La tramitación del proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos continúa avanzando y el proyecto inicial se va complementando con distintos aportes que surgieron de la discusión parlamentaria y que se sumarían al análisis en una serie de indicaciones, las que pueden ser presentadas hasta el próximo martes 12 de marzo.
Uno de los temas fue la necesidad de abordar en detalle la definición de “violación” de los derechos, así como de quienes son considerados agentes violadores.
“Todavía hay que hacer bastante pedagogía para entender que lo que se va a ver es justamente aquellas acciones que realizan los agentes del Estado en contraposición al ejercicio de derechos de parte de la ciudadanía”, expresó Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La Directora añadió que, históricamente el Instituto ha apoyado la creación de una instancia que coordine las políticas públicas, para darle más fuerza a las acciones en materia de Derechos Humanos por parte del Ejecutivo, llenando así un vacío legal e institucional.
En ese sentido, Lorena Fries agradeció que se recogiera la sugerencia de coordinar las acciones para proteger los derechos fundamentales y destacó que se integrara al debate la figura del “Defensor del Pueblo”, siguiendo las recomendaciones internacionales. Con esto coincidió el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, quien se refirió la importancia de esta figura.
“Es una sentida aspiración de todos los defensores de los derechos humanos, por cuanto es una instancia que se especializa en el tipo de violaciones o atentados que los agentes del Estado cometen en prejuicio de los derechos establecidos por el orden internacional”, señaló.
Taborga afirmó que esto es particularmente relevante en una época de cuestionamientos por la violencia ejercida por las fuerzas especiales en las movilizaciones sociales o en el contexto del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.
“Se requiere con urgencia una entidad pueda cumplir este rol y momento de conversarlo es ahora”, afirmó. Frente a esto se refirió también el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Alberto Coddeu.
“El tema es que la Subsecretaría es un órgano de gobierno, entonces no puede aspirar a mucho más que acciones de coordinación”, explicó el abogado. “Lo mejor es darle a la sociedad civil un pode mucho más importante o darle a un organismo autónomo, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, atribuciones mayores de las que hoy día tiene”, propuso.
Así el próximo martes se retoma la discusión, ya con las indicaciones presentadas y desde las organizaciones afirmaron que esperan que estos nuevos elementos de debate puedan enriquecer el proyecto y seguir así avanzando en el desarrollo de nuestra institucionalidad en materia de Derechos Humanos.