Iquique, Arica, Alto Hospicio y Pozo Almonte son algunas de las localidades que presentan exceso en los niveles de arsénico de su agua potable. Incluso en algunos sectores triplicaría la norma vigente, además, también superan la norma en manganeso y sulfatos.
Jefes comunales como el de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, afirman que el municipio no es el responsable de velar por que los estándares se mantengan, sino que es rol de las empresas. “Aguas del Altiplano”, empresa concesionaria de la que dependen estos sectores, anuncia que tiene de plazo hasta el 2017 para hacer las inversiones que le permitan adecuarse a la norma.
En este escenario es que los ciudadanos se movilizaron. El Comité de Defensa de la Madre Tierra – Tarapacá (CODEMAT) llevó este lunes un oficio a la superintendencia.
“Nosotros solicitamos a la superintendencia que nos aclare el por qué se instala una planta de reducción de arsénico en Alto Hospicio y Alto Hospicio continua recibiendo y pagando por un agua potable tres veces sobre la norma”, explicó el presidente de la organización, Arturo Neira. “La segunda situación que nos inquieta es por qué en las comunidades más pequeñas del interior de la región, estamos hablando de Pica, Pozo Almonte, no se le exige a las empresas que hagan un análisis más completo respecto de la calidad del agua potable”, prosiguió.
Además Neira indicó que están exigiendo a la superintendencia que informe cuáles son los contenidos del contrato de concesión sobre la calidad del agua potable. Esto más complejo aun, considerando que la norma chilena establece un máximo de 0,01 milímetros por litro, lo que es mucho más permisivo que los 0,001 que se pide en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Por su parte, desde el Colegio Médico, Enrique Paris, se mostraró indignado ante las municipalidades que no le toman el peso a esta situación, ya que no hacen cumplir la norma y tampoco les dan soluciones a las personas. Con esto coincidió el toxicólogo de la Universidad de Chile, el doctor Andrei Tchernichin.
“Yo creo que eso debería ser exigible, tienen la obligación de cumplir la norma”, señala el especialista. “Ahora si no la cumplen por algún motivo ahí tiene que tratarse el agua para eliminar el arsénico por todos los problemas de salud que produce. La autoridad tiene que exigir el cumplimiento de la norma legalmente, aunque se pase en un 1 por ciento tiene que exigirla”.
El especialista recordó que el daño que causa el arsénico se acumula y puede generar cáncer al pulmón, a la vejiga, el riñón, el hígado y a la piel. Además, si el agua es consumida por una mujer embarazada, sus hijos van a tener más posibilidad de desarrollar algunas enfermedades respiratorias. El arsénico también afecta el sistema nervioso y el cardiovascular, ya que aumenta la posibilidad de gente joven de generar infarto al miocardio.
Por esto indicó Tchernichin, se le debe dar un plazo breve a las empresas para regularizar la situación. Mientras, las autoridades deben ser muy rigurosas y efectivas en informar para evitar que mujeres embarazadas y todo aquel que quiera cuidarse pueda acceder a otras alternativas, como consumir agua embotellada.
En tanto, la superintendencia afirmó que estos datos corresponden a diciembre del 2012 y que están esperando los resultados del informe actualizado que se entregará el próximo 10 de marzo.