Una intensa jornada de reuniones se espera para este lunes entre los miembros de la comisión mixta encargada de analizar el proyecto de reajuste del salario mínimo y el Gobierno.
La intención es que el Ejecutivo aumente el reajuste de un 6,2 por ciento, que incrementa el sueldo base a 205 mil pesos, cifra que ya ha sido rechazada por ambas cámaras.
Eso sí, los tiempos son escasos, ya que la comisión mixta se debe constituir este martes y despachar el proyecto durante la misma jornada, para que el texto sea votado por la Cámara al día siguiente.
Dada la composición de esta instancia – cinco parlamentarios de cada conglomerado – en caso de no recibir una nueva oferta del Ejecutivo, se rechazará el actual guarismo.
Panorama similar se registraría en la Sala, según el diputado de oposición Pepe Auth, quien afirmó que no se aprobará una oferta menor a los 210 mil pesos.
“Ocurre que hoy buena parte de los pobres tiene empleo. Es decir, se puede tener empleo y seguir siendo pobre. Lo que es peor se puede tener empleo y seguir siendo calificado como indigente y eso es básicamente porque el nivel de los salarios es demasiado bajo para la mantención de una familia. En consecuencia, el objetivo nacional de todos es que empleo sea sinónimo de salir de la pobreza”, afirmó el parlamentario.
En este escenario el proyecto debería ingresar con el veto aditivo del Ejecutivo, lo que significa discusión inmediata. Sin embargo, y si no se incrementa el reajuste, la oposición lo volvería a rechazar.
Así lo señaló el diputado DC Pablo Lorenzini, quien afirmó que el costo político de una eventual caída de esta iniciativa sería responsabilidad de la actual administración.
“Obviamente en las actuales condiciones este salario mínimo – y lo digo responsablemente – al menos con mi voto se cae. Yo prefiero esperar algunos meses porque el actual dura hasta julio, y esperar al próximo año para que se envíe un proyecto más serio y mayor. Cuando ganen los chilenos, que lo hagan todos y no unos pocos solamente”, señaló Lorenzini.
En Renovación Nacional también esperan un “esfuerzo mayor” del Ejecutivo, para alcanzar, idealmente, un piso salarial de 208 mil pesos.
Eso sí, “sin poner condiciones en la economía, ya que se puede alterar el empleo”, sostuvo el diputado de esta colectividad, Alejandro Santana.
“En una primera etapa nuestro proyecto podía verse más auspicioso de lo que se propone, pero también tenemos que tener responsabilidad con el país, con los trabajadores y creo que es mejor ir en la senda que se ha construido en los últimos años con reajustes más significativos que, en promedio, superen a los de la Concertación, pero que al mismo tiempo vaya generando estabilidad y crecimiento del empleo”, afirmó Santana.
A nivel gremial, uno de los opositores al reajuste es la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conapyme. Su presidente, Juan Araya, dijo que si el Gobierno subsidia a estas compañías, vía Sistema Único de Prestaciones Familiares, por ejemplo, no se opondrían a elevar el sueldo base.
“No podemos pagar más de eso porque a nosotros no nos cancelan a los 30 días, sino que 60 o 90. No tenemos capital para pagar los sueldos, entonces se puede llegar a un arreglo donde se diga que se paga por trato o el sueldo mínimo, pero sin rebaja de imposiciones, entonces pasamos a la informalidad. Si el Gobierno quiere dar un sueldo mínimo de 250 mil pesos entonces que ponga la diferencia. Aumentemos el familiar en 15 mil pesos. Una familia que tenga tres hijos va a recibir 45 mil más los 205 va a tener un ingreso de 250 mil pesos”, señaló el dirigente.
Finalmente, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, sostuvo que es muy poco probable que el Gobierno, en un año electoral, se arriesgue a pagar el costo político de dejar a los trabajadores sin reajuste.
La dirigenta indicó que el Ejecutivo debe dejar de lado su postura de “tozudez e intransigencia” y dialogar una cifra mayor al 6,2 propuesto.