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Año XII, 24 de noviembre de 2020

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Autoridades evalúan cambios a sistema de pensiones mientras trabajadores exigen otro modelo

La Superintendenta de Pensiones, Solange Berstein, dio cuenta de su gestión durante 2012 e informó de las prioridades de esta cartera para este año, donde no están contempladas, en el corto y mediano plazo, reformas importantes al sistema previsional. Estas transformaciones requieren de grandes acuerdos en el diagnóstico y las soluciones, indicó el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, quien se refirió a una de las posibles modificaciones: el aumento de la cotización obligatoria.

Narayan Vila

  Jueves 18 de abril 2013 1:04 hrs. 
jubilacion



El aumento de la edad de jubilación y el incremento de la cotización obligatoria son materia de análisis para la Superintendencia de Pensiones, con miras a reformar un modelo fuertemente cuestionado por las escuálidas tasas de reemplazo que acompañan a los jubilados, versus las altas utilidades de las compañías.

Así también lo ha intentado hacer notar el presidente Sebastián Piñera, quien ha sostenido una serie de reuniones con distintos ejecutivos de las AFP.

Sin embargo, ninguno de los puntos antes mencionado, como tampoco modificaciones estructurales, están en la agenda de la institución para este año, donde sí se contemplan la apertura de nuevas sedes y el seguimiento del proceso de cotización de los trabajadores independientes.

Así lo señaló la Superintendenta Solange Berstein, quien se limitó a afirmar que esta repartición pública ha estado “monitoreando” las “deficiencias” del sistema, pero sólo como un organismo asesor.

“La Superintendencia es un organismo técnico que aporta con los antecedentes que se nos requiere, pero al final es una decisión del gobierno si avanza en una reforma u otra”, precisó la autoridad.

Por su parte, el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, afirmó que, para avanzar en reformas importantes, es necesaria una opinión mayoritaria sobre el diagnóstico y las soluciones, apuntando a los acuerdos que se deberían, a su juicio, materializar en el Congreso.

Iglesias se refirió a uno de los puntos que más consenso genera no sólo entre los especialistas, sino que también en varios candidatos presidenciales, el incrementar la cotización obligatoria.

“Hay bastante más acuerdo respecto de que va a ser necesario que se suba la tasa de cotización, pero hay menos consenso respecto de si la edad de las pensiones es necesario moverla. Una vez definido el aumento de la tasa de cotización, hay que precisar quién va a pagar. En general las opiniones tienden a concordar en que un eventual aumento de la tasa de cotización, no puede ser de cargo completo del trabajador y probablemente una mayor carga va a tener que ser distribuida entre trabajador y empleador”, dijo.

Sin embargo, este tipo de reformas, donde se incluye fomentar el ahorro voluntario, por ejemplo, sólo vendrían a incrementar las enormes utilidades de las AFP, las que en 2012 ascendieron a 582 millones de dólares.

Así lo señaló Luis Mesina, vocero del movimiento ciudadano “No más AFP”, quien agregó que estas posibles variaciones normativas sólo aportaría más recursos para la especulación financiera de estas compañías.

El dirigente reiteró que la solución más viable y óptima para los trabajadores es la eliminación del actual modelo previsional.

“Tenemos 160 mil millones de dólares que representan cerca del 61 o 62 por ciento del Producto Interno Bruto. Muchas organizaciones no estamos planteando expropiar recursos porque son nuestros. Estamos sugiriendo que éstos pasen al IPS transitoriamente, en tanto los trabajadores discuten cómo administrarlo. Somos partidarios de las corporaciones privadas sin fines de lucro y ese es uno de los fundamentos principales. No queremos el lucro en los fondos previsionales chilenos”, comentó Mesina.

Sobre la posibilidad de crear una AFP Estatal, Mesina expresó no cambia el panorama, ya que varía la propiedad pero se mantienen los principios rectores del modelo, es decir, la capitalización individual que se sustenta en un régimen de reparto y no de solidaridad.