Luego de la destitución de Harald Beyer del Ministerio de Educación, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto para eliminar la inhabilidad de cinco años que se produce como consecuencia de la Acusación Constitucional.
La moción – que fue ingresada al parlamento el pasado 18 de abril y presentada por el demócrata cristiano, Jorge Burgos – cuenta con el apoyo de los PPD Jorge Tarud y Guillermo Ceroni, además de los DC Matías Walker, Jorge Sabaj y Jorge Burgos. También el RN Cristián Monckeberg sumó su respaldo.
Jorge Tarud (PPD) y Matías Walker (DC), creen que la iniciativa -de artículo único- contará con un amplio apoyo en el Parlamento, debido a lo “desproporcionada” que es medida de inhabilidad. Walker destaca la importancia de revisarlo con urgencia y así poder reparar una “injusticia y una desproporción que contempla la Constitución”. Tarud, en tanto, señaló que ni el Senado ni la Cámara de Diputados debería tener estas atribuciones.
“Este es un resabio que quedó de la Constitución de Pinochet donde se le da poder al Senado y a la Cámara de Diputados para establecer una sanción penal. Los tribunales de justicia son los únicos que pueden inhabilitar a un ciudadano para sus derechos políticos y eso no le corresponde al Parlamento. La situación que vivimos hoy en día es muy injusta y ya la han vivido dos ministros de Estado” , afirmó el legislador.
Sin embargo, hay quienes no se manifiestan tan de acuerdo con la medida. La diputada Marisol Turres, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -instancia que revisará la medida- cree que hay que analizar con calma el proyecto. La parlamentaria UDI manifiesta su apoyo a la inhabilitación y cree apresurado tomar decisiones motivadas por un hecho de la contingencia.
“No me parece acertado en este momento innovar acerca de este tema. Creo que esta inhabilidad con la que quedan los ministros con la acusación constitucional llega al fondo y se transforma en un gallito político independiente del mérito que haya”, comentó Marisol Turres.
El independiente, Pedro Araya, coincide con que hay que revisar con calma el proyecto. Para éste, lo más crítico sería que los futuros ministros actuaran sin la responsabilidad necesaria en sus cargos, debido a que no presentaría mayores consecuencias para el ejercicio público.
“No sé cómo sacar una sanción así. Tal vez en el futuro cualquier otro ministro puede no fiscalizar apropiadamente y luego salir del cargo y poder trabajar en algo público. Eso es complejo. Yo le daría un par de vueltas más”, indicó.
En este sentido, Walker manifiesta que éste es un temor válido presente en la memoria política. Según dijo, las situaciones ocurridas en el gobierno de Salvador Allende, donde los ministros que eran destituidos de sus funciones después se presentaban en otros ministerios. Walker aseguró que esto genera reparos aunque confía en que el proyecto contará con una amplia aprobación entre los diputados y que pronto podrá “encontrarse” con la moción presentada en el Senado, que aborda la misma materia.
Luego de la destitución de Harald Beyer del Ministerio de Educación, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto para eliminar la inhabilidad de cinco años que se produce como consecuencia de la Acusación Constitucional.
La moción – que fue ingresada al parlamento el pasado 18 de abril y presentada por el demócrata cristiano, Jorge Burgos – cuenta con el apoyo de los PPD Jorge Tarud y Guillermo Ceroni, además de los DC Matías Walker, Jorge Sabaj y Jorge Burgos. También el RN Cristián Monckeberg sumó su respaldo.
Jorge Tarud (PPD) y Matías Walker (DC), creen que la iniciativa -de artículo único- contará con un amplio apoyo en el Parlamento, debido a lo “desproporcionada” que es medida de inhabilidad. Walker destaca la importancia de revisarlo con urgencia y así poder reparar una “injusticia y una desproporción que contempla la Constitución”. Tarud, en tanto, señaló que ni el Senado ni la Cámara de Diputados debería tener estas atribuciones.
“Este es un resabio que quedó de la Constitución de Pinochet donde se le da poder al Senado y a la Cámara de Diputados para establecer una sanción penal. Los tribunales de justicia son los únicos que pueden inhabilitar a un ciudadano para sus derechos políticos y eso no le corresponde al Parlamento. La situación que vivimos hoy en día es muy injusta y ya la han vivido dos ministros de Estado” , afirmó el legislador.
Sin embargo, hay quienes no se manifiestan tan de acuerdo con la medida. La diputada Marisol Turres, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -instancia que revisará la medida- cree que hay que analizar con calma el proyecto. La parlamentaria UDI manifiesta su apoyo a la inhabilitación y cree apresurado tomar decisiones motivadas por un hecho de la contingencia.
“No me parece acertado en este momento innovar acerca de este tema. Creo que esta inhabilidad con la que quedan los ministros con la acusación constitucional llega al fondo y se transforma en un gallito político independiente del mérito que haya”, comentó Marisol Turres.
El independiente, Pedro Araya, coincide con que hay que revisar con calma el proyecto. Para éste, lo más crítico sería que los futuros ministros actuaran sin la responsabilidad necesaria en sus cargos, debido a que no presentaría mayores consecuencias para el ejercicio público.
“No sé cómo sacar una sanción así. Tal vez en el futuro cualquier otro ministro puede no fiscalizar apropiadamente y luego salir del cargo y poder trabajar en algo público. Eso es complejo. Yo le daría un par de vueltas más”, indicó.
En este sentido, Walker manifiesta que éste es un temor válido presente en la memoria política. Según dijo, las situaciones ocurridas en el gobierno de Salvador Allende, donde los ministros que eran destituidos de sus funciones después se presentaban en otros ministerios. Walker aseguró que esto genera reparos aunque confía en que el proyecto contará con una amplia aprobación entre los diputados y que pronto podrá “encontrarse” con la moción presentada en el Senado, que aborda la misma materia.
Luego de la destitución de Harald Beyer del Ministerio de Educación, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto para eliminar la inhabilidad de cinco años que se produce como consecuencia de la Acusación Constitucional.
La moción – que fue ingresada al parlamento el pasado 18 de abril y presentada por el demócrata cristiano, Jorge Burgos – cuenta con el apoyo de los PPD Jorge Tarud y Guillermo Ceroni, además de los DC Matías Walker, Jorge Sabaj y Jorge Burgos. También el RN Cristián Monckeberg sumó su respaldo.
Jorge Tarud (PPD) y Matías Walker (DC), creen que la iniciativa -de artículo único- contará con un amplio apoyo en el Parlamento, debido a lo “desproporcionada” que es medida de inhabilidad. Walker destaca la importancia de revisarlo con urgencia y así poder reparar una “injusticia y una desproporción que contempla la Constitución”. Tarud, en tanto, señaló que ni el Senado ni la Cámara de Diputados debería tener estas atribuciones.
“Este es un resabio que quedó de la Constitución de Pinochet donde se le da poder al Senado y a la Cámara de Diputados para establecer una sanción penal. Los tribunales de justicia son los únicos que pueden inhabilitar a un ciudadano para sus derechos políticos y eso no le corresponde al Parlamento. La situación que vivimos hoy en día es muy injusta y ya la han vivido dos ministros de Estado” , afirmó el legislador.
Sin embargo, hay quienes no se manifiestan tan de acuerdo con la medida. La diputada Marisol Turres, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -instancia que revisará la medida- cree que hay que analizar con calma el proyecto. La parlamentaria UDI manifiesta su apoyo a la inhabilitación y cree apresurado tomar decisiones motivadas por un hecho de la contingencia.
“No me parece acertado en este momento innovar acerca de este tema. Creo que esta inhabilidad con la que quedan los ministros con la acusación constitucional llega al fondo y se transforma en un gallito político independiente del mérito que haya”, comentó Marisol Turres.
El independiente, Pedro Araya, coincide con que hay que revisar con calma el proyecto. Para éste, lo más crítico sería que los futuros ministros actuaran sin la responsabilidad necesaria en sus cargos, debido a que no presentaría mayores consecuencias para el ejercicio público.
“No sé cómo sacar una sanción así. Tal vez en el futuro cualquier otro ministro puede no fiscalizar apropiadamente y luego salir del cargo y poder trabajar en algo público. Eso es complejo. Yo le daría un par de vueltas más”, indicó.
En este sentido, Walker manifiesta que éste es un temor válido presente en la memoria política. Según dijo, las situaciones ocurridas en el gobierno de Salvador Allende, donde los ministros que eran destituidos de sus funciones después se presentaban en otros ministerios. Walker aseguró que esto genera reparos aunque confía en que el proyecto contará con una amplia aprobación entre los diputados y que pronto podrá “encontrarse” con la moción presentada en el Senado, que aborda la misma materia.
