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Democracia y corrupción de los gobernantes en España


Lunes 11 de marzo 2013 17:47 hrs.


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La manida afirmación: de lo malo lo menos malo, no es alternativa. Conformarse no es solución. Los hechos muestran el error de asumir la fatalidad como resultado.  Gobiernan mediocres. Las consecuencias son devastadoras. La clase política se convierte en la avanzadilla de la corrupción y la negligencia.  La prueba, en España, el debate de la nación. Una representación teatral donde se trata de saber quién ganó a quien.  En este caso ¡¡¡Y tu más!!!  No hay altura de miras.  Mientras el presidente de gobierno habla de mejorar la imagen de España, señalando que  todos los países sufren corrupción, el representante del PSOE, propone su dimisión. Ambos enrocados en sus discursos han perdido el respeto a la ciudadanía. Ningún  problema que  preocupa a la población ha sido abordado.  Un paripé que transforma el Congreso en un  ring por el cual circula pesos pesados, medios y mosca, acorde al grupo parlamentario. Resultado final, la corrupción sigue en pie y nadie hace nada.

Nos dicen que la democracia son reglas del juego mediadas por una relación de cantidad. Mayorías versus minorías.  Su corolario, respetar a la minoría. Cubiertos los postulados del teorema democrático, la ecuación se resuelve bajo el paraguas de la gobernabilidad, gobernanza, transparencia y calidad democrática. Hoy en España tampoco se cumple.

Décadas viviendo en este credo lo convierte en un acto de fe.  Bajo el teorema de mayoría-minoría, veinte es mayor cinco. Pero la praxis de la democracia representativa va en sentido contrario. Veamos: si una comunidad electoral de veinte millones de ciudadanos es convocada a las urnas, la realidad  es más o menos la que sigue. Unos 8 millones de personas se abstienen, votan en blanco o anulan su voto, otros dos millones no están censados, aunque  cumplen los requisitos. Antes de saber quién ganará,   un  cincuenta por ciento está fuera de juego. De los diez millones restantes que concurren al mercado electoral, digo bien, mercado electoral,  el primer partido más votado alcanza unos 3 millones 700 mil de votos, el segundo  3 millones 300 mil, y el resto se desagrega  en un sin fin de organizaciones. El problema de la cantidad  se transforma en cualidad. De qué otra forma se justifica que un 23% es superior a un 77%. El acervo cuantitativo de la democracia no se cumple. Salvo si una  operación aritmética  convierte  el 50% en 100%.  Por arte de magia, el 23% se transforma en 42%.  El demos salva  su honor.  Con este imaginario, el Partido Popular dice tener  mayoría absoluta y legitimidad para hacer y deshacer a voluntad. ¡¡¡Pero si no llega al 25% real!!!

La democracia representativa y sus principios se tambalean. La legitimidad del orden político está al albur de una oligarquía que controla los mecanismos institucionales de participación, negociación y mediación. El capitalismo puede prescindir de la democracia,  pero no de la corrupción, mientras sea un sistema fundado en la acumulación de capital.  Parafraseando a los sofistas, para el capitalismo, el dinero es la medida de todas las cosas, de lo que existe para lo que es y de lo que no existe para lo que no es.  Las consecuencias de aplicarlo son nefastas. El grado de putrefacción de las instituciones, horadado por el ansia de acumular riqueza,   corrompe  el arte de la política.

No hay país capitalista en el cual   la corrupción institucional no prospere. España no es una excepción. En los tiempos que corren,  la política, se ve infectada de corruptos. Ya no buscan solo el enriquecimiento del partido, sino el suyo. El partido político aparece  como una plataforma idónea para  tal fin. Al menos como los conocemos hoy. Los partidos cobran porcentajes a empresarios, donantes forzosos o reciben dinero público en forma de subvenciones. Las cuentas  presentadas por el Partido Popular, en estos días, sin contar el dinero negro, da beneficios. ¿Como un partido político puede tener beneficios, si su objetivo no consiste en hacer caja?

En España, desde el establecimiento de la monarquía parlamentaria, la política salió del cuarto oscuro donde fue relegada por la dictadura. En medio del fascismo franquista, fue  vilipendiada, condenada y considerada una meretriz.   La necesidad de cambiar esta visión supuso un enorme esfuerzo. Todos los partidos políticos, derecha, socialdemocracia e izquierda, reivindicaron la vocación de Estado  presente en la actividad política.  La derecha liberal y conservadora le agregó el  amor a la patria.  La izquierda,  sumo el ser  expresión de la lucha social de las clases trabajadoras, explotadas y oprimidas. Y la socialdemocracia, se decantó por el adjetivo de “responsable”. Unos y otros, compartían  un imaginario.  Quienes accedían a la política lo hacían con sus diferencias  ideológicas, pero de manera  vocacional  y militante.

El ejemplo por antonomasia de político conservador, fue su adalid, ex-ministro de Franco,  Manuel Fraga Iribarne. Su perfil político, un hombre  que no amasa fortuna, vive del  sueldo  y  le guía su entrega a España (sic). Mientras tanto, la derecha progresista, presentó un personaje renovado, Adolfo Suarez, ex-secretario  general del movimiento, sin gran patrimonio, provinciano y reconvertido a la democracia.  La izquierda también incluyó íconos, Marcelino Camacho, militante comunista, ex-preso político, fundador de  Comisiones Obreras, de costumbres austeras, honrado y trabajador, vivía en un pequeño piso de una barriada obrera. Lo acompañaron, en esta caracterización, intelectuales y viejos militantes, entre ellos Rafael Alberti o La Pasionaria. Tenían las manos limpias y procedían del exilio. Por último,  El  PSOE, crea un caudillo a seguir, Felipe González, abogado laboralista,  representante de la nueva clase   media,  residente  en un barrio moderno, sin familia adinerada  ni fortuna personal.  Un hombre ligado a la España que nace, libre de coquetear  con la dictadura.

La actividad política se entronizo en la ciudadanía, era una actividad cercana. Muchos militantes aportaron su grano de arena.  Poco duró este  imaginario. Los años ochenta dejaron un reguero de corrupción y descrédito. Fue  el fin de un ciclo corto.

Felipe González,  presidente de gobierno con el PSOE (1982-1996), despilfarra la tradición socialdemócrata. Los escándalos de corrupción salpican todas las esferas de su gobierno. Desde crímenes de Estado hasta enriquecimiento personal. Su período se conoció como “el pelotazo”.   Le sucede José Maria Aznar, del Partido Popular (1996-2004), su lema regenerar la política. Al cabo de ocho años, la corrupción era mayor.  Ambos personajes, se han enriquecido hasta el tuétano. Sus fortunas se hacen obscenas a la luz de la opinión pública. Viven rodeados de  lujos. Son consejeros de empresas privadas y no han dejado de cobrar la pensión como ex-presidentes de gobierno.

En ambos partidos,  sus dirigentes, concluido su periplo por la política,  engrosan la lista de empleados  de empresas privadas. Pago indirecto por servicios prestados. Son miembros de consejos de administración y gozan de una salud económica envidiable. Las fortunas nacidas al amparo de la política  proliferan. El malestar crece. La crítica social  no establece diferencias y los políticos se convierten en carne de cañón.  Con el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero PSOE (2004-2011) y el estrenado  Mariano Rajoy, la corrupción político-económica  se destapa como el problema número dos, después del desempleo que afecta a seis millones de trabajadores.

Los partidos políticos en España actual, son el asidero de  sujetos oscuros, mediocres, cuasi delincuentes, cuya militancia esta mediada por las ansias   de obtener réditos económicos, al precio que sea. Las organizaciones políticas se transforman en instituciones aptas para el beneficio personal. La idea romántica del militante abnegado llega a su fin.  Un sector importante de la  “clase política”  es de baja estopa, acepta  regalos en pago a sus servicios. Viajes, fiestas de cumpleaños, trajes, coches de lujo, relojes, sobres y maletas de dinero negro para  sobresueldos.

La derecha, justifica el pago de plus, aunque niega que proceda de una caja “b”.  Señala que sus cuadros pierden dinero ejerciendo la actividad  política y deben ser recompensados. No de otra manera se entiende practicar el nudismo patrimonial,  exhibiendo sus declaraciones de hacienda y colgando en internet las cuentas del partido.  Ello no comporta una actitud democrática ni de transparencia. Es un  parche para evitar la pérdida completa de credibilidad ante la corrupción político-económica de quienes deben  mantener un comportamiento ejemplar.

En España se ha instalado  una moral corrupta. Unos y otros  obtienen beneficios de su institucionalización. Curiosamente  coincide con  las políticas privatizadoras y  la desregulación financiera.  La ciudadanía descree  de vivir en democracia. Eslogan como: lo llaman democracia y no lo es,  no nos representan o democracia real ya, se popularizan a partir  del 15-M de 2011.  La democracia representativa se ningunea.   Los partidos políticos  traicionan sus  programas,  y lo que es peor,  viven de espaldas a los problemas de la sociedad.  No escuchan  las voces del pueblo, hacen odios sordos.

Representantes del PSOE, son abucheados en manifestaciones, llamados oportunistas, tienen que abandonar bajo protección policial. Y las sedes del Partido Popular son objeto de concentraciones pidiendo dimisiones, llamándolos ladrones y chorizos. Impermeables a la crítica, la corrupción  se cuece  a fuego lento.  Compromete a toda la sociedad política.

Primer escalón, Coslada, un pueblo madrileño de  cien mil habitantes. En 2008,  su comisario jefe, Ginés Jiménez Buendía,  conocido como “el sheriff de Coslada”,  extorsiona, con la complicidad de otros treinta agentes de policía, a  empresarios, prostitutas, dueños de restaurantes y comercios. El escándalo es  mayúsculo. Pasado el tiempo,  Ginés Jiménez y sus secuaces  son rehabilitados. No fueron expulsados del cuerpo de policía. ¿Qué confianza tendrán los ciudadanos si ven pasear  por sus calles a quienes les extorsionan?

 

Siguiente escalón.  Si un arma reglamentaria  y una placa confieren poder, no digamos ser Alcalde.   Se controlan fondos públicos,  otorgan concesiones, contratas y  nombran consejeros con sueldos desorbitados. Los cargos electos municipales, en ocasiones,  están ocupados por  pequeños sultanes cuyo interés es llenarse los bolsillos y favorecer a los  amigos, empresarios ávidos  de dinero público. La aparición de testaferros es recurrente en los casos de corrupción política-económica. En Candeleda, un pueblo de Castilla- Leon, cuya riqueza acuífera es reconocida en la provincia de Ávila,   su alcalde, José Maria Monforte   decide privatizar el servicio municipal de aguas  al mejor postor por un período de explotación de 30 años. ¿Qué hay? Campos de golf, urbanizaciones privadas y un enriquecimiento para los empresarios de su partido. Como Candeleda, cientos de pueblos en toda España están siendo esquilmados  para fines especulativos, con la complicidad de sus autoridades municipales.

Subamos otro peldaño.  Los presidentes de comunidades autónomas,  consejeros de hacienda y economía, sanidad o educación, manejan cientos  de millones de euros. La decisión de otorgar la construcción de viviendas, hospitales y autopistas,  a una empresa privada, conlleva enormes beneficios. En Cataluña, sin ir más lejos, la coalición de derechas gobernante, CiU cobró un 3%  a las empresas que deseaban participar de las licitaciones públicas. En esta trama están pringados todos sus dirigentes. Pero nadie fue cesado ni pidió la dimisión. Pocos dudan. Hoy  se sigue  pagando el derecho de pernada. ¿Qué nivel de credibilidad y confianza democrática tendrá el ciudadano cuando sus  gobernantes están hasta el cuello de estiércol?

Reniega, pero de la democracia, tirando el niño con el agua sucia dentro.  Ninguna comunidad autónoma se salva. En la Comunidad valenciana, el trapicheo  con dinero público es escandaloso. Un circuito de Fórmula Uno, un aeropuerto sin aviones, un parque temático en ruinas.  En Madrid se han construido ocho hospitales con plusvalías superiores a los dos mil millones de euros para las empresas adjudicatarias. En Castilla la Mancha, su Presidenta, al mismo tiempo la Secretaria  General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal,  cobra tres sueldos mensuales. Su última acción corrupta,  vender los montes públicos, bosques y zonas de protección ecológica a las empresas de amigos para su explotación comercial.

Diputados y senadores,  cuerpos de élite,  hacen leyes, aprueban los presupuestos generales del Estado. Muchos millones de millones de euros en juego. Sin demasiados remilgos, sus señorías aportan pingues beneficios a las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Sirva como ejemplo, la minería del carbón, cuyos trabajadores realizaron una marcha hacia Madrid protestando por el cierre de las minas. Hoy se sabe que la negativa  para subvencionar la minería del carbón,  no es de tipo  medio ambiental. Mandar al desempleo a los mineros, condenar al hambre a  miles de familias, tiene origen especulativo. El carbón entró en la ruleta de capital futurible. Así,  se  paga a  61, 37 dólares la tonelada.  En Europa, una vez aprobado el cierre  de la minería del carbón, pasará a tener un precio  aproximado de  96,3 dólares por tonelada.  Goldman Sachs  compró carbón colombiano, a bajo coste,  almacenándolo en  El Musel, puerto de Gijón, Asturias, España.  El gobierno  del  Partido Popular y sus diputados  se pliegan al banco de inversión, vota  eliminar las subvenciones.  Los beneficios económicos son incalculables. ¿Difícil  abstraer  la comisión cobrada a Goldman Sachs?

Tal vez  la  soberanía nacional sea una quimera. La corrupción emponzoña. En el orden domestico,  el ex-presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, ex-ministro y ex-presidente del  Congreso, el socialista José Bono, alejado de la práctica jurídica durante  33 años,  ficha por un importante bufete de abogados. Su familia está ligada a escándalos de corrupción económico-política hace décadas. Ahí sigue. ¿Qué piensa el militante socialista de sus dirigentes que acaban con una fortuna difícil de justificar tras pasar por la arena  política?

Bien, subamos otro escalón,  el gobierno de la nación. Su presidente y ministros. Ellos toman las  decisiones más importantes. Firman  acuerdos para la compra y venta de armamento, obras de infraestructura, concesiones, etc. Veamos un  caso. El ministro de defensa, Pedro Morenés, ha sido  presidente ejecutivo de MBDA España,   una de las mayores empresas dedicadas a la  fabricación de misiles y tecnología de guerra sofisticada. Dejó el cargo para ocupar el ministerio de defensa.  ¿A quién compra España sus misiles?  De paso, privatiza la fábrica de armamentos estatal, Santa Bárbara. Más a repartir. Dineros públicos para beneficios privados. Sin olvidarnos del poder judicial, cuyo ex-presidente, pagaba las facturas de viajes personales, hoteles de lujo, cenas  y  fiestas privadas con dinero procedente de los fondos públicos.

Último escalón, la Corona. Piense en el caso Urdangarín. Es la punta de iceberg,  toda la familia real  está pringada  en el enriquecimiento indebido a cargo del erario público. Desde la infanta Cristina, esposa del Duque de Palma, su secretario Carlos García Revenga,  hasta el Conde de Fontao, José Manuel Romero, asesor jurídico de la Casa Real. Más allá de las estrategias judiciales del socio de Urdangarín, Diego Torres,  lo declarado ante el juez tiene visos de credibilidad.  Pero no es el único escándalo de corrupción. Otra cosa son las cacerías reales.   Varios  amigos, Colon de Prado y Carvajal o  De la Rosa, testaferros de su majestad, acabaron  imputados por  delitos financieros. Allí se paró el escándalo, pero todo apuntaba al Rey. Hoy Juan carlos I,  es centro de  críticas, por excesos, encubrimientos y vida lisonjera. La fortaleza construida a su alrededor se desmorona.

Nada queda en pie. Todo está salpicado por la corrupción político-económica. Los empresarios no se quedan atrás. El ex-presidente de la Confederación Española de Organizaciones  Empresariales, (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán,  hoy está en  la cárcel, por evasión de capitales, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. Pero fue protegido por sus correligionarios. El actual vicepresidente de la misma organización, y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández,  es imputado por  pagar a sus empleados con dinero negro y defraudando a la seguridad social. Pero no dimite, ni es censurado.  Amigo de Esperanza Aguirre, disfruta de la contrata  en restaurantes y cafeterías del Congreso, el Senado o la Comunidad de Madrid. Sirve al poder.

¿Y la Iglesia? La conferencia episcopal, goza de buena salud. Gracias al ministro de educación del partido popular, recibe jugosas subvenciones para construir colegios y dictar una educación católica como Dios manda.   No pagan impuestos de patrimonio, se apropian de suelo comunitario y bienes colectivos. Hoy atacan el Estado aconfesional, piden la derogación de la ley del aborto, pero callan ante  los casos de pederastia. Eluden  el tema y  claman contra el matrimonio homosexual.

La topografía de la corrupción en España, presenta  montañas de corrupción política. Por ella trascurren ríos contaminados de acciones punibles de  moral corrupta. Mariano Rajoy acusa a quienes destapan los escándalos  de ser instigadores de una nueva leyenda negra.  Olvida Rajoy que millones de indígenas fueron asesinados  y exterminados bajo el yugo de la cruz y la espada. El genocidio fue real, no una leyenda negra. Igual ocurre con la corrupción. No  asumirlo es de baja estatura ética, moral y política. Adjetivos que definen a Rajoy y su gobierno.