Por 26 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó el proyecto de ley que instaura una Superintendencia de Educación Superior, una de las reformas destacadas por la administración de Sebastián Piñera. El texto pasó a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, donde tiene plazo hasta el 8 de abril para sumar nuevas indicaciones.
La Superintendencia tendrá como principal función, velar por el cumplimiento de la ley tanto en universidades estatales como privadas, además de institutos y centros de formación técnica.
Si bien el texto contó con un amplio apoyo parlamentario, existen observaciones respecto a ausencia de un marco regulatorio, además de no suprimir la creación de sociedades espejo, ni contar con mayores herramientas para investigar el lucro.
El senador Carlos Cantero, integrante de esta comisión, indicó que los proyectos del Ejecutivo difieren de la petición que la ciudadanía ha manifestado en este tema.
En este sentido, el parlamentario señaló que “el proyecto tiene la lógica de lo que piensa el Gobierno, pero no es interpretativo de lo que es el concepto de la educación en la sociedad chilena, es más, ni la Concertación, ni la Coalición han logrado interpretar lo que la sociedad chilena quiere en materia educativa. En consecuencia, habrá que lograr una sintonía mucho mayor entre lo que la sociedad civil está reclamando y lo que la política está interpretando. Hubo una reunión en La Moneda hace algunos años donde todos levantaron las manos en un gran acuerdo por la educación y a la semana siguiente habían 400 mil personas en las calles repudiando ese acuerdo”.
Desde los estudiantes existe disconformidad, ya que no soluciona la práctica del lucro en universidades.
Según el presidente de la FECH, Andrés Fielbaum, se deberían mejorar algunos aspectos de la iniciativa legislativa “para que una superintendencia sirva tiene primero que nada prohibirse las relaciones con empresas relacionadas, prohibirse las sociedades espejo, tiene que tener atribuciones para ir buscando nuevas formas en las cuales se pueda estar inventando acumulaciones legales para extraer utilidades, prohibiendo todos los mecanismos que se puedan utilizar para lucrar y además es fundamental que se avance en la determinación de aranceles y el fortalecimiento de la educación pública para que tampoco sea un buen negocio poner una universidad”.
Para el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Jesús Redondo, la creación de nuevos organismos es postergar la responsabilidad del Estado en su función de fiscalizar, suprimiendo su rol como garante de entregar educación de calidad.
En esa línea, el experto en materias de educación indicó que “crear una institucionalidad delegada es una forma de sacarse la responsabilidad que tiene el Estado frente al derecho a la educación. La tendencia neoliberal lo que trata de hacer es diluir de esa obligación del Estado haciendo responsable a distintas institucionalidades que están en el filo entre lo privado y lo público, es una forma de dignificar el control, pero en realidad es una forma en la cual el Estado diluye sus responsabilidades y deja de cumplir su rol de garante de la educación pública de calidad para todos”.
Muchas de las irregularidades que debe fiscalizar este nuevo organismo, están presentes en la situación que atraviesa la Universidad del Mar, por lo que los parlamentarios compararon el énfasis en la Superintendencia con la postergada solución a los estudiantes de institución.
Por 26 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó el proyecto de ley que instaura una Superintendencia de Educación Superior, una de las reformas destacadas por la administración de Sebastián Piñera. El texto pasó a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, donde tiene plazo hasta el 8 de abril para sumar nuevas indicaciones.
La Superintendencia tendrá como principal función, velar por el cumplimiento de la ley tanto en universidades estatales como privadas, además de institutos y centros de formación técnica.
Si bien el texto contó con un amplio apoyo parlamentario, existen observaciones respecto a ausencia de un marco regulatorio, además de no suprimir la creación de sociedades espejo, ni contar con mayores herramientas para investigar el lucro.
El senador Carlos Cantero, integrante de esta comisión, indicó que los proyectos del Ejecutivo difieren de la petición que la ciudadanía ha manifestado en este tema.
En este sentido, el parlamentario señaló que “el proyecto tiene la lógica de lo que piensa el Gobierno, pero no es interpretativo de lo que es el concepto de la educación en la sociedad chilena, es más, ni la Concertación, ni la Coalición han logrado interpretar lo que la sociedad chilena quiere en materia educativa. En consecuencia, habrá que lograr una sintonía mucho mayor entre lo que la sociedad civil está reclamando y lo que la política está interpretando. Hubo una reunión en La Moneda hace algunos años donde todos levantaron las manos en un gran acuerdo por la educación y a la semana siguiente habían 400 mil personas en las calles repudiando ese acuerdo”.
Desde los estudiantes existe disconformidad, ya que no soluciona la práctica del lucro en universidades.
Según el presidente de la FECH, Andrés Fielbaum, se deberían mejorar algunos aspectos de la iniciativa legislativa “para que una superintendencia sirva tiene primero que nada prohibirse las relaciones con empresas relacionadas, prohibirse las sociedades espejo, tiene que tener atribuciones para ir buscando nuevas formas en las cuales se pueda estar inventando acumulaciones legales para extraer utilidades, prohibiendo todos los mecanismos que se puedan utilizar para lucrar y además es fundamental que se avance en la determinación de aranceles y el fortalecimiento de la educación pública para que tampoco sea un buen negocio poner una universidad”.
Para el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Jesús Redondo, la creación de nuevos organismos es postergar la responsabilidad del Estado en su función de fiscalizar, suprimiendo su rol como garante de entregar educación de calidad.
En esa línea, el experto en materias de educación indicó que “crear una institucionalidad delegada es una forma de sacarse la responsabilidad que tiene el Estado frente al derecho a la educación. La tendencia neoliberal lo que trata de hacer es diluir de esa obligación del Estado haciendo responsable a distintas institucionalidades que están en el filo entre lo privado y lo público, es una forma de dignificar el control, pero en realidad es una forma en la cual el Estado diluye sus responsabilidades y deja de cumplir su rol de garante de la educación pública de calidad para todos”.
Muchas de las irregularidades que debe fiscalizar este nuevo organismo, están presentes en la situación que atraviesa la Universidad del Mar, por lo que los parlamentarios compararon el énfasis en la Superintendencia con la postergada solución a los estudiantes de institución.
Por 26 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó el proyecto de ley que instaura una Superintendencia de Educación Superior, una de las reformas destacadas por la administración de Sebastián Piñera. El texto pasó a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, donde tiene plazo hasta el 8 de abril para sumar nuevas indicaciones.
La Superintendencia tendrá como principal función, velar por el cumplimiento de la ley tanto en universidades estatales como privadas, además de institutos y centros de formación técnica.
Si bien el texto contó con un amplio apoyo parlamentario, existen observaciones respecto a ausencia de un marco regulatorio, además de no suprimir la creación de sociedades espejo, ni contar con mayores herramientas para investigar el lucro.
El senador Carlos Cantero, integrante de esta comisión, indicó que los proyectos del Ejecutivo difieren de la petición que la ciudadanía ha manifestado en este tema.
En este sentido, el parlamentario señaló que “el proyecto tiene la lógica de lo que piensa el Gobierno, pero no es interpretativo de lo que es el concepto de la educación en la sociedad chilena, es más, ni la Concertación, ni la Coalición han logrado interpretar lo que la sociedad chilena quiere en materia educativa. En consecuencia, habrá que lograr una sintonía mucho mayor entre lo que la sociedad civil está reclamando y lo que la política está interpretando. Hubo una reunión en La Moneda hace algunos años donde todos levantaron las manos en un gran acuerdo por la educación y a la semana siguiente habían 400 mil personas en las calles repudiando ese acuerdo”.
Desde los estudiantes existe disconformidad, ya que no soluciona la práctica del lucro en universidades.
Según el presidente de la FECH, Andrés Fielbaum, se deberían mejorar algunos aspectos de la iniciativa legislativa “para que una superintendencia sirva tiene primero que nada prohibirse las relaciones con empresas relacionadas, prohibirse las sociedades espejo, tiene que tener atribuciones para ir buscando nuevas formas en las cuales se pueda estar inventando acumulaciones legales para extraer utilidades, prohibiendo todos los mecanismos que se puedan utilizar para lucrar y además es fundamental que se avance en la determinación de aranceles y el fortalecimiento de la educación pública para que tampoco sea un buen negocio poner una universidad”.
Para el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Jesús Redondo, la creación de nuevos organismos es postergar la responsabilidad del Estado en su función de fiscalizar, suprimiendo su rol como garante de entregar educación de calidad.
En esa línea, el experto en materias de educación indicó que “crear una institucionalidad delegada es una forma de sacarse la responsabilidad que tiene el Estado frente al derecho a la educación. La tendencia neoliberal lo que trata de hacer es diluir de esa obligación del Estado haciendo responsable a distintas institucionalidades que están en el filo entre lo privado y lo público, es una forma de dignificar el control, pero en realidad es una forma en la cual el Estado diluye sus responsabilidades y deja de cumplir su rol de garante de la educación pública de calidad para todos”.
Muchas de las irregularidades que debe fiscalizar este nuevo organismo, están presentes en la situación que atraviesa la Universidad del Mar, por lo que los parlamentarios compararon el énfasis en la Superintendencia con la postergada solución a los estudiantes de institución.
