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Estudio constata progresivo cierre de escuelas públicas y apunta a problemas en subvenciones

Más de 800 escuelas públicas han desaparecido en los últimos 20 años en Chile, según indican cifras recopiladas por la Fundación Sol. Por otro lado, se observa un crecimiento de casi tres mil escuelas particulares subvencionadas. Sobre estos datos se refirieron dirigentes estudiantiles y especialistas, para quienes el escenario educacional “es preocupante” y requiere “cambios urgentes”.

Paula Correa

  Lunes 1 de abril 2013 17:41 hrs. 
CIERRE DE ESCUELA

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Entre el año 1992 y el 2012, en términos netos, se ha registrado una disminución de 864 escuelas públicas y un explosivo aumento de instituciones privadas, según pudo recopilar la Fundación Sol con datos provenientes del Ministerio de Educación.

Para los especialistas, esto estaría marcando una tendencia, que tiene que ver con las políticas implementadas en 1981, donde se permitió la creación de escuelas particulares y el sistema de subvención.  Desde 1993, además, se pudo cobrar aranceles a los padres y apoderados, todo lo que gatilló “un sistema de incentivos perversos, que dejó en desmedro la posición de los establecimientos municipales”, afirmó el investigador, Marco Kremerman.

En este sentido, el economista de la Fundación Sol señaló que “se genera una serie de incentivos y desincentivos para que exista la tendencia que hoy estamos analizando. Nunca la subvención escolar se pensó como una subvención calculada para financiar una educación de altos estándares de calidad. Su valor fue arbitrario, no tiene ninguna relación con los sueldos de los profesores  para una educación de calidad que Chile necesita, con la infraestructura remozada, con los materiales adecuados, los profesionales que se requieren para apoyar la labor docente. No hay ninguna relación entre el valor de la subvención y la escuela ideal”.

El estudio relevó también cuáles son las regiones con más pérdida de escuelas públicas y la región de La Araucanía encabeza la lista, seguida por el Biobío y Maule, las que, además, registran altísimos índices de pobreza.

Sobre esto se refirió el ex presidente de la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE), José Ancalao, para quien aquí se comienza a romper la cohesión social en una zona sumamente compleja, donde imperan las diferencias, acentuando los conflictos.

Por eso, el ex dirigente estudiantil indicó que “en La Araucanía la mayor cantidad de escuelas públicas que han desaparecido son escuelas rurales, no son escuelas urbanas. Eso muestra una tendencia que apunta directamente al pueblo Mapuche. Las leyes que regulan el financiamiento de la educación en la Educación Primaria, Secundaria y Superior de ninguna manera privilegian la educación pública. Lo único que están haciendo es terminar con la educación pública poco a poco. Creo que ese objetivo se va a cumplir en unos diez años más”.

Con esto, se rompe también el criterio de ordenamiento territorial, donde conforme a la superficie se designa estratégicamente el número de escuelas y su ubicación, para facilitar la asistencia de las familias que tienen menos ingresos.

Así, se va a acentuando la segmentación y se van creando mitos, como el que la mejor educación en Chile es la privada, cuando en los sectores populares los liceos municipales obtienen mejores resultados de aprendizaje.

En esa perspectiva, el Secretario Ejecutivo del Foro por el Derecho a la Educación, René Varas, explicó que “las familias intentan no asistir a las escuelas gratuitas y las asocian, por lo tanto, a aquellos lugares donde van los que no pueden pagar y donde no quieren que sus hijos vayan. El desprestigio que desde la institucionalidad se ha promovido, se ha hecho carne en la ideología de las personas. Ese es un gran desafío que tenemos en Chile superar esta situación de discriminación”.

En ese sentido, Varas sostuvo el actual 36 o 37 por ciento del promedio de la matrícula pública en Chile contra el 90 por ciento de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE),  y demuestra que aquí se entiende la Educación como un bien de mercado, que se puede negociar, y no como un Derecho Humano Fundamental.

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