La campaña “Mi cuerpo, mis derechos” impulsada por Amnistía Internacional sorprende a Chile como uno de los seis Estados en el mundo junto a El Vaticano, Malta, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana en los cuales el aborto está penalizado sin excepciones.
Cabe recordar que los derechos sexuales y reproductivos de la mujer fueron reconocidos por primera vez como derechos humanos durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) que se desarrolló en 1994 en El Cairo y en la cual los 179 países firmantes, entre ellos Chile, acordaron un programa de acción donde los principios de igualdad de género, la equidad y el empoderamiento de las mujeres se consideraron esenciales para las estrategias efectivas sobre población y desarrollo.
Durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que se realizará en 2014, se hará una revisión del estado de cumplimiento de los acuerdos del Cairo por parte de los Estados firmantes, rendición de cuenta que según la representante de Amnistía en Chile, Ana María Piquer, sorprende a Chile en un pie “bastante débil en esta materias”, no sólo de cara a la conferencia sino que frente a otros tratados internacionales de derechos humanos relacionados con la violencia contra la mujer.
En este sentido, la representante de Amnistía en Chile explicó que “Chile tiene brechas en lo que se refiere acceso a la información, educación sexual apropiada, el acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora de emergencia. En relación al aborto, es inaceptable que un estado que es parte de la Convención de Belem Do Para que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, obligue a continuar el embarazo de una mujer o una niña objeto de una violación o incesto, o bien cuando está en peligro su vida”.
Esta evaluación fue compartida por el senador del partido socialista Fulvio Rossi, quien calificó de “tortura” que el Estado chileno obligue a las mujeres a continuar con embarazos inviables, o que presenten alteraciones cromosómicas y otras complicaciones, con el consiguiente riesgo para la vida de las madres.
El parlamentario agregó además que esta semana se repondrá en el Senado el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto, tramitación en la que se buscará un texto de consenso que especifique las causas de término del embarazo, factores que espera se tomen en cuenta a la hora de legislar. En este sentido, Rossi especificó que “habrá que ser precisos acerca de cuales son los casos de embarazos inviables, y como se certifica el riesgo vital materno”.
Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana Hosaín Sabag señaló que existe acuerdo en lo que denominó “la defensa de la vida de la madre”. Se trata, según indicó, de un aspecto que está solucionado en la ley, ya que los médicos tienen la facultad de intervenir en caso de riesgo.
El senador hizo hincapié en que es necesario evitar que la seguridad de la vida de la madre sirva de argumento para abrir la puerta al aborto en general.
Recordemos que la propuesta para despenalizar el aborto cuenta además con el respaldo de Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber y José Antonio Gómez, y que se trata de un nuevo intento por reponer el tema en el Senado, luego de que el año pasado se rechazaran en esta misma instancia tres iniciativas que buscaban legislar sobre estas materias.