En el marco de la presentación de la comisión de expertos que asesorará la discusión del reajuste al salario mínimo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que en las próximas semanas se presentará un proyecto de ley que buscará establecer una nueva institucionalidad para determinar el monto de cada año.

De acuerdo al secretario de Estado, la idea es definir parámetros técnicos que hagan más expedita la negociación, independiente del gobierno que se encuentre en el poder.

Según Larraín, han sido los mismos parlamentarios que han participado de la discusión en ocasiones anteriores quienes han pedido al Ejecutivo que se cree un mecanismo que ayude a definir el incremento del salario mínimo.

Justamente, la comisión asesora deberá proponer los fundamentos sobre los cuales debería establecerse la nueva institucionalidad. La instancia está integrada por Manuel Agosín, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; David Bravo, académico de nuestra casa de estudios; Juan Eduardo Coeymans y Ricardo Paredes, académicos de la Universidad Católica; Luis Felipe Lagos, del Instituto Libertad y Desarrollo; Jorge Rodríguez Cabello, de Cieplan; Alfonso Swett, representante de la Confederación de la Producción y del Comercio; y Carlos Boada, de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme).

Esta comisión, por ejemplo, podría proponer una cifra de reajuste a partir de los índices de productividad en los sectores de menor calificación, que son los que principalmente reciben el salario mínimo.

El economista Luis Eduardo Escobar explicó que “sobre esa base entonces se abre una propuesta de cuánto se puede aumentar el salario mínimo sin que cause problemas, entre comillas, a la economía”.

“Ahí es donde empieza la discusión interesante, porque el salario mínimo cumple una función, que es asegurar un ingreso mínimo a la persona que está trabajando, de forma tal que con ese ingreso alcance a consumir una determinada canasta. Esa es una decisión política. Me gusta que la comisión haga una propuesta que puede ir en un rango, que puede ser consensuada, habría varias posibilidades, pero el Gobierno es el que tiene que tomar la decisión política”, subrayó.

Las pequeñas y medianas empresas agrupadas en la Conapyme participarán de la comisión e intentarán que el mecanismo contemple también una distinción entre los diferentes tipos de empleadores.

El vicepresidente de  la confederación, Pedro Davis, dijo que “obviamente para el país sería súper bueno que hubiera una manera de indexar los salarios que significara que pueden ir creciendo en términos reales, sin que eso merme la capacidad competitiva de las empresas”.

En esa línea, recalcó que “sobre todo, hay que tener presente que en esa fórmula o mecanismo para determinar un alza automática de los salarios, se tenga presente que no se puede tratar a las pequeñas empresas con la misma vara que a las grandes. Que se busquen los elementos para que la política se pueda aplicar de manera real y concreta y no se tome que todas las empresas son una sola cosa igual e inmutable”.

En tanto, desde la Fundación Sol cuestionaron la ausencia de representantes de los trabajadores en la comisión y consideraron que la institucionalidad es necesaria, pero en otra dirección.

Karina Narbona, investigadora de la entidad, explicó que el reajuste del salario mínimo se debería estimar en el marco de un proceso de negociación colectiva, que es el que otorga mayores beneficios a los trabajadores.

“Es fundamental establecer una nueva institucionalidad para determinar el sueldo mínimo, pero no del tipo que está planteando el Gobierno. Todo lo contrario: lo que es importante es darle voz y protagonismo a los trabajadores, que son los principales involucrados. Según estándares internacionales, en Chile se ocupa el peor de los mecanismos de reajuste del salario mínimo, que es de ajuste parlamentario con consulta simbólica a los trabajadores. El mecanismo de la negociación colectiva ha sido diagnosticado como el que mejores beneficios o más ayuda a elevar el nivel de sueldo de los trabajadores”, explicó.

Además de hacer propuestas para la nueva institucionalidad, la comisión deberá enviar al Gobierno, a más tardar este jueves, su propuesta para la cifra de reajuste que luego se presentará al Parlamento.