Con la presentación de todas las pruebas y testigos que completan el expediente del caso, este martes se inicia finalmente un proceso que tiene a los familiares de las víctimas en una delgada línea entre optimismo y una constante desconfianza.
Son ya casi tres años de la tragedia ocurrida en el establecimiento penitenciario de San Miguel, en la que, según la versión del Ministerio Público, se produjo un incendio a causa de una riña que se salió de las manos de quienes lo podían controlar.
Desde ahí se empezó a apuntar a Gendarmería, por lo que la fiscalía formalizó por cuasidelito de homicido a 3 centinelas, al entonces director regional de Gendarmería, Carlos Bustos, al jefe operativo Jaime San Martin, a un guardia, al alcaide Segundo Sanzana y el jefe administrativo de la cárcel de San Miguel, Patricio Campos.
Sin embargo, el reciente cambio de fiscales que se comunicó por parte del Ministerio Público generó molestia entre los familiares.
En este sentido, José Quezada, cuyo hijo Antonio falleció en la ocasión, explicó que “llevaban todo el proceso investigativo para poder presentarse ante el tribunal y poder alegar de mejor manera. Deberían haber seguido hasta el final, nadie más conocía el proceso mejor. En este momento nos colocan a un fiscal que es totalmente nuevo en la causa, que va a tener que analizar por completo el proceso de investigación para poder estar preparado y hacer los alegatos que correspondan en cualquier instancia. Si es que el fiscal no conoce el proceso tendrá que empaparse del expediente que contiene unas 30 mil hojas”.
Según Carlos Quezada, abogado que representa a unas 13 familias en una acusación particular, estas son dudas y aprehensiones justificadas, pero aseguró que se requerirá, pese al tiempo que se dispone para la preparación, voluntad por parte de los nuevos fiscales.
En esa línea, el abogado de algunas de las familias de los presos fallecidos en la tragedia del 2010 indicó que “en la audiencia preparatoria los fiscales que van a comparecer han tenido aproximadamente un mes antes de la preparatoria, lo que es un tiempo más que suficiente para poder defender las evidencias de buena manera y al mismo tiempo faltan dos meses para la realización del juicio oral. Hay tiempo para hacer las cosas y existe la voluntad para que el Ministerio Público entregue los recursos a los fiscales que van a defender el juicio y se empapen de la causa de la misma forma en que estaban empapados los fiscales anteriores”.
El abogado explicó que se presentó otra acusación particular, en distintos términos al proceso iniciado por el Ministerio Público; particularmente para que en algunos casos se condenara bajo el cargo de homicidio por omisión, y no por cuasidelito, ya que se consideran penas “sustancialmente más altas”.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, reiteró la postura de la agrupación que apunta a las responsabilidades del Estado y del Gobierno; y agregó que esperan que uno de los gendarmes inculpados, que no consumía alcohol, a diferencia de sus colegas, durante la noche del accidente, sea absuelto.
Por esto, el dirigente de los suboficiales comentó que “había un abandono total respecto de la infraestructura, las medidas de seguridad, la preparación del personal para enfrentar este tipo de situaciones, por lo tanto, es evidente que aparte de la responsabilidad penal que pueda haber en los involucrados, también hay una responsabilidad del Estado que no supo materializar las acciones concretas para evitar una tragedia de esa envergadura. Nosotros esperamos que por lo menos en un caso en donde no hubo consumo de alcohol y no hubo irresponsabilidad, pueda ser absuelto un funcionario”.
El suboficial González agregó que el Estado ha cometido un “abandono sistemático” con Gendarmería.
Con la presentación de todas las pruebas y testigos que completan el expediente del caso, este martes se inicia finalmente un proceso que tiene a los familiares de las víctimas en una delgada línea entre optimismo y una constante desconfianza.
Son ya casi tres años de la tragedia ocurrida en el establecimiento penitenciario de San Miguel, en la que, según la versión del Ministerio Público, se produjo un incendio a causa de una riña que se salió de las manos de quienes lo podían controlar.
Desde ahí se empezó a apuntar a Gendarmería, por lo que la fiscalía formalizó por cuasidelito de homicido a 3 centinelas, al entonces director regional de Gendarmería, Carlos Bustos, al jefe operativo Jaime San Martin, a un guardia, al alcaide Segundo Sanzana y el jefe administrativo de la cárcel de San Miguel, Patricio Campos.
Sin embargo, el reciente cambio de fiscales que se comunicó por parte del Ministerio Público generó molestia entre los familiares.
En este sentido, José Quezada, cuyo hijo Antonio falleció en la ocasión, explicó que “llevaban todo el proceso investigativo para poder presentarse ante el tribunal y poder alegar de mejor manera. Deberían haber seguido hasta el final, nadie más conocía el proceso mejor. En este momento nos colocan a un fiscal que es totalmente nuevo en la causa, que va a tener que analizar por completo el proceso de investigación para poder estar preparado y hacer los alegatos que correspondan en cualquier instancia. Si es que el fiscal no conoce el proceso tendrá que empaparse del expediente que contiene unas 30 mil hojas”.
Según Carlos Quezada, abogado que representa a unas 13 familias en una acusación particular, estas son dudas y aprehensiones justificadas, pero aseguró que se requerirá, pese al tiempo que se dispone para la preparación, voluntad por parte de los nuevos fiscales.
En esa línea, el abogado de algunas de las familias de los presos fallecidos en la tragedia del 2010 indicó que “en la audiencia preparatoria los fiscales que van a comparecer han tenido aproximadamente un mes antes de la preparatoria, lo que es un tiempo más que suficiente para poder defender las evidencias de buena manera y al mismo tiempo faltan dos meses para la realización del juicio oral. Hay tiempo para hacer las cosas y existe la voluntad para que el Ministerio Público entregue los recursos a los fiscales que van a defender el juicio y se empapen de la causa de la misma forma en que estaban empapados los fiscales anteriores”.
El abogado explicó que se presentó otra acusación particular, en distintos términos al proceso iniciado por el Ministerio Público; particularmente para que en algunos casos se condenara bajo el cargo de homicidio por omisión, y no por cuasidelito, ya que se consideran penas “sustancialmente más altas”.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, reiteró la postura de la agrupación que apunta a las responsabilidades del Estado y del Gobierno; y agregó que esperan que uno de los gendarmes inculpados, que no consumía alcohol, a diferencia de sus colegas, durante la noche del accidente, sea absuelto.
Por esto, el dirigente de los suboficiales comentó que “había un abandono total respecto de la infraestructura, las medidas de seguridad, la preparación del personal para enfrentar este tipo de situaciones, por lo tanto, es evidente que aparte de la responsabilidad penal que pueda haber en los involucrados, también hay una responsabilidad del Estado que no supo materializar las acciones concretas para evitar una tragedia de esa envergadura. Nosotros esperamos que por lo menos en un caso en donde no hubo consumo de alcohol y no hubo irresponsabilidad, pueda ser absuelto un funcionario”.
El suboficial González agregó que el Estado ha cometido un “abandono sistemático” con Gendarmería.
Con la presentación de todas las pruebas y testigos que completan el expediente del caso, este martes se inicia finalmente un proceso que tiene a los familiares de las víctimas en una delgada línea entre optimismo y una constante desconfianza.
Son ya casi tres años de la tragedia ocurrida en el establecimiento penitenciario de San Miguel, en la que, según la versión del Ministerio Público, se produjo un incendio a causa de una riña que se salió de las manos de quienes lo podían controlar.
Desde ahí se empezó a apuntar a Gendarmería, por lo que la fiscalía formalizó por cuasidelito de homicido a 3 centinelas, al entonces director regional de Gendarmería, Carlos Bustos, al jefe operativo Jaime San Martin, a un guardia, al alcaide Segundo Sanzana y el jefe administrativo de la cárcel de San Miguel, Patricio Campos.
Sin embargo, el reciente cambio de fiscales que se comunicó por parte del Ministerio Público generó molestia entre los familiares.
En este sentido, José Quezada, cuyo hijo Antonio falleció en la ocasión, explicó que “llevaban todo el proceso investigativo para poder presentarse ante el tribunal y poder alegar de mejor manera. Deberían haber seguido hasta el final, nadie más conocía el proceso mejor. En este momento nos colocan a un fiscal que es totalmente nuevo en la causa, que va a tener que analizar por completo el proceso de investigación para poder estar preparado y hacer los alegatos que correspondan en cualquier instancia. Si es que el fiscal no conoce el proceso tendrá que empaparse del expediente que contiene unas 30 mil hojas”.
Según Carlos Quezada, abogado que representa a unas 13 familias en una acusación particular, estas son dudas y aprehensiones justificadas, pero aseguró que se requerirá, pese al tiempo que se dispone para la preparación, voluntad por parte de los nuevos fiscales.
En esa línea, el abogado de algunas de las familias de los presos fallecidos en la tragedia del 2010 indicó que “en la audiencia preparatoria los fiscales que van a comparecer han tenido aproximadamente un mes antes de la preparatoria, lo que es un tiempo más que suficiente para poder defender las evidencias de buena manera y al mismo tiempo faltan dos meses para la realización del juicio oral. Hay tiempo para hacer las cosas y existe la voluntad para que el Ministerio Público entregue los recursos a los fiscales que van a defender el juicio y se empapen de la causa de la misma forma en que estaban empapados los fiscales anteriores”.
El abogado explicó que se presentó otra acusación particular, en distintos términos al proceso iniciado por el Ministerio Público; particularmente para que en algunos casos se condenara bajo el cargo de homicidio por omisión, y no por cuasidelito, ya que se consideran penas “sustancialmente más altas”.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, reiteró la postura de la agrupación que apunta a las responsabilidades del Estado y del Gobierno; y agregó que esperan que uno de los gendarmes inculpados, que no consumía alcohol, a diferencia de sus colegas, durante la noche del accidente, sea absuelto.
Por esto, el dirigente de los suboficiales comentó que “había un abandono total respecto de la infraestructura, las medidas de seguridad, la preparación del personal para enfrentar este tipo de situaciones, por lo tanto, es evidente que aparte de la responsabilidad penal que pueda haber en los involucrados, también hay una responsabilidad del Estado que no supo materializar las acciones concretas para evitar una tragedia de esa envergadura. Nosotros esperamos que por lo menos en un caso en donde no hubo consumo de alcohol y no hubo irresponsabilidad, pueda ser absuelto un funcionario”.
El suboficial González agregó que el Estado ha cometido un “abandono sistemático” con Gendarmería.
