Esta mañana, estudiantes, abogados y familiares de afectados llegaron hasta el Instituto de Derechos Humanos (INDH) para presentar testimonios y antecedentes respecto de los casos registrados este jueves 11 de abril, donde distintas personas recibieron impactos de balín en el rostro durante la marcha convocada por la Confech.
A esta reunión llegaron las hijas de Enrique Eichin, de 58 años, quien aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Salvador, luego de ser impactado en su ojo derecho por un proyectil de pintura destinados a marcar a los encapuchados para su posterior detención.
Germán Grunert, quien asistió a la marcha de este jueves en Santiago, señaló que por escasos centímetros no perdió la visión por la misma causa y apuntó que hoy la fuerza policial está ocupando esta herramienta como amedrentamiento en las protestas.
En este sentido, el hombre aseguró que debido a los sucesos recientes se estaría “frente a un hecho que pensamos obedece a una táctica policial. Esto no es un elemento disuasivo como dijo inicialmente Carabineros para identificar a los encapuchados. Hoy se utiliza de manera indiscriminada sobre cualquier persona que esté movilizada en una marcha estudiantil o de otro ámbito y el mensaje que se nos está entregando a nosotros es que no podemos participar porque corremos el riesgo de perder el ojo”.
La directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH) señaló que los distintos casos registrados en varias movilizaciones revelan una recurrencia de esta práctica. Por lo mismo, Lorena Fríes mencionó la baja de dos funcionarios policiales en Valparaíso por utilizar fuerza excesiva en las protestas.
La vocera del INDH indicó que “aquí lo que corresponde primero es hacer investigaciones internas administrativas que permitan sumariar a dichos carabineros y dependiendo de la gravedad de los hechos evidentemente hay que darlos de baja y por otro lado hay que hacerle seguimiento a aquellos que son dados de baja. Hemos visto, por ejemplo, en el conflicto en La Araucanía, que a veces no se les margina. Necesitamos a Carabineros porque es la institución que cautela el orden público, pero no es de cualquier manera, tiene que ser apegado a derechos humanos y respetando el legítimo derecho que tiene la ciudadanía a manifestarse en paz”.
A la cita también llegó el abogado Tomás Ramírez, quien presentó la querella a nombre de Luis, menor de 16 años, quien recibió una munición en el ojo. A su juicio, existen tres niveles de responsabilidad por la agresión de Carabineros con esta herramienta: tanto del autor del disparo, como la institución que representa y el Gobierno que lo permite.
El representante legal de una de las víctimas de los disparos de balines indicó que “primero está el ilícito legal de lesiones en virtud del cual nosotros interpusimos la querella. En paralelo, existen responsabilidades administrativas por la forma de uso de este tipo de armamento. Además, hay una responsabilidad estatal y política en el sentido de permitir el uso de un armamento que en ningún caso está destinado a la protección del orden público, sino que a lesionar y amedrentar a los manifestantes. No es utilizado para identificar a las personas que cometen delito, especialmente los más graves y, por lo tanto, tenemos tres niveles distintos: El Penal, el Administrativo y el Político que tiene que ver con la represión política a los movimientos estudiantiles y los movimientos sociales en general”.
El Instituto de Derechos Humanos lamentó la poca colaboración tanto de Carabineros como del Ejecutivo para investigar estas irregularidades, luego de las sucesivas denuncias durante este año, que se suman a las querellas presentadas durante 2012.
Esta mañana, estudiantes, abogados y familiares de afectados llegaron hasta el Instituto de Derechos Humanos (INDH) para presentar testimonios y antecedentes respecto de los casos registrados este jueves 11 de abril, donde distintas personas recibieron impactos de balín en el rostro durante la marcha convocada por la Confech.
A esta reunión llegaron las hijas de Enrique Eichin, de 58 años, quien aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Salvador, luego de ser impactado en su ojo derecho por un proyectil de pintura destinados a marcar a los encapuchados para su posterior detención.
Germán Grunert, quien asistió a la marcha de este jueves en Santiago, señaló que por escasos centímetros no perdió la visión por la misma causa y apuntó que hoy la fuerza policial está ocupando esta herramienta como amedrentamiento en las protestas.
En este sentido, el hombre aseguró que debido a los sucesos recientes se estaría “frente a un hecho que pensamos obedece a una táctica policial. Esto no es un elemento disuasivo como dijo inicialmente Carabineros para identificar a los encapuchados. Hoy se utiliza de manera indiscriminada sobre cualquier persona que esté movilizada en una marcha estudiantil o de otro ámbito y el mensaje que se nos está entregando a nosotros es que no podemos participar porque corremos el riesgo de perder el ojo”.
La directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH) señaló que los distintos casos registrados en varias movilizaciones revelan una recurrencia de esta práctica. Por lo mismo, Lorena Fríes mencionó la baja de dos funcionarios policiales en Valparaíso por utilizar fuerza excesiva en las protestas.
La vocera del INDH indicó que “aquí lo que corresponde primero es hacer investigaciones internas administrativas que permitan sumariar a dichos carabineros y dependiendo de la gravedad de los hechos evidentemente hay que darlos de baja y por otro lado hay que hacerle seguimiento a aquellos que son dados de baja. Hemos visto, por ejemplo, en el conflicto en La Araucanía, que a veces no se les margina. Necesitamos a Carabineros porque es la institución que cautela el orden público, pero no es de cualquier manera, tiene que ser apegado a derechos humanos y respetando el legítimo derecho que tiene la ciudadanía a manifestarse en paz”.
A la cita también llegó el abogado Tomás Ramírez, quien presentó la querella a nombre de Luis, menor de 16 años, quien recibió una munición en el ojo. A su juicio, existen tres niveles de responsabilidad por la agresión de Carabineros con esta herramienta: tanto del autor del disparo, como la institución que representa y el Gobierno que lo permite.
El representante legal de una de las víctimas de los disparos de balines indicó que “primero está el ilícito legal de lesiones en virtud del cual nosotros interpusimos la querella. En paralelo, existen responsabilidades administrativas por la forma de uso de este tipo de armamento. Además, hay una responsabilidad estatal y política en el sentido de permitir el uso de un armamento que en ningún caso está destinado a la protección del orden público, sino que a lesionar y amedrentar a los manifestantes. No es utilizado para identificar a las personas que cometen delito, especialmente los más graves y, por lo tanto, tenemos tres niveles distintos: El Penal, el Administrativo y el Político que tiene que ver con la represión política a los movimientos estudiantiles y los movimientos sociales en general”.
El Instituto de Derechos Humanos lamentó la poca colaboración tanto de Carabineros como del Ejecutivo para investigar estas irregularidades, luego de las sucesivas denuncias durante este año, que se suman a las querellas presentadas durante 2012.
Esta mañana, estudiantes, abogados y familiares de afectados llegaron hasta el Instituto de Derechos Humanos (INDH) para presentar testimonios y antecedentes respecto de los casos registrados este jueves 11 de abril, donde distintas personas recibieron impactos de balín en el rostro durante la marcha convocada por la Confech.
A esta reunión llegaron las hijas de Enrique Eichin, de 58 años, quien aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Salvador, luego de ser impactado en su ojo derecho por un proyectil de pintura destinados a marcar a los encapuchados para su posterior detención.
Germán Grunert, quien asistió a la marcha de este jueves en Santiago, señaló que por escasos centímetros no perdió la visión por la misma causa y apuntó que hoy la fuerza policial está ocupando esta herramienta como amedrentamiento en las protestas.
En este sentido, el hombre aseguró que debido a los sucesos recientes se estaría “frente a un hecho que pensamos obedece a una táctica policial. Esto no es un elemento disuasivo como dijo inicialmente Carabineros para identificar a los encapuchados. Hoy se utiliza de manera indiscriminada sobre cualquier persona que esté movilizada en una marcha estudiantil o de otro ámbito y el mensaje que se nos está entregando a nosotros es que no podemos participar porque corremos el riesgo de perder el ojo”.
La directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH) señaló que los distintos casos registrados en varias movilizaciones revelan una recurrencia de esta práctica. Por lo mismo, Lorena Fríes mencionó la baja de dos funcionarios policiales en Valparaíso por utilizar fuerza excesiva en las protestas.
La vocera del INDH indicó que “aquí lo que corresponde primero es hacer investigaciones internas administrativas que permitan sumariar a dichos carabineros y dependiendo de la gravedad de los hechos evidentemente hay que darlos de baja y por otro lado hay que hacerle seguimiento a aquellos que son dados de baja. Hemos visto, por ejemplo, en el conflicto en La Araucanía, que a veces no se les margina. Necesitamos a Carabineros porque es la institución que cautela el orden público, pero no es de cualquier manera, tiene que ser apegado a derechos humanos y respetando el legítimo derecho que tiene la ciudadanía a manifestarse en paz”.
A la cita también llegó el abogado Tomás Ramírez, quien presentó la querella a nombre de Luis, menor de 16 años, quien recibió una munición en el ojo. A su juicio, existen tres niveles de responsabilidad por la agresión de Carabineros con esta herramienta: tanto del autor del disparo, como la institución que representa y el Gobierno que lo permite.
El representante legal de una de las víctimas de los disparos de balines indicó que “primero está el ilícito legal de lesiones en virtud del cual nosotros interpusimos la querella. En paralelo, existen responsabilidades administrativas por la forma de uso de este tipo de armamento. Además, hay una responsabilidad estatal y política en el sentido de permitir el uso de un armamento que en ningún caso está destinado a la protección del orden público, sino que a lesionar y amedrentar a los manifestantes. No es utilizado para identificar a las personas que cometen delito, especialmente los más graves y, por lo tanto, tenemos tres niveles distintos: El Penal, el Administrativo y el Político que tiene que ver con la represión política a los movimientos estudiantiles y los movimientos sociales en general”.
El Instituto de Derechos Humanos lamentó la poca colaboración tanto de Carabineros como del Ejecutivo para investigar estas irregularidades, luego de las sucesivas denuncias durante este año, que se suman a las querellas presentadas durante 2012.
