Sequía, robos de agua, derechos que se entregan paralelamente a cuencas hídricas colapsadas. Estos son algunos de los problemas que han marcado la discusión sobre el nuevo estatus de la Dirección General de Aguas (DGA).

Durante la Semana del Agua y a partir del análisis de expertos nacionales e internacionales que participarán en una reunión el jueves 21 de marzo , se barajará elevar la condición de la DGA a subsecretaría o superintendencia bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas, o  bien que se transforme en una agencia pública independiente.

Cabe recordar que el  Banco Mundial recomendó a Chile que la función del organismo sea realzada de tal modo que tenga facultades sobre otras instituciones del Estado que se ocupan de materias relacionadas con el agua.

Esto, después de que un estudio realizado por la entidad detectara la dispersión existente en la administración del recurso hídrico en Chile. El Banco Mundial notó que son 103 funciones distintas las que  desarrolla el Fisco en la gestión del agua entre aprobaciones, medidas, autorizaciones, regulaciones y autorizaciones, y 42 organismos del aparato estatal los que tienen injerencia en la administración del agua.

Es por esto que la Ministra de Obras Públicas Loreto Silva, señaló que esta situación “dificulta cualquier planificación, labor coordinada y buena gestión en el largo plazo. Estamos haciendo, en muchas ocasiones, dos veces una misma función”.

El senador de la Democracia Cristiana por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, indicó que “técnicamente la DGA tiene capacidad para administrar, lo que hay que hacer es entregarle mas facultades para que pueda decidir en caso de conflictos”.

En relación a las funciones del organismo, Pizarro sostuvo además que  “el tema de la supervisión y la fiscalización por parte de la DGA es fundamental, y mientras más atribuciones tenga, tanto mejor. En el caso de nuestra región, los recursos están agotados y no se pueden seguir entregando  derechos de agua. Sin embrago se han seguido entregando algunas autorizaciones que no tienen justificación técnica, y esto es algo que allá se hay cuestionado mucho. Es por esto que el rol de la DGA deja mucho de desear”.

Para el presidente del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente Modatima, Rodrigo Mondaca, la DGA carece de facultades y competencias, aparte de “no hacer la pega” según afirmó.

El dirigente señaló además que las modificaciones al estatus jurídico del organismo soslayan el problema de fondo que, a su juicio, es la privatización del agua desde la Dictadura, Asimismo, recalcó que se trata de un “derecho humano fundamental”.

En este sentido, Moncada enfatizó  que “el problema de fondo es que somos el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, y la institucionalidad pública se encuentra cooptada precisamente por el negocio y el mercado del agua”.

Respecto de las exigencias del movimiento que lidera, Mondaca señaló que “el agua debe consagrarse constitucionalmente como derecho humano esencial e irrenunciable, aparte de recuperar el control público sobre el agua de bebida y construir además  una nueva institucionalidad en materia hídrica, donde el Estado actúe como garante tanto en la administración como en la asignación de los recursos hídricos”.

Priorizar uso  y distribuir equitativamente

Para el Académico  de la División de Recursos Hídricos y medioambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias y Físicas de la Universidad de Chile Marcelo Olivares, “no es sano que la administración del agua esté alojada en un Ministerio de Obras Públicas” ya que, según sostuvo, pueden haber conflictos entre los objetivos de la DGA y el resto del MOP por las funciones que ambos organismo cumplen.

En relación a la sequía y a la administración del agua, Olivares explicó que “independientemente de la disponibilidad física hay algunos usos que podrían considerarse prioritarios, y a lo mejor lo que podría hacer una política pública es elevar algunos usos sobre otros lo que podría aportar en equidad en el uso del agua. No necesariamente más disponibilidad pero equidad en la distribución de los distintos usos”.

Del debate que se realizará durante la Semana del Agua resultará la decisión que definirá el destino jurídico y funciones de la DGA, y  luego el 30 de mayo se propondrá un plan para modernizar la institucionalidad del agua en el país.

Cabe recordar que el viernes 22 de marzo se celebrará el día Mundial del Agua, y que el 22 de abril, durante el Día de La Tierra, organizaciones sociales y ambientalistas del norte y del sur del país confluirán en la Moneda durante la realización de la Marcha Nacional por el Agua, donde exigirán  restituir  la propiedad del agua al dominio estatal.