Durante la jornada del martes, el Ejecutivo aprobó el veto a la franja electoral obligatoria para las elecciones primarias. Posterior a ello, la medida se votó en la Cámara de Diputados, en la que por falta de quórum para insistir en la permanencia del proyecto de ley de primarias – tal cual estaba – ganó la opción que apoyaba el veto solicitado por la Asociación Nacional de Televisión, ANATEL.
El gobierno se comprometió a ingresar a la Cámara Baja un proyecto de perfeccionamiento de la información a la que acceden los ciudadanos en una elección primaria, en el que se establece que en las primarias presidenciales “los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente quince minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral”, introduciendo así un cambio a la normativa vetada, que exigía a los canales abiertos transmitir una franja electoral con dos minutos por cada uno de los candidatos, antes del noticiero central.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, señaló que no se podía aplicar el mismo mecanismo de franja a la elección general en la que participan todos los partidos, ya que las primarias son una herramienta voluntaria de los conglomerados.
Los diputados DC rápidamente reaccionaron a estas palabras. Ricardo Rincón, jefe de la bancada demócrata cristiana comentó la “incongruencia del gobierno” al calificar al proceso fuera de elección presidencial, puesto que las primarias están dentro de la ley aprobada. El diputado Matías Walker comentó a Radio Universidad de Chile, que teme que no llegue con los plazos necesarios para votar las modificaciones a las que se comprometió el Ejecutivo. “Nosotros lo lamentamos mucho”, afirmó.
Manuela Gumucio, directora del Centro de Estudios Independientes Fucatel, también señala la decisión del gobierno como una incongruencia. La directora de Fucatel agregó que éste es el momento de poner en discusión el tema de las concesiones televisivas, ya que “los dueños de los canales de televisión se olvidan que deben cumplir un rol público en señales que pertenecen a todos los chilenos”.
“Hay una cierta incongruencia en cuanto a que las primarias se instituyeron por ley. A estas primarias se les dio un carácter de interés general porque si fuera sólo particular, no habría motivado una legislación. Por lo tanto, el argumento de que no se puede comparar esto con la información debida en el caso de la elección presidencial, no me parece correcto”, dijo.
Para Faride Zerán, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, la decisión del ejecutivo es “complicada” ya que en un país carente de debates es importante que los ciudadanos se puedan informar.
“Pensé que el gobierno iba a ser menos sensible a las presiones, sobre todo, después de que había hecho una declaración al respecto sobre que no iba a levantar esa medida. A mí me parece bastante complicado, sobre todo, porque estamos en un país con un tremendo déficit de debate, de información, de cultura cívica y creo que es importante que la gente se entere”, afirmó.
Hasta no votar las modificaciones que presente el Ejecutivo, no se podrá determinar cómo será la franja televisiva previa a las elecciones primarias del 30 de junio. Por ahora queda esperar a ver cómo el Legislativo reacciona a los cambios que el gobierno pondrá sobre la mesa.
Durante la jornada del martes, el Ejecutivo aprobó el veto a la franja electoral obligatoria para las elecciones primarias. Posterior a ello, la medida se votó en la Cámara de Diputados, en la que por falta de quórum para insistir en la permanencia del proyecto de ley de primarias – tal cual estaba – ganó la opción que apoyaba el veto solicitado por la Asociación Nacional de Televisión, ANATEL.
El gobierno se comprometió a ingresar a la Cámara Baja un proyecto de perfeccionamiento de la información a la que acceden los ciudadanos en una elección primaria, en el que se establece que en las primarias presidenciales “los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente quince minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral”, introduciendo así un cambio a la normativa vetada, que exigía a los canales abiertos transmitir una franja electoral con dos minutos por cada uno de los candidatos, antes del noticiero central.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, señaló que no se podía aplicar el mismo mecanismo de franja a la elección general en la que participan todos los partidos, ya que las primarias son una herramienta voluntaria de los conglomerados.
Los diputados DC rápidamente reaccionaron a estas palabras. Ricardo Rincón, jefe de la bancada demócrata cristiana comentó la “incongruencia del gobierno” al calificar al proceso fuera de elección presidencial, puesto que las primarias están dentro de la ley aprobada. El diputado Matías Walker comentó a Radio Universidad de Chile, que teme que no llegue con los plazos necesarios para votar las modificaciones a las que se comprometió el Ejecutivo. “Nosotros lo lamentamos mucho”, afirmó.
Manuela Gumucio, directora del Centro de Estudios Independientes Fucatel, también señala la decisión del gobierno como una incongruencia. La directora de Fucatel agregó que éste es el momento de poner en discusión el tema de las concesiones televisivas, ya que “los dueños de los canales de televisión se olvidan que deben cumplir un rol público en señales que pertenecen a todos los chilenos”.
“Hay una cierta incongruencia en cuanto a que las primarias se instituyeron por ley. A estas primarias se les dio un carácter de interés general porque si fuera sólo particular, no habría motivado una legislación. Por lo tanto, el argumento de que no se puede comparar esto con la información debida en el caso de la elección presidencial, no me parece correcto”, dijo.
Para Faride Zerán, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, la decisión del ejecutivo es “complicada” ya que en un país carente de debates es importante que los ciudadanos se puedan informar.
“Pensé que el gobierno iba a ser menos sensible a las presiones, sobre todo, después de que había hecho una declaración al respecto sobre que no iba a levantar esa medida. A mí me parece bastante complicado, sobre todo, porque estamos en un país con un tremendo déficit de debate, de información, de cultura cívica y creo que es importante que la gente se entere”, afirmó.
Hasta no votar las modificaciones que presente el Ejecutivo, no se podrá determinar cómo será la franja televisiva previa a las elecciones primarias del 30 de junio. Por ahora queda esperar a ver cómo el Legislativo reacciona a los cambios que el gobierno pondrá sobre la mesa.
Durante la jornada del martes, el Ejecutivo aprobó el veto a la franja electoral obligatoria para las elecciones primarias. Posterior a ello, la medida se votó en la Cámara de Diputados, en la que por falta de quórum para insistir en la permanencia del proyecto de ley de primarias – tal cual estaba – ganó la opción que apoyaba el veto solicitado por la Asociación Nacional de Televisión, ANATEL.
El gobierno se comprometió a ingresar a la Cámara Baja un proyecto de perfeccionamiento de la información a la que acceden los ciudadanos en una elección primaria, en el que se establece que en las primarias presidenciales “los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente quince minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral”, introduciendo así un cambio a la normativa vetada, que exigía a los canales abiertos transmitir una franja electoral con dos minutos por cada uno de los candidatos, antes del noticiero central.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, señaló que no se podía aplicar el mismo mecanismo de franja a la elección general en la que participan todos los partidos, ya que las primarias son una herramienta voluntaria de los conglomerados.
Los diputados DC rápidamente reaccionaron a estas palabras. Ricardo Rincón, jefe de la bancada demócrata cristiana comentó la “incongruencia del gobierno” al calificar al proceso fuera de elección presidencial, puesto que las primarias están dentro de la ley aprobada. El diputado Matías Walker comentó a Radio Universidad de Chile, que teme que no llegue con los plazos necesarios para votar las modificaciones a las que se comprometió el Ejecutivo. “Nosotros lo lamentamos mucho”, afirmó.
Manuela Gumucio, directora del Centro de Estudios Independientes Fucatel, también señala la decisión del gobierno como una incongruencia. La directora de Fucatel agregó que éste es el momento de poner en discusión el tema de las concesiones televisivas, ya que “los dueños de los canales de televisión se olvidan que deben cumplir un rol público en señales que pertenecen a todos los chilenos”.
“Hay una cierta incongruencia en cuanto a que las primarias se instituyeron por ley. A estas primarias se les dio un carácter de interés general porque si fuera sólo particular, no habría motivado una legislación. Por lo tanto, el argumento de que no se puede comparar esto con la información debida en el caso de la elección presidencial, no me parece correcto”, dijo.
Para Faride Zerán, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, la decisión del ejecutivo es “complicada” ya que en un país carente de debates es importante que los ciudadanos se puedan informar.
“Pensé que el gobierno iba a ser menos sensible a las presiones, sobre todo, después de que había hecho una declaración al respecto sobre que no iba a levantar esa medida. A mí me parece bastante complicado, sobre todo, porque estamos en un país con un tremendo déficit de debate, de información, de cultura cívica y creo que es importante que la gente se entere”, afirmó.
Hasta no votar las modificaciones que presente el Ejecutivo, no se podrá determinar cómo será la franja televisiva previa a las elecciones primarias del 30 de junio. Por ahora queda esperar a ver cómo el Legislativo reacciona a los cambios que el gobierno pondrá sobre la mesa.
