La ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, anunció la postergación del Consejo de Ministros, que deberá dar el dictamen final sobre el polémico proyecto Hidroaysén, que contempla cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, con una capacidad de 2 mil 750 MW y una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares.
Peter Hartmann, del movimiento Patagonia Sin Represas, subrayó la inviabilidad del proyecto, y advirtió que la iniciativa no trae beneficios al país.
“Hay que recordar que Colbún no quiere seguir y es el 49 por ciento del proyecto. Endesa está haciendo lo humanamente posible, trayendo hasta el rey de España para tratar de salvar el proyecto. Es un claro síntoma de que la cosa no funciona. La única forma en la que esto puede resultar es con respiración artificial y se la quieren dar a través de la ley de la carretera eléctrica. Esperemos que los parlamentarios se den cuenta que la carretera eléctrica no es para los chilenos, sino para que las transnacionales logren su negocio: el eléctrico y el minero”, afirmó Hartmann.
La respuesta a este anuncio no se hizo esperar, ya que Hidroaysén fijó un plazo hasta abril para recibir la respuesta desde el Ejecutivo. En caso de no contar con un dictamen, Endesa podría presentar una denuncia por “silencio administrativo”, que buscaría dar curso al proyecto sólo con la Evaluación de Impacto Ambiental.
A juicio del senador Antonio Horvath, esta conducta refleja la desesperación por lograr una respuesta ante el proyecto hidroeléctrico y señaló que son inaceptables las presiones desde los empresarios, más aun sin considerar otras fuentes de energía.
“Endesa no tiene ningún derecho y menos Enel, que es la empresa italiana que se ha hecho cargo de los proyectos de Endesa, de presionar al Estado. Ellos son recibidos en La Moneda, andan como Pedro por su casa con estas cosas y Chile es un país más serio que no puede dejarse presionar por proyectos que producen un daño irreversible en el sur y en la Patagonia chilena y que van a producir una energía muy cara, habiendo mejores opciones. Es cosa de mirar del río Aconcagua hacia el sur, la cantidad de caídas de agua en lugares mucho más necesarios y más cercanos donde se puede dotar de agua para bebida, riego y también para energía”, indicó el parlamentario.
El anuncio surge a pocos días que la justicia revocara el dictamen de este Consejo respecto al proyecto Punta Alcalde. Con ello, grupos ambientalistas ponen en duda la efectividad del Consejo de Ministros.
El director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, apuntó que esta instancia refleja los vacíos que existen en la modernización de la legislación ambiental.
“Es un punto donde la reforma de la institucionalidad ambiental deja una gran deuda. Se supone que estamos recién empezando la implementación de nueva normativa que se tramitó durante varios años y que prometía resolver una serie de deficiencias que tenía la creada en los ´90, pero nos damos cuenta que se siguen manteniendo esas deficiencias y tienen que ver con la alta presencia del ámbito político en las decisiones ambientales”, sentenció Cuenca.
Tanto parlamentarios como grupos ambientalistas exigen un pronunciamiento del Ejecutivo ante Hidroaysén, que considere el rechazo ciudadano y los múltiples tropiezos judiciales que registra su aprobación. El factor económico también influye, desde el momento en que Colbún, empresa que controla un 49%, admite un alza en los costos que significa su aprobación.
La ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, anunció la postergación del Consejo de Ministros, que deberá dar el dictamen final sobre el polémico proyecto Hidroaysén, que contempla cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, con una capacidad de 2 mil 750 MW y una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares.
Peter Hartmann, del movimiento Patagonia Sin Represas, subrayó la inviabilidad del proyecto, y advirtió que la iniciativa no trae beneficios al país.
“Hay que recordar que Colbún no quiere seguir y es el 49 por ciento del proyecto. Endesa está haciendo lo humanamente posible, trayendo hasta el rey de España para tratar de salvar el proyecto. Es un claro síntoma de que la cosa no funciona. La única forma en la que esto puede resultar es con respiración artificial y se la quieren dar a través de la ley de la carretera eléctrica. Esperemos que los parlamentarios se den cuenta que la carretera eléctrica no es para los chilenos, sino para que las transnacionales logren su negocio: el eléctrico y el minero”, afirmó Hartmann.
La respuesta a este anuncio no se hizo esperar, ya que Hidroaysén fijó un plazo hasta abril para recibir la respuesta desde el Ejecutivo. En caso de no contar con un dictamen, Endesa podría presentar una denuncia por “silencio administrativo”, que buscaría dar curso al proyecto sólo con la Evaluación de Impacto Ambiental.
A juicio del senador Antonio Horvath, esta conducta refleja la desesperación por lograr una respuesta ante el proyecto hidroeléctrico y señaló que son inaceptables las presiones desde los empresarios, más aun sin considerar otras fuentes de energía.
“Endesa no tiene ningún derecho y menos Enel, que es la empresa italiana que se ha hecho cargo de los proyectos de Endesa, de presionar al Estado. Ellos son recibidos en La Moneda, andan como Pedro por su casa con estas cosas y Chile es un país más serio que no puede dejarse presionar por proyectos que producen un daño irreversible en el sur y en la Patagonia chilena y que van a producir una energía muy cara, habiendo mejores opciones. Es cosa de mirar del río Aconcagua hacia el sur, la cantidad de caídas de agua en lugares mucho más necesarios y más cercanos donde se puede dotar de agua para bebida, riego y también para energía”, indicó el parlamentario.
El anuncio surge a pocos días que la justicia revocara el dictamen de este Consejo respecto al proyecto Punta Alcalde. Con ello, grupos ambientalistas ponen en duda la efectividad del Consejo de Ministros.
El director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, apuntó que esta instancia refleja los vacíos que existen en la modernización de la legislación ambiental.
“Es un punto donde la reforma de la institucionalidad ambiental deja una gran deuda. Se supone que estamos recién empezando la implementación de nueva normativa que se tramitó durante varios años y que prometía resolver una serie de deficiencias que tenía la creada en los ´90, pero nos damos cuenta que se siguen manteniendo esas deficiencias y tienen que ver con la alta presencia del ámbito político en las decisiones ambientales”, sentenció Cuenca.
Tanto parlamentarios como grupos ambientalistas exigen un pronunciamiento del Ejecutivo ante Hidroaysén, que considere el rechazo ciudadano y los múltiples tropiezos judiciales que registra su aprobación. El factor económico también influye, desde el momento en que Colbún, empresa que controla un 49%, admite un alza en los costos que significa su aprobación.
La ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, anunció la postergación del Consejo de Ministros, que deberá dar el dictamen final sobre el polémico proyecto Hidroaysén, que contempla cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, con una capacidad de 2 mil 750 MW y una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares.
Peter Hartmann, del movimiento Patagonia Sin Represas, subrayó la inviabilidad del proyecto, y advirtió que la iniciativa no trae beneficios al país.
“Hay que recordar que Colbún no quiere seguir y es el 49 por ciento del proyecto. Endesa está haciendo lo humanamente posible, trayendo hasta el rey de España para tratar de salvar el proyecto. Es un claro síntoma de que la cosa no funciona. La única forma en la que esto puede resultar es con respiración artificial y se la quieren dar a través de la ley de la carretera eléctrica. Esperemos que los parlamentarios se den cuenta que la carretera eléctrica no es para los chilenos, sino para que las transnacionales logren su negocio: el eléctrico y el minero”, afirmó Hartmann.
La respuesta a este anuncio no se hizo esperar, ya que Hidroaysén fijó un plazo hasta abril para recibir la respuesta desde el Ejecutivo. En caso de no contar con un dictamen, Endesa podría presentar una denuncia por “silencio administrativo”, que buscaría dar curso al proyecto sólo con la Evaluación de Impacto Ambiental.
A juicio del senador Antonio Horvath, esta conducta refleja la desesperación por lograr una respuesta ante el proyecto hidroeléctrico y señaló que son inaceptables las presiones desde los empresarios, más aun sin considerar otras fuentes de energía.
“Endesa no tiene ningún derecho y menos Enel, que es la empresa italiana que se ha hecho cargo de los proyectos de Endesa, de presionar al Estado. Ellos son recibidos en La Moneda, andan como Pedro por su casa con estas cosas y Chile es un país más serio que no puede dejarse presionar por proyectos que producen un daño irreversible en el sur y en la Patagonia chilena y que van a producir una energía muy cara, habiendo mejores opciones. Es cosa de mirar del río Aconcagua hacia el sur, la cantidad de caídas de agua en lugares mucho más necesarios y más cercanos donde se puede dotar de agua para bebida, riego y también para energía”, indicó el parlamentario.
El anuncio surge a pocos días que la justicia revocara el dictamen de este Consejo respecto al proyecto Punta Alcalde. Con ello, grupos ambientalistas ponen en duda la efectividad del Consejo de Ministros.
El director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, apuntó que esta instancia refleja los vacíos que existen en la modernización de la legislación ambiental.
“Es un punto donde la reforma de la institucionalidad ambiental deja una gran deuda. Se supone que estamos recién empezando la implementación de nueva normativa que se tramitó durante varios años y que prometía resolver una serie de deficiencias que tenía la creada en los ´90, pero nos damos cuenta que se siguen manteniendo esas deficiencias y tienen que ver con la alta presencia del ámbito político en las decisiones ambientales”, sentenció Cuenca.
Tanto parlamentarios como grupos ambientalistas exigen un pronunciamiento del Ejecutivo ante Hidroaysén, que considere el rechazo ciudadano y los múltiples tropiezos judiciales que registra su aprobación. El factor económico también influye, desde el momento en que Colbún, empresa que controla un 49%, admite un alza en los costos que significa su aprobación.
