La semana pasada, el martes 9 de abril, en la madrugada, un voraz incendio afectó al Palacio Iñiguez, dejándolo en muy precarias condiciones y quedando la duda si podrá resistir una restauración la antigua estructura. Este emblemático edificio, ubicado en la Avenida Alameda esquina calle Dieciocho, fue construido en 1908 por los arquitectos Cruz Montt y Larraín Bravo.

El edificio estaba abandonado, lo cual significa una grave irresponsabilidad de sus propietarios. Un edificio que es monumento nacional, que es un símbolo en la ciudad y que está ubicado en un conjunto armónico que muestra el pasado esplendor de nuestra ciudad y sociedad.

Es indignante que los propietarios de dicho inmueble, una importante institución educativa, con gran tradición, vinculada a una de las más respetables universidades del país, hayan demostrado tanta falta de preocupación. Estamos en presencia de una tremenda falta de ética y de responsabilidad con la ciudad.

Pero, también tienen gran responsabilidad en este asunto las autoridades, tanto comunales como nacionales. Es evidente que no hay una preocupación por el patrimonio, ni siquiera hay una preocupación por la ciudad. Para algunos, para demostrar sus propuestas de eficiencia tecnocrática,  el tema lo resuelve el mercado y la empresa privada (las inmobiliarias). Para otros, para demostrar su sensibilidad social, el problema urbano se refiere solo a responder con viviendas para los pobres, no importa su calidad ni tampoco su ubicación.

Cabe hacer notar que, por sobre una preocupación por las dotaciones materiales, en lo patrimonial importa su usos y las redes sociales que contienen, las cuales, además de mostrarnos la expresión física de un  pasado esplendoroso y su actual decadencia,  favorecen y acogen a los habitantes vulnerables de la ciudad.

Frente a este lamentable descuido e irresponsabilidad de una “respetable institución educativa del país” que culmina con la destrucción de este emblemático edificio, es necesario reflexionar acerca de posibles soluciones en el sentido que sea Estado quien tome la iniciativa. Lo siento por los puristas del mercado, pero la acción no controlada de este ha significado que las ciudades chilenas sean contaminadas, congestionadas, feas y segregadas.

Se debería generar un banco de edificios patrimoniales, los cuales deberían ser adquiridos por organismos estatales, que actualmente arriendan sus lugares de trabajo, para convertirlos en sedes institucionales  (ministerios, reparticiones, etc.). Es decir, imitar, a una escala mayor y como política de estado, la experiencia con el palacio Pereira  que ha llevado adelante el actual gobierno.

Adenda:

En definitiva, después del incendio del Palacio Iñiguez, Santiago es más feo, menos interesante, menos democrático y con evidencia de poseer autoridades e instituciones, públicas y privadas,  irresponsables e indolentes.