Un informe publicado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), tras su misión conjunta a México para evaluar la situación de la libertad de prensa, constata que el nuevo gobierno federal del país debe esforzarse por implementar íntegramente las medidas institucionales recientemente desarrolladas para mejorar la seguridad de los periodistas.
El informe revela además que las autoridades estatales mexicanas se han convertido en un grave obstáculo para la defensa de la libertad de prensa en el país, dada su ineficacia a la hora de procesar delitos cometidos contra periodistas y los esfuerzos de algunas instancias estatales por controlar la información a través del acoso y la intimidación de los periodistas.
El principal objetivo de la visita de tres días que ambas organizaciones realizaron a México era evaluar las medidas adoptadas por el gobierno federal para garantizar la seguridad de los profesionales de los medios en el país: primero, la implementación de un mecanismo federal de protección para los periodistas; segundo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reforzada por la recientemente aprobación de una reforma constitucional que faculta a las autoridades federales para investigar delitos contra la prensa. Tales delitos son raramente esclarecidos por las autoridades locales y estatales.
“Como este informe pone de manifiesto, el IPI y WAN-IFRA recibieron fuertes señales de compromiso por parte de la administración de Peña Nieto para la defensa de la seguridad de los periodistas y de la libertad de prensa”, declaró Alison Bethel McKenzie, directora ejecutiva del IPI.
“Sin embargo, los periodistas con los que se reunió la delegación expresaron su escepticismo acerca de la implementación del mecanismo de protección y la eficacia de la Fiscalía Especial, por lo que estamos impacientes por ver resultados concretos en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas en México”, indicó la directora ejecutiva del IPI.
Asimismo, el informe subraya que las modificaciones constitucionales relacionadas con la FEADLE necesitan de la aprobación de la legislación secundaria para tener efecto práctico. Miembros del Congreso de la Unión dijeron a las organizaciones que dicha legislación cuenta con el beneplácito de todos los partidos, favoreciendo una aceleración del proceso de ratificación. Asimismo, el 12 de febrero, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informó a la delegación de que esperaba que el Senado aprobase el proyecto de ley en el plazo de quince días y se lo remitiese a la Cámara de Diputados, para su ratificación hasta mediados de abril. Esta legislación fue aprobada por el Senado el 12 de abril pero aún no ha sido considerada por la Cámara de Diputados.
Una de las conclusiones clave del informe es que las autoridades estatales se han convertido en un serio obstáculo para la mejora de la seguridad de los periodistas y la protección de la libertad de prensa.
“Nuestra visita a México reveló el abismo que existe entre la aparente voluntad del gobierno federal de abordar seriamente el problema de la seguridad, por un lado, y la reticencia por parte de algunos estados para reconocer que la libertad de expresión se halla amenazada y hacer algo al respecto”, explicó Vincent Peyrègne, director general de WAN-IFRA, quien puntualizó además que, “si el gobierno federal no aborda la falta de responsabilidad política a escala estatal, sus esfuerzos tendrán escasos o nulos resultados”.
Autoridades del estado de Veracruz como la coordinadora general de comunicación social Gina Domínguez Colío y el secretario del gobierno Gerardo Buganza Salmerón, insistieron en que “la libertad de expresión en Veracruz está garantizada al 100%”. Esta aseveración contradice no solo con los datos reales –según el Death Watch del IPI, 11 periodistas han sido asesinados en Veracruz desde 2006 –, sino también con los testimonios de numerosos periodistas y editores, que indicaron que el gobierno de Veracruz acosa e intimida a los periodistas para controlar el flujo de la información en el estado. Ambos WAN-IFRA y el IPI consideran Veracruz como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.
Por otra parte, el informe destaca que la frecuencia de los ataques violentos contra los medios en los estados mexicanos, donde el poder del crimen organizado impera sobre la ley, ha llevado a muchos periodistas a huir a Ciudad de México y transformarse en “desplazados internos”, una suerte de ‘exilio interior’. Los periodistas contaron a la delegación que, para aquellos reporteros que deciden permanecer en sus provincias, la única medida viable de autoprotección es la autocensura, privando con ello a la sociedad mexicana de información rigurosa sobre los sucesos que tienen lugar en el país.
La delegación de la misión estuvo compuesta por: Roger Parkinson, ex presidente de WAN-IFRA, antiguo editor, director general y presidente del grupo canadiense Globe & Mail, y miembro del IPI; Larry Kilman, director general adjunto de WAN-IFRA; Barbara Trionfi, responsable de Libertad de Prensa del IPI; Rodrigo Bonilla Hastings, responsable de misiones de libertad de prensa de WAN-IFRA; y Scott Griffen, asesor de libertad de prensa para América Latina y el Caribe del IPI.
Un informe publicado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), tras su misión conjunta a México para evaluar la situación de la libertad de prensa, constata que el nuevo gobierno federal del país debe esforzarse por implementar íntegramente las medidas institucionales recientemente desarrolladas para mejorar la seguridad de los periodistas.
El informe revela además que las autoridades estatales mexicanas se han convertido en un grave obstáculo para la defensa de la libertad de prensa en el país, dada su ineficacia a la hora de procesar delitos cometidos contra periodistas y los esfuerzos de algunas instancias estatales por controlar la información a través del acoso y la intimidación de los periodistas.
El principal objetivo de la visita de tres días que ambas organizaciones realizaron a México era evaluar las medidas adoptadas por el gobierno federal para garantizar la seguridad de los profesionales de los medios en el país: primero, la implementación de un mecanismo federal de protección para los periodistas; segundo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reforzada por la recientemente aprobación de una reforma constitucional que faculta a las autoridades federales para investigar delitos contra la prensa. Tales delitos son raramente esclarecidos por las autoridades locales y estatales.
“Como este informe pone de manifiesto, el IPI y WAN-IFRA recibieron fuertes señales de compromiso por parte de la administración de Peña Nieto para la defensa de la seguridad de los periodistas y de la libertad de prensa”, declaró Alison Bethel McKenzie, directora ejecutiva del IPI.
“Sin embargo, los periodistas con los que se reunió la delegación expresaron su escepticismo acerca de la implementación del mecanismo de protección y la eficacia de la Fiscalía Especial, por lo que estamos impacientes por ver resultados concretos en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas en México”, indicó la directora ejecutiva del IPI.
Asimismo, el informe subraya que las modificaciones constitucionales relacionadas con la FEADLE necesitan de la aprobación de la legislación secundaria para tener efecto práctico. Miembros del Congreso de la Unión dijeron a las organizaciones que dicha legislación cuenta con el beneplácito de todos los partidos, favoreciendo una aceleración del proceso de ratificación. Asimismo, el 12 de febrero, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informó a la delegación de que esperaba que el Senado aprobase el proyecto de ley en el plazo de quince días y se lo remitiese a la Cámara de Diputados, para su ratificación hasta mediados de abril. Esta legislación fue aprobada por el Senado el 12 de abril pero aún no ha sido considerada por la Cámara de Diputados.
Una de las conclusiones clave del informe es que las autoridades estatales se han convertido en un serio obstáculo para la mejora de la seguridad de los periodistas y la protección de la libertad de prensa.
“Nuestra visita a México reveló el abismo que existe entre la aparente voluntad del gobierno federal de abordar seriamente el problema de la seguridad, por un lado, y la reticencia por parte de algunos estados para reconocer que la libertad de expresión se halla amenazada y hacer algo al respecto”, explicó Vincent Peyrègne, director general de WAN-IFRA, quien puntualizó además que, “si el gobierno federal no aborda la falta de responsabilidad política a escala estatal, sus esfuerzos tendrán escasos o nulos resultados”.
Autoridades del estado de Veracruz como la coordinadora general de comunicación social Gina Domínguez Colío y el secretario del gobierno Gerardo Buganza Salmerón, insistieron en que “la libertad de expresión en Veracruz está garantizada al 100%”. Esta aseveración contradice no solo con los datos reales –según el Death Watch del IPI, 11 periodistas han sido asesinados en Veracruz desde 2006 –, sino también con los testimonios de numerosos periodistas y editores, que indicaron que el gobierno de Veracruz acosa e intimida a los periodistas para controlar el flujo de la información en el estado. Ambos WAN-IFRA y el IPI consideran Veracruz como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.
Por otra parte, el informe destaca que la frecuencia de los ataques violentos contra los medios en los estados mexicanos, donde el poder del crimen organizado impera sobre la ley, ha llevado a muchos periodistas a huir a Ciudad de México y transformarse en “desplazados internos”, una suerte de ‘exilio interior’. Los periodistas contaron a la delegación que, para aquellos reporteros que deciden permanecer en sus provincias, la única medida viable de autoprotección es la autocensura, privando con ello a la sociedad mexicana de información rigurosa sobre los sucesos que tienen lugar en el país.
La delegación de la misión estuvo compuesta por: Roger Parkinson, ex presidente de WAN-IFRA, antiguo editor, director general y presidente del grupo canadiense Globe & Mail, y miembro del IPI; Larry Kilman, director general adjunto de WAN-IFRA; Barbara Trionfi, responsable de Libertad de Prensa del IPI; Rodrigo Bonilla Hastings, responsable de misiones de libertad de prensa de WAN-IFRA; y Scott Griffen, asesor de libertad de prensa para América Latina y el Caribe del IPI.
Un informe publicado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), tras su misión conjunta a México para evaluar la situación de la libertad de prensa, constata que el nuevo gobierno federal del país debe esforzarse por implementar íntegramente las medidas institucionales recientemente desarrolladas para mejorar la seguridad de los periodistas.
El informe revela además que las autoridades estatales mexicanas se han convertido en un grave obstáculo para la defensa de la libertad de prensa en el país, dada su ineficacia a la hora de procesar delitos cometidos contra periodistas y los esfuerzos de algunas instancias estatales por controlar la información a través del acoso y la intimidación de los periodistas.
El principal objetivo de la visita de tres días que ambas organizaciones realizaron a México era evaluar las medidas adoptadas por el gobierno federal para garantizar la seguridad de los profesionales de los medios en el país: primero, la implementación de un mecanismo federal de protección para los periodistas; segundo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reforzada por la recientemente aprobación de una reforma constitucional que faculta a las autoridades federales para investigar delitos contra la prensa. Tales delitos son raramente esclarecidos por las autoridades locales y estatales.
“Como este informe pone de manifiesto, el IPI y WAN-IFRA recibieron fuertes señales de compromiso por parte de la administración de Peña Nieto para la defensa de la seguridad de los periodistas y de la libertad de prensa”, declaró Alison Bethel McKenzie, directora ejecutiva del IPI.
“Sin embargo, los periodistas con los que se reunió la delegación expresaron su escepticismo acerca de la implementación del mecanismo de protección y la eficacia de la Fiscalía Especial, por lo que estamos impacientes por ver resultados concretos en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas en México”, indicó la directora ejecutiva del IPI.
Asimismo, el informe subraya que las modificaciones constitucionales relacionadas con la FEADLE necesitan de la aprobación de la legislación secundaria para tener efecto práctico. Miembros del Congreso de la Unión dijeron a las organizaciones que dicha legislación cuenta con el beneplácito de todos los partidos, favoreciendo una aceleración del proceso de ratificación. Asimismo, el 12 de febrero, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informó a la delegación de que esperaba que el Senado aprobase el proyecto de ley en el plazo de quince días y se lo remitiese a la Cámara de Diputados, para su ratificación hasta mediados de abril. Esta legislación fue aprobada por el Senado el 12 de abril pero aún no ha sido considerada por la Cámara de Diputados.
Una de las conclusiones clave del informe es que las autoridades estatales se han convertido en un serio obstáculo para la mejora de la seguridad de los periodistas y la protección de la libertad de prensa.
“Nuestra visita a México reveló el abismo que existe entre la aparente voluntad del gobierno federal de abordar seriamente el problema de la seguridad, por un lado, y la reticencia por parte de algunos estados para reconocer que la libertad de expresión se halla amenazada y hacer algo al respecto”, explicó Vincent Peyrègne, director general de WAN-IFRA, quien puntualizó además que, “si el gobierno federal no aborda la falta de responsabilidad política a escala estatal, sus esfuerzos tendrán escasos o nulos resultados”.
Autoridades del estado de Veracruz como la coordinadora general de comunicación social Gina Domínguez Colío y el secretario del gobierno Gerardo Buganza Salmerón, insistieron en que “la libertad de expresión en Veracruz está garantizada al 100%”. Esta aseveración contradice no solo con los datos reales –según el Death Watch del IPI, 11 periodistas han sido asesinados en Veracruz desde 2006 –, sino también con los testimonios de numerosos periodistas y editores, que indicaron que el gobierno de Veracruz acosa e intimida a los periodistas para controlar el flujo de la información en el estado. Ambos WAN-IFRA y el IPI consideran Veracruz como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.
Por otra parte, el informe destaca que la frecuencia de los ataques violentos contra los medios en los estados mexicanos, donde el poder del crimen organizado impera sobre la ley, ha llevado a muchos periodistas a huir a Ciudad de México y transformarse en “desplazados internos”, una suerte de ‘exilio interior’. Los periodistas contaron a la delegación que, para aquellos reporteros que deciden permanecer en sus provincias, la única medida viable de autoprotección es la autocensura, privando con ello a la sociedad mexicana de información rigurosa sobre los sucesos que tienen lugar en el país.
La delegación de la misión estuvo compuesta por: Roger Parkinson, ex presidente de WAN-IFRA, antiguo editor, director general y presidente del grupo canadiense Globe & Mail, y miembro del IPI; Larry Kilman, director general adjunto de WAN-IFRA; Barbara Trionfi, responsable de Libertad de Prensa del IPI; Rodrigo Bonilla Hastings, responsable de misiones de libertad de prensa de WAN-IFRA; y Scott Griffen, asesor de libertad de prensa para América Latina y el Caribe del IPI.
