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Polémica por detención de mechona reabre debate sobre violencia policial contra estudiantes

La agresión a una mechona en el centro de Santiago es uno más de la serie de episodios de violencia policial contra estudiantes que se registran durante los últimos años. Pese a diversos informes que denuncian estas prácticas, el Estado no se ha hecho responsable de proteger a los niños y jóvenes vulnerados y en cambio ha adoptado políticas aún más restrictivas, ignorando pactos internacionales de derechos humanos.

Oriana Miranda Navarrete

  Miércoles 27 de marzo 2013 20:31 hrs. 
mechona

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La estudiante de primer año de Cartografía en la UTEM, Valentina Avendaño, anunció acciones legales contra Carabineros luego de haber sido violentamente detenida este martes en el Paseo Ahumada, mientras recolectaba dinero para recuperar sus pertenencias en el tradicional ritual del mechoneo.

A Valentina le fue solicitado su carné, el cual evidentemente no portaba, razón por la cual fue detenida en un operativo del que participaron al menos 30 efectivos de la primera comisaría de Santiago. Uno de ellos sostuvo con fuerza el brazo de la estudiante, quien pedía su liberación entre lágrimas y gritos de dolor.

Mediante un comunicado, la Federación de Estudiantes de la UTEM repudió el “dudoso” accionar de Carabineros y ofreció su total apoyo a Valentina y su familia de parte del equipo de abogados de la Universidad.

El secretario general de la UTEM, Sebastián Gamboa, recalcó además la condición de vulnerabilidad de Valentina ante “el exceso de fuerza descriteriado” de Carabineros. “Ella es mechona, recién entró a la universidad y tiene este trauma de haber sido detenida por un mechoneo, una tradición de las universidades estatales y obviamente está muy afectada”, expresó.

Pero esta no es la primera agresión policial de la que se tiene cuenta durante los últimos años. Desde 2011 y con el fortalecimiento del movimiento estudiantil, diversos casos de violencia han salido a la luz, pese a las denuncias de ONG y federaciones estudiantiles.

Una de las situaciones más cuestionadas fueron los episodios de violencia sexual ejercida de parte de Carabineros contra estudiantes secundarias al momento de su detención. La corporación Humanas fue testigo de muchas de esas vejaciones y presentó tres querellas contra la policía.

Aunque en este último caso no hubo agresión sexual, la presidenta de Humanas, Carolina Carrera, sí habla de violencia de género, puesto a que esta acción se podría leer “como un mensaje que se da en una mujer hacia el resto de las mujeres: estudien, no protesten, no es su rol estar en la vía pública, no es su rol emprender acciones que no se condicen con el tradicional de ser mujer. Eso nos parece muy complejo”.

Esto, además, da una señal de la violencia desmedida que podría ejercer Carabineros en las movilizaciones estudiantiles como la programada para este jueves, lo que a juicio de Carrera es “preocupante”.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, también expresó su rechazo ante el hecho y apeló a la responsabilidad del Estado “de cara a los tratados de derechos humanos que Chile ha ratificado y que están vigentes”.

“Hay una responsabilidad de parte del Estado de Chile de que si hay denuncias de hechos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos, todas estas denuncias deberían estar siendo tomadas en serio, investigadas de manera independiente y parcial y, en caso de ser apropiado, sancionadas. Eso no está ocurriendo, hay hechos que se están repitiendo con cada vez más frecuencia, hay nuevas denuncias de este tipo y no vemos que se estén tomando medidas concretas para investigar, sancionar o prevenir”, acusó.

Piquer expresó además su preocupación por el proyecto de ley que sanciona los insultos a carabineros, debido a la delgada línea entre criminalizar lo que se dice y atentar contra la libertad de expresión.

El décimo informe anual sobre derechos humanos en Chile 2012, elaborado por la Universidad Diego Portales, alertó sobre el “uso irracional y desproporcionado de la fuerza estatal” en las manifestaciones ciudadanas de los últimos años.

Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos precisó en su informe anual 2012 que estos episodios de violencia policial afectaron principalmente a grupos vulnerados, como mujeres, niños, niñas, adolescentes y pueblos indígenas, lo que “fundamenta la necesidad de reforzar la educación en derechos humanos”.

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