Los diputados de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio y Gabriel Silber presentaron hace semanas una denuncia en Contraloría, por supuestas irregularidades en la licitación de publicidad de distintas reparticiones del Estado.
Este jueves, la Contraloría General de la República, que dirige Ramiro Mendoza, dio razón a los legisladores, ordenando sumarios en los ministerios del Interior, de Vivienda y en la subsecretaría de Previsión Social.
Dichas carteras del Estado “incumplieron gravemente las bases del convenio marco sobre contratación de publicidad” en distintos programas, aseguraron, pasando a llevar normas relacionadas con sistemas de evaluación, falta de comparaciones en las órdenes de compra, entre otras irregularidades.
Ante esto, Silber agregó que es más preocupante el aspecto propagandístico de las campañas alusivas a los programas “Reconstruyendo un Chile Mejor”, “Denuncia Seguro” y del plan de difusión de la disminución del 7% de cotizaciones a adultos mayores.
“Nosotros queremos ir más allá del tema económico y de la cuantía de los recursos involucrados y denunciar derechamente al Gobierno de Sebastián Piñera por malgastar. Hay que entender que la prioridad de los recursos públicos no está en la publicidad o en la difusión sino en que se invierta en beneficios sociales o en programas destinados a la comunidad y no a hacer política con estos recursos”, afirmó el parlamentario.
Aun así, el diputado dijo que se persistirá judicializando el caso, pero reiterando siempre su inquietud con respecto al afán de la difusión de contenidos publicitario.
“Vamos a perseverar con esta presentación ante la Fiscalía Nacional Económica. Sentimos que aquí hay una suerte de reparto o de colusión de distintas agencias de publicidad que se adjudican vulnerando las normas de probidad y se reparten el mercado comunicacional de este gobierno, lo que a mi juicio es grave, pero lo peor es que aquí se hace derechamente propaganda política a costa de los bolsillos de los chilenos”, indicó.
El caso, recuerda a un episodio similar, ocurrido antes que asumiera el Gobierno de Sebastián Piñera, donde la entonces oposición, encabezada por los senadores Alberto Espina (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) reclamaron una “difusión de las obras” del Gobierno de Michelle Bachelet, “absolutamente extemporánea, innecesaria y, además, un abuso de poder”.
Sin embargo, hasta ahora, los ministerios y la subsecretaría aludidos no se han referido al tema, pese a ser consultados, en el caso de Vivienda y Previsión Social.
Los diputados de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio y Gabriel Silber presentaron hace semanas una denuncia en Contraloría, por supuestas irregularidades en la licitación de publicidad de distintas reparticiones del Estado.
Este jueves, la Contraloría General de la República, que dirige Ramiro Mendoza, dio razón a los legisladores, ordenando sumarios en los ministerios del Interior, de Vivienda y en la subsecretaría de Previsión Social.
Dichas carteras del Estado “incumplieron gravemente las bases del convenio marco sobre contratación de publicidad” en distintos programas, aseguraron, pasando a llevar normas relacionadas con sistemas de evaluación, falta de comparaciones en las órdenes de compra, entre otras irregularidades.
Ante esto, Silber agregó que es más preocupante el aspecto propagandístico de las campañas alusivas a los programas “Reconstruyendo un Chile Mejor”, “Denuncia Seguro” y del plan de difusión de la disminución del 7% de cotizaciones a adultos mayores.
“Nosotros queremos ir más allá del tema económico y de la cuantía de los recursos involucrados y denunciar derechamente al Gobierno de Sebastián Piñera por malgastar. Hay que entender que la prioridad de los recursos públicos no está en la publicidad o en la difusión sino en que se invierta en beneficios sociales o en programas destinados a la comunidad y no a hacer política con estos recursos”, afirmó el parlamentario.
Aun así, el diputado dijo que se persistirá judicializando el caso, pero reiterando siempre su inquietud con respecto al afán de la difusión de contenidos publicitario.
“Vamos a perseverar con esta presentación ante la Fiscalía Nacional Económica. Sentimos que aquí hay una suerte de reparto o de colusión de distintas agencias de publicidad que se adjudican vulnerando las normas de probidad y se reparten el mercado comunicacional de este gobierno, lo que a mi juicio es grave, pero lo peor es que aquí se hace derechamente propaganda política a costa de los bolsillos de los chilenos”, indicó.
El caso, recuerda a un episodio similar, ocurrido antes que asumiera el Gobierno de Sebastián Piñera, donde la entonces oposición, encabezada por los senadores Alberto Espina (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) reclamaron una “difusión de las obras” del Gobierno de Michelle Bachelet, “absolutamente extemporánea, innecesaria y, además, un abuso de poder”.
Sin embargo, hasta ahora, los ministerios y la subsecretaría aludidos no se han referido al tema, pese a ser consultados, en el caso de Vivienda y Previsión Social.
Los diputados de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio y Gabriel Silber presentaron hace semanas una denuncia en Contraloría, por supuestas irregularidades en la licitación de publicidad de distintas reparticiones del Estado.
Este jueves, la Contraloría General de la República, que dirige Ramiro Mendoza, dio razón a los legisladores, ordenando sumarios en los ministerios del Interior, de Vivienda y en la subsecretaría de Previsión Social.
Dichas carteras del Estado “incumplieron gravemente las bases del convenio marco sobre contratación de publicidad” en distintos programas, aseguraron, pasando a llevar normas relacionadas con sistemas de evaluación, falta de comparaciones en las órdenes de compra, entre otras irregularidades.
Ante esto, Silber agregó que es más preocupante el aspecto propagandístico de las campañas alusivas a los programas “Reconstruyendo un Chile Mejor”, “Denuncia Seguro” y del plan de difusión de la disminución del 7% de cotizaciones a adultos mayores.
“Nosotros queremos ir más allá del tema económico y de la cuantía de los recursos involucrados y denunciar derechamente al Gobierno de Sebastián Piñera por malgastar. Hay que entender que la prioridad de los recursos públicos no está en la publicidad o en la difusión sino en que se invierta en beneficios sociales o en programas destinados a la comunidad y no a hacer política con estos recursos”, afirmó el parlamentario.
Aun así, el diputado dijo que se persistirá judicializando el caso, pero reiterando siempre su inquietud con respecto al afán de la difusión de contenidos publicitario.
“Vamos a perseverar con esta presentación ante la Fiscalía Nacional Económica. Sentimos que aquí hay una suerte de reparto o de colusión de distintas agencias de publicidad que se adjudican vulnerando las normas de probidad y se reparten el mercado comunicacional de este gobierno, lo que a mi juicio es grave, pero lo peor es que aquí se hace derechamente propaganda política a costa de los bolsillos de los chilenos”, indicó.
El caso, recuerda a un episodio similar, ocurrido antes que asumiera el Gobierno de Sebastián Piñera, donde la entonces oposición, encabezada por los senadores Alberto Espina (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) reclamaron una “difusión de las obras” del Gobierno de Michelle Bachelet, “absolutamente extemporánea, innecesaria y, además, un abuso de poder”.
Sin embargo, hasta ahora, los ministerios y la subsecretaría aludidos no se han referido al tema, pese a ser consultados, en el caso de Vivienda y Previsión Social.
