La cuarta versión del estudio nacional del Consejo para la Transparencia mostró un fenómeno de desconfianza desde la ciudadanía hacia el Estado, además de un alto nivel de desconocimiento de la Ley de Transparencia y las herramientas de acceso a información.
El propio presidente de este organismo, Alejandro Ferreiro, detalló a grandes rasgos los principales resultados que explican esta distancia entre la ciudadanía y los organismos gubernamentales.
“Más del 70 por ciento de los encuestados no confía en el sector público. Un 64 cree que oculta la información y casi la mitad no confía de la veracidad de la información pública en los sitios web. Más de un 70 por ciento creen que nuestros organismos públicos son corruptos. Estas son opiniones generales, espontáneas, iniciales. Probablemente si uno hiciera un doble clic y preguntara por la experiencia que han tenido con funcionarios corruptos, a muchas de esas personas les costaría encontrar un ejemplo, pero esa es la primera impresión que aparece en la encuesta”, precisó Ferreiro.
A juicio de Ferreiro, “Chile es mejor país de lo que los chilenos creen”, y apunta que las instituciones no funcionan, de momento en que la ciudadanía no sabe ejercer sus derechos.
“Hay desconfianza instalada respecto del funcionamiento del sector público que se acompaña de un desconocimiento de la Ley de Transparencia y del Consejo para la Transparencia como organismo que puede garantizar este ejercicio de acceso a la información. Esto nos preocupa porque con estos niveles de confianza y de ignorancia no estamos mejorando la democracia y contribuyendo a una cultura que mejore las relaciones entre las personas y el Estado”, comentó.
Los porcentajes de desconfianza hacia el sector público y malas experiencias en reclamos y solicitudes de información superan un 70 por ciento, indicadores que preocupan al Gobierno. En esa línea, el subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado, adelantó un plan de información respecto de acceso a datos de interés nacional.
“No es grato conocer esas percepciones ciudadanas. Muchas veces éstas no reflejan la realidad como tal. Nos lleva a comprometernos con un trabajo mucho más profundo, más sistemático para ir cambiando esa percepción que es fruto de una realidad que hoy existe y que es que los chilenos no consideren a sus instituciones corruptas, sino que tenemos que hacer que la burocracia sea menor y que la atención a las personas sea mejor”, indicó la autoridad.
Conocidos estos datos, los analistas apuntan un retroceso según la medición del año pasado, pese a los avances desde la implementación de esta ley en 2006. Por lo mismo, el presidente de la Fundación Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, subrayó la necesidad mejores campañas de información.
“Hay un déficit de confianza respecto de las instituciones públicas que es súper preocupante. Hay un porcentaje significativo de personas que además no conoce la existencia de su derecho al acceso a la información pública y tampoco a la existencia de los organismos que cooperan con esto. Lo que habla que hay una potencialidad enorme de personas que hoy no están ejerciendo su derecho y si queremos que esta ley de transparencia funcione, necesitamos un trabajo de educación y difusión mucho más grande que el que hemos visto hasta la fecha”, indicó Heusser.
Otro de los presentes en esta ponencia fue Miguel Paz, director de la ONG Poderopedia, quien destacó que el lenguaje en torno a transparencia excluye al ciudadano común, y los reales usuarios de esta información acceden a ella independiente de la ley, ya que acceden mediante influencia económica o por contactos fuera de la burocracia.
La cuarta versión del estudio nacional del Consejo para la Transparencia mostró un fenómeno de desconfianza desde la ciudadanía hacia el Estado, además de un alto nivel de desconocimiento de la Ley de Transparencia y las herramientas de acceso a información.
El propio presidente de este organismo, Alejandro Ferreiro, detalló a grandes rasgos los principales resultados que explican esta distancia entre la ciudadanía y los organismos gubernamentales.
“Más del 70 por ciento de los encuestados no confía en el sector público. Un 64 cree que oculta la información y casi la mitad no confía de la veracidad de la información pública en los sitios web. Más de un 70 por ciento creen que nuestros organismos públicos son corruptos. Estas son opiniones generales, espontáneas, iniciales. Probablemente si uno hiciera un doble clic y preguntara por la experiencia que han tenido con funcionarios corruptos, a muchas de esas personas les costaría encontrar un ejemplo, pero esa es la primera impresión que aparece en la encuesta”, precisó Ferreiro.
A juicio de Ferreiro, “Chile es mejor país de lo que los chilenos creen”, y apunta que las instituciones no funcionan, de momento en que la ciudadanía no sabe ejercer sus derechos.
“Hay desconfianza instalada respecto del funcionamiento del sector público que se acompaña de un desconocimiento de la Ley de Transparencia y del Consejo para la Transparencia como organismo que puede garantizar este ejercicio de acceso a la información. Esto nos preocupa porque con estos niveles de confianza y de ignorancia no estamos mejorando la democracia y contribuyendo a una cultura que mejore las relaciones entre las personas y el Estado”, comentó.
Los porcentajes de desconfianza hacia el sector público y malas experiencias en reclamos y solicitudes de información superan un 70 por ciento, indicadores que preocupan al Gobierno. En esa línea, el subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado, adelantó un plan de información respecto de acceso a datos de interés nacional.
“No es grato conocer esas percepciones ciudadanas. Muchas veces éstas no reflejan la realidad como tal. Nos lleva a comprometernos con un trabajo mucho más profundo, más sistemático para ir cambiando esa percepción que es fruto de una realidad que hoy existe y que es que los chilenos no consideren a sus instituciones corruptas, sino que tenemos que hacer que la burocracia sea menor y que la atención a las personas sea mejor”, indicó la autoridad.
Conocidos estos datos, los analistas apuntan un retroceso según la medición del año pasado, pese a los avances desde la implementación de esta ley en 2006. Por lo mismo, el presidente de la Fundación Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, subrayó la necesidad mejores campañas de información.
“Hay un déficit de confianza respecto de las instituciones públicas que es súper preocupante. Hay un porcentaje significativo de personas que además no conoce la existencia de su derecho al acceso a la información pública y tampoco a la existencia de los organismos que cooperan con esto. Lo que habla que hay una potencialidad enorme de personas que hoy no están ejerciendo su derecho y si queremos que esta ley de transparencia funcione, necesitamos un trabajo de educación y difusión mucho más grande que el que hemos visto hasta la fecha”, indicó Heusser.
Otro de los presentes en esta ponencia fue Miguel Paz, director de la ONG Poderopedia, quien destacó que el lenguaje en torno a transparencia excluye al ciudadano común, y los reales usuarios de esta información acceden a ella independiente de la ley, ya que acceden mediante influencia económica o por contactos fuera de la burocracia.
La cuarta versión del estudio nacional del Consejo para la Transparencia mostró un fenómeno de desconfianza desde la ciudadanía hacia el Estado, además de un alto nivel de desconocimiento de la Ley de Transparencia y las herramientas de acceso a información.
El propio presidente de este organismo, Alejandro Ferreiro, detalló a grandes rasgos los principales resultados que explican esta distancia entre la ciudadanía y los organismos gubernamentales.
“Más del 70 por ciento de los encuestados no confía en el sector público. Un 64 cree que oculta la información y casi la mitad no confía de la veracidad de la información pública en los sitios web. Más de un 70 por ciento creen que nuestros organismos públicos son corruptos. Estas son opiniones generales, espontáneas, iniciales. Probablemente si uno hiciera un doble clic y preguntara por la experiencia que han tenido con funcionarios corruptos, a muchas de esas personas les costaría encontrar un ejemplo, pero esa es la primera impresión que aparece en la encuesta”, precisó Ferreiro.
A juicio de Ferreiro, “Chile es mejor país de lo que los chilenos creen”, y apunta que las instituciones no funcionan, de momento en que la ciudadanía no sabe ejercer sus derechos.
“Hay desconfianza instalada respecto del funcionamiento del sector público que se acompaña de un desconocimiento de la Ley de Transparencia y del Consejo para la Transparencia como organismo que puede garantizar este ejercicio de acceso a la información. Esto nos preocupa porque con estos niveles de confianza y de ignorancia no estamos mejorando la democracia y contribuyendo a una cultura que mejore las relaciones entre las personas y el Estado”, comentó.
Los porcentajes de desconfianza hacia el sector público y malas experiencias en reclamos y solicitudes de información superan un 70 por ciento, indicadores que preocupan al Gobierno. En esa línea, el subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado, adelantó un plan de información respecto de acceso a datos de interés nacional.
“No es grato conocer esas percepciones ciudadanas. Muchas veces éstas no reflejan la realidad como tal. Nos lleva a comprometernos con un trabajo mucho más profundo, más sistemático para ir cambiando esa percepción que es fruto de una realidad que hoy existe y que es que los chilenos no consideren a sus instituciones corruptas, sino que tenemos que hacer que la burocracia sea menor y que la atención a las personas sea mejor”, indicó la autoridad.
Conocidos estos datos, los analistas apuntan un retroceso según la medición del año pasado, pese a los avances desde la implementación de esta ley en 2006. Por lo mismo, el presidente de la Fundación Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, subrayó la necesidad mejores campañas de información.
“Hay un déficit de confianza respecto de las instituciones públicas que es súper preocupante. Hay un porcentaje significativo de personas que además no conoce la existencia de su derecho al acceso a la información pública y tampoco a la existencia de los organismos que cooperan con esto. Lo que habla que hay una potencialidad enorme de personas que hoy no están ejerciendo su derecho y si queremos que esta ley de transparencia funcione, necesitamos un trabajo de educación y difusión mucho más grande que el que hemos visto hasta la fecha”, indicó Heusser.
Otro de los presentes en esta ponencia fue Miguel Paz, director de la ONG Poderopedia, quien destacó que el lenguaje en torno a transparencia excluye al ciudadano común, y los reales usuarios de esta información acceden a ella independiente de la ley, ya que acceden mediante influencia económica o por contactos fuera de la burocracia.
