Autoridades y parlamentarios afinan detalles para indemnizar a familias de víctimas del maremoto
Muy pronto podría acabarse la espera para las familias de los 156 muertos y 25 desaparecidos que dejó el maremoto del 27 de febrero, debido a una millonaria indemnización que se está negociando en La Moneda y cuenta con el apoyo del Presidente Piñera. Sin embargo, el abogado de las víctimas aclara que el caso está lejos de cerrarse, a la espera de que funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet cumplan con “responsabilidades penales”.
Lunes 11 de marzo 2013 19:34 hrs.
Los familiares de los 156 fallecidos y 25 desaparecidos que dejó el maremoto del 27 de febrero de 2010 estarían a punto de recibir una millonaria indemnización por parte del Estado, similar a la que ya fue otorgada a las familias de las víctimas de la tragedia de Antuco.
280 millones de pesos fueron repartidos a las familias de los 28 conscriptos fallecidos en aquella oportunidad, cifra similar a la solicitada al Estado por los familiares de los muertos y desaparecidos del 27 F.
Así lo confirman los diputados oficialistas querellantes en la causa de la fallida alerta de tsunami, quienes entregaron una carta al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, dirigida al presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de afinar los últimos detalles de estas compensaciones y recalcar su necesidad.
Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, expresó que el gobierno estaría muy comprometido con reparar económicamente a los afectados por la tragedia, para “evitar que se alarguen los juicios y las demandas civiles y así no hacer esperar a estas víctimas que, más que un dolor en el alma, también hay que tratar de compensarlos de manera económica”. También en palabras del diputado, el acuerdo en cuanto a la cifra podría lograrse a la brevedad.
Por su parte, el abogado representante de las familias afectadas, Raúl Meza, se mostró en conformidad con el estado de las negociaciones con el Gobierno y valoró la disposición del Presidente Sebastián Piñera de escuchar los testimonios de los familiares.
En palabras del abogado, la cifra estimada por el Gobierno está en concordancia con lo solicitado por los querellantes, aunque “lo que uno hubiese esperado de parte del Estado chileno es que hubiese habido una reparación del daño evidentemente mucho antes”.
Meza explicó que el cumplimiento de indemnizaciones civiles está lejos de convertirse en un cierre para el caso. “Aquí lo más relevante desde el punto de vista de la justicia hacia las víctimas es que haya responsables penales por las muertes de 156 compatriotas, que por una negligencia inexcusable de las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet lamentablemente hoy día estamos sufriendo su ausencia”, señaló.
Los diputados querellantes esperan reunirse con el presidente del Consejo de Defensa del Estado durante la próxima semana para avanzar en la obtención de estas indemnizaciones, necesarias para el cumplimiento de una responsabilidad estatal de reparar las negligencias de sus funcionarios.
Los familiares de los 156 fallecidos y 25 desaparecidos que dejó el maremoto del 27 de febrero de 2010 estarían a punto de recibir una millonaria indemnización por parte del Estado, similar a la que ya fue otorgada a las familias de las víctimas de la tragedia de Antuco.
280 millones de pesos fueron repartidos a las familias de los 28 conscriptos fallecidos en aquella oportunidad, cifra similar a la solicitada al Estado por los familiares de los muertos y desaparecidos del 27 F.
Así lo confirman los diputados oficialistas querellantes en la causa de la fallida alerta de tsunami, quienes entregaron una carta al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, dirigida al presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de afinar los últimos detalles de estas compensaciones y recalcar su necesidad.
Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, expresó que el gobierno estaría muy comprometido con reparar económicamente a los afectados por la tragedia, para “evitar que se alarguen los juicios y las demandas civiles y así no hacer esperar a estas víctimas que, más que un dolor en el alma, también hay que tratar de compensarlos de manera económica”. También en palabras del diputado, el acuerdo en cuanto a la cifra podría lograrse a la brevedad.
Por su parte, el abogado representante de las familias afectadas, Raúl Meza, se mostró en conformidad con el estado de las negociaciones con el Gobierno y valoró la disposición del Presidente Sebastián Piñera de escuchar los testimonios de los familiares.
En palabras del abogado, la cifra estimada por el Gobierno está en concordancia con lo solicitado por los querellantes, aunque “lo que uno hubiese esperado de parte del Estado chileno es que hubiese habido una reparación del daño evidentemente mucho antes”.
Meza explicó que el cumplimiento de indemnizaciones civiles está lejos de convertirse en un cierre para el caso. “Aquí lo más relevante desde el punto de vista de la justicia hacia las víctimas es que haya responsables penales por las muertes de 156 compatriotas, que por una negligencia inexcusable de las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet lamentablemente hoy día estamos sufriendo su ausencia”, señaló.
Los diputados querellantes esperan reunirse con el presidente del Consejo de Defensa del Estado durante la próxima semana para avanzar en la obtención de estas indemnizaciones, necesarias para el cumplimiento de una responsabilidad estatal de reparar las negligencias de sus funcionarios.
Los familiares de los 156 fallecidos y 25 desaparecidos que dejó el maremoto del 27 de febrero de 2010 estarían a punto de recibir una millonaria indemnización por parte del Estado, similar a la que ya fue otorgada a las familias de las víctimas de la tragedia de Antuco.
280 millones de pesos fueron repartidos a las familias de los 28 conscriptos fallecidos en aquella oportunidad, cifra similar a la solicitada al Estado por los familiares de los muertos y desaparecidos del 27 F.
Así lo confirman los diputados oficialistas querellantes en la causa de la fallida alerta de tsunami, quienes entregaron una carta al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, dirigida al presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de afinar los últimos detalles de estas compensaciones y recalcar su necesidad.
Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, expresó que el gobierno estaría muy comprometido con reparar económicamente a los afectados por la tragedia, para “evitar que se alarguen los juicios y las demandas civiles y así no hacer esperar a estas víctimas que, más que un dolor en el alma, también hay que tratar de compensarlos de manera económica”. También en palabras del diputado, el acuerdo en cuanto a la cifra podría lograrse a la brevedad.
Por su parte, el abogado representante de las familias afectadas, Raúl Meza, se mostró en conformidad con el estado de las negociaciones con el Gobierno y valoró la disposición del Presidente Sebastián Piñera de escuchar los testimonios de los familiares.
En palabras del abogado, la cifra estimada por el Gobierno está en concordancia con lo solicitado por los querellantes, aunque “lo que uno hubiese esperado de parte del Estado chileno es que hubiese habido una reparación del daño evidentemente mucho antes”.
Meza explicó que el cumplimiento de indemnizaciones civiles está lejos de convertirse en un cierre para el caso. “Aquí lo más relevante desde el punto de vista de la justicia hacia las víctimas es que haya responsables penales por las muertes de 156 compatriotas, que por una negligencia inexcusable de las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet lamentablemente hoy día estamos sufriendo su ausencia”, señaló.
Los diputados querellantes esperan reunirse con el presidente del Consejo de Defensa del Estado durante la próxima semana para avanzar en la obtención de estas indemnizaciones, necesarias para el cumplimiento de una responsabilidad estatal de reparar las negligencias de sus funcionarios.
