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Afectados por cierre de colegios en La Florida y La Cisterna anuncian manifestaciones

En el marco del inicio del año escolar 2013, profesores, apoderados y alumnos de los colegios afectados criticaron el actuar del Ejecutivo, por no resguardar el derecho de los estudiantes, y anunciaron movilizaciones para este lunes en distintos establecimientos de la capital. En tanto, el Colegio de Profesores instó a los parlamentarios a cursar la Acusación Constitucional contra el ministro del sector, Harald Beyer, señalando que no informó a los municipios de una glosa especial para salvaguardar la educación municipalizada, lo que generó la revocación de 42 establecimientos a lo largo del país.

Mariano Rivera

  Domingo 3 de marzo 2013 22:03 hrs. 
educacion-chile

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Este lunes se inicia por completo el año escolar 2013 en todos los establecimientos y a lo largo del país, y en ese contexto, directores comunales y docentes afectados por la revocación de escuelas municipales de La Florida y La Cisterna, junto al Colegio de Profesores, criticaron la medida de cierre de colegios municipalizados, culparon al Ministerio de Educación por “dejar morir la formación pública” y anunciaron nuevas movilizaciones y manifestaciones por lo que consideraron una determinación arbitraria e ideológica.

Luis Ortega, profesor del liceo Sergio Silva Acuña en la comuna de La Cisterna, señaló que el golpe no sólo es para el profesorado, sino que fundamentalmente para los apoderados y sus hijos, quienes se verán imposibilitados de continuar con sus estudios y generarán por tanto, un importante número de deserción.

Ortega sostuvo que tanto el Mineduc, como el alcalde concertacionista Santiago Rebolledo, no han querido revertir la medida de cierre, adoptada el 26 de diciembre de 2012, por lo que además instó al bloque opositor a referirse sobre esta decisión que no propende a la formación social sino que al mercado.

Al respecto Ortega añadió que “la escuela cumple un rol social, y a ella se les esta cerrando la puerta y se les está diciendo que tienen la posibilidad de irse a otro establecimiento educacional, pero éstos quedan demasiado retirados. Además los apoderados quieren exigir el derecho que les da la constitución de elegir donde quieren educar a sus hijos.  El principal argumento del alcalde es que no puede pagar los sueldos de los profesores, el año 86 nosotros fuimos traspasados al municipio, por lo tanto este déficit viene de hace mas de veinte años. Ahora el emplazamiento a la concertación es si la defensa de la educación pasa por cerrar colegios”.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, recalcó que esta decisión atraviesa fundamentalmente por el ministro del sector, Harald Beyer, quien no ha dado aviso a los alcaldes de los recurso especiales para proteger la educación pública municipalizada, obligando a las autoridades locales a tomar medidas de cierre.

En esa línea, Gajardo indicó que “el ocultamiento de esta información” constituye un argumento más para acusar constitucionalmente al titular del Mineduc, por cuanto ha faltado nuevamente al estatuto administrativo:

Al respecto, Gajardo agregó que “en el presupuesto para el 2013 se aprobó una partida especial de 175 millones de dólares, que era precisamente para hacer un salvataje de la educación municipal y que tenía tres objetivos específicos, como capturar matriculas, hacer proyectos atractivos para la comunidad y sobre todo el mejoramiento de infraestructura. Sin embargo, estos  recursos no han llegado a tiempo y se ha optado por cerrar las escuelas por falta de recursos. Como es una ley de la República, concurren todos los elementos para proceder con una acusación constitucional contra el ministro”.

Los profesores, alumnos y apoderados afectados por el cierre de cuatro establecimientos en las comunas de La Florida y La Cisterna, además de los liceos que verán mutilado su estructura ya que deberán cancelar la formación básica y sólo continuar con la enseñanza media, realizarán las ceremonias tradicionales de inicio de año escolar, en señal de descontento y desacato a una medida que consideraron inconstitucional, no informada a tiempo y que tendrá repercusiones en los sectores y alumnados más vulnerables del país.

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