Este miércoles en Concepción cientos de dirigentes de diversas localidades marcharon al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Servieu) regional, para exigir que se inviertan más recursos en viviendas sociales y que se concrete la entrega de soluciones habitacionales.
Esta demanda que ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo por las consecuencias que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010, tal como indicó el vocero del Comité de Allegados del sector de Chiguayante y representante de la Federación Nacional de Pobladores en la región del Biobío, Sergio Chamorro.
En este sentido, el dirigente de los pobladores indicó que “por un lado tenemos a los vecinos sin casa antes del terremoto, que eran allegados y arrendatarios que se encontraban con sus comités conformados y después del terremoto surge una nueva realidad de pobladores, que son los damnificados. En esa figura, la necesidad de una vivienda en la región del Biobío se hizo extensa y creció en número, lo que hemos estado denunciando”.
Chamorro añadió que no se ha podido resolver la situación de cientos de damnificados, ya que las autoridades extraviaron el certificado que acredita que poseen esta condición, un problema que se vive con fuerza, por ejemplo, en la recuperación del campamento El Molino en Dichato, además de Coronel, Lota, Llico, entre otras localidades.
También afirmó que se deben enfrentar problemas derivados del terremoto, como son las expropiaciones, y transparentar la entrega de viviendas ya que, afirman, las cifras de reconstrucción entregadas por el Gobierno, no se relacionan con la realidad.
Una de las razones de esto la explicó el vocero nacional de la Federación, Rafael Soto: “Un beneficio que se está entregando, pero sin la precaución de gestionar los subsidios que se necesitan en cada comuna, para que esos subsidios sean ejecutables. Nos damos cuenta que para lograr soluciones dignas y no tener los conjuntos habitacionales que hoy lamentamos en la periferia, es necesario que el Gobierno intervenga en la compra de terrenos para esos subsidios, lo que no ha hecho a la fecha”.
A estos problemas derivados de la reconstrucción se suman también los de comités de allegados que se constituyeron antes del 2010 y que llevan más de 10 años exigiendo una vivienda social. Ese es el caso de los pobladores de Calama, quienes hace meses, se tomaron un terreno municipal y hoy, por segunda vez lo que va de este año, se crucificaron para pedir una respuesta.
“Calama es la ciudad más rica del país, está llena de recursos, pero en tres años sólo se han construido 75 viviendas. Aquí hay mucho dinero, pero la política municipal no ha hecho todo lo posible. En este momento, nosotros somos 400 familias que estamos en la calle exigiéndole a la autoridad que escuche a quienes no tenemos casa”, indicó un vocero.
Desde la municipalidad de Calama afirmaron que se había llegado a un acuerdo, sin embargo, el diálogo se rompió y confirmaron que se pidió el desalojo de las familias, principalmente por temas sanitarios, pero indicaron que la propuesta sigue vigente.
Además, manifestaron su preocupación por la escasez de terrenos fiscales habilitados para la construcción de viviendas en su comuna y a nivel nacional. Vale señalar que nos comunicamos con el ministerio de Vivienda para obtener su visión de estos conflictos, pero no fue posible contactar a las autoridades.
Este miércoles en Concepción cientos de dirigentes de diversas localidades marcharon al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Servieu) regional, para exigir que se inviertan más recursos en viviendas sociales y que se concrete la entrega de soluciones habitacionales.
Esta demanda que ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo por las consecuencias que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010, tal como indicó el vocero del Comité de Allegados del sector de Chiguayante y representante de la Federación Nacional de Pobladores en la región del Biobío, Sergio Chamorro.
En este sentido, el dirigente de los pobladores indicó que “por un lado tenemos a los vecinos sin casa antes del terremoto, que eran allegados y arrendatarios que se encontraban con sus comités conformados y después del terremoto surge una nueva realidad de pobladores, que son los damnificados. En esa figura, la necesidad de una vivienda en la región del Biobío se hizo extensa y creció en número, lo que hemos estado denunciando”.
Chamorro añadió que no se ha podido resolver la situación de cientos de damnificados, ya que las autoridades extraviaron el certificado que acredita que poseen esta condición, un problema que se vive con fuerza, por ejemplo, en la recuperación del campamento El Molino en Dichato, además de Coronel, Lota, Llico, entre otras localidades.
También afirmó que se deben enfrentar problemas derivados del terremoto, como son las expropiaciones, y transparentar la entrega de viviendas ya que, afirman, las cifras de reconstrucción entregadas por el Gobierno, no se relacionan con la realidad.
Una de las razones de esto la explicó el vocero nacional de la Federación, Rafael Soto: “Un beneficio que se está entregando, pero sin la precaución de gestionar los subsidios que se necesitan en cada comuna, para que esos subsidios sean ejecutables. Nos damos cuenta que para lograr soluciones dignas y no tener los conjuntos habitacionales que hoy lamentamos en la periferia, es necesario que el Gobierno intervenga en la compra de terrenos para esos subsidios, lo que no ha hecho a la fecha”.
A estos problemas derivados de la reconstrucción se suman también los de comités de allegados que se constituyeron antes del 2010 y que llevan más de 10 años exigiendo una vivienda social. Ese es el caso de los pobladores de Calama, quienes hace meses, se tomaron un terreno municipal y hoy, por segunda vez lo que va de este año, se crucificaron para pedir una respuesta.
“Calama es la ciudad más rica del país, está llena de recursos, pero en tres años sólo se han construido 75 viviendas. Aquí hay mucho dinero, pero la política municipal no ha hecho todo lo posible. En este momento, nosotros somos 400 familias que estamos en la calle exigiéndole a la autoridad que escuche a quienes no tenemos casa”, indicó un vocero.
Desde la municipalidad de Calama afirmaron que se había llegado a un acuerdo, sin embargo, el diálogo se rompió y confirmaron que se pidió el desalojo de las familias, principalmente por temas sanitarios, pero indicaron que la propuesta sigue vigente.
Además, manifestaron su preocupación por la escasez de terrenos fiscales habilitados para la construcción de viviendas en su comuna y a nivel nacional. Vale señalar que nos comunicamos con el ministerio de Vivienda para obtener su visión de estos conflictos, pero no fue posible contactar a las autoridades.
Este miércoles en Concepción cientos de dirigentes de diversas localidades marcharon al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Servieu) regional, para exigir que se inviertan más recursos en viviendas sociales y que se concrete la entrega de soluciones habitacionales.
Esta demanda que ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo por las consecuencias que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010, tal como indicó el vocero del Comité de Allegados del sector de Chiguayante y representante de la Federación Nacional de Pobladores en la región del Biobío, Sergio Chamorro.
En este sentido, el dirigente de los pobladores indicó que “por un lado tenemos a los vecinos sin casa antes del terremoto, que eran allegados y arrendatarios que se encontraban con sus comités conformados y después del terremoto surge una nueva realidad de pobladores, que son los damnificados. En esa figura, la necesidad de una vivienda en la región del Biobío se hizo extensa y creció en número, lo que hemos estado denunciando”.
Chamorro añadió que no se ha podido resolver la situación de cientos de damnificados, ya que las autoridades extraviaron el certificado que acredita que poseen esta condición, un problema que se vive con fuerza, por ejemplo, en la recuperación del campamento El Molino en Dichato, además de Coronel, Lota, Llico, entre otras localidades.
También afirmó que se deben enfrentar problemas derivados del terremoto, como son las expropiaciones, y transparentar la entrega de viviendas ya que, afirman, las cifras de reconstrucción entregadas por el Gobierno, no se relacionan con la realidad.
Una de las razones de esto la explicó el vocero nacional de la Federación, Rafael Soto: “Un beneficio que se está entregando, pero sin la precaución de gestionar los subsidios que se necesitan en cada comuna, para que esos subsidios sean ejecutables. Nos damos cuenta que para lograr soluciones dignas y no tener los conjuntos habitacionales que hoy lamentamos en la periferia, es necesario que el Gobierno intervenga en la compra de terrenos para esos subsidios, lo que no ha hecho a la fecha”.
A estos problemas derivados de la reconstrucción se suman también los de comités de allegados que se constituyeron antes del 2010 y que llevan más de 10 años exigiendo una vivienda social. Ese es el caso de los pobladores de Calama, quienes hace meses, se tomaron un terreno municipal y hoy, por segunda vez lo que va de este año, se crucificaron para pedir una respuesta.
“Calama es la ciudad más rica del país, está llena de recursos, pero en tres años sólo se han construido 75 viviendas. Aquí hay mucho dinero, pero la política municipal no ha hecho todo lo posible. En este momento, nosotros somos 400 familias que estamos en la calle exigiéndole a la autoridad que escuche a quienes no tenemos casa”, indicó un vocero.
Desde la municipalidad de Calama afirmaron que se había llegado a un acuerdo, sin embargo, el diálogo se rompió y confirmaron que se pidió el desalojo de las familias, principalmente por temas sanitarios, pero indicaron que la propuesta sigue vigente.
Además, manifestaron su preocupación por la escasez de terrenos fiscales habilitados para la construcción de viviendas en su comuna y a nivel nacional. Vale señalar que nos comunicamos con el ministerio de Vivienda para obtener su visión de estos conflictos, pero no fue posible contactar a las autoridades.
