamiento al que se ven expuestos los pobladores en los complejos creados por el Ejecutivo, van en contra de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado.
“Esta reconstrucción debe centrarse en un enfoque de derechos humanos. Hay responsabilidades y obligaciones del Estado, que están definidas en tratados internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales y que no están apareciendo en ninguna de las medidas que se están dando en la reconstrucción”, aseguró la vocera de Hábitat para la humanidad.
El gobierno por su parte sigue defendiendo las cifras que se han entregado en materia de reconstrucción. Así lo sostuvo el Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez en Constitución y también el ministro de Hacienda, Felipe Larraín quién afirmó que en estos tres años se ha alcanzado un aporte privado de 100 millones de dólares que ha ido en directo beneficio de las regiones afectadas.
Misma opinión tiene el diputado de la UDI, Cristian Letelier, quien recalcó los avances en la materia.
“Creemos firmemente en que se ha avanzado mucho y esperamos que al final del gobierno quede muy poco que reconstruir. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta administración que en tres años ha podido reconstruir más del 60 por ciento después de un tremendo terremoto y maremoto”, dijo el parlamentario.
Larraín precisó que de los cerca de US$ 100 millones aportados se desglosan en: US$ 40.289.574 de donaciones ingresadas al amparo de la ley 20.444; US$ 34.866.340 de donaciones comprometidas y en tramitación, y US$ 24.186.403 de otras donaciones no acogidas a la ley 20.444.
En relación a las entidades beneficiadas, el titular de Hacienda puntualizó que 138 proyectos corresponden a educación; 91 a iglesias; 12 a reactivación del comercio; 11 a cultura; 10 a salud; 7 a recintos deportivos; y 12 a otras iniciativas.
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