El gobierno está en los trámites finales de la elaboración de un proyecto para fusionar los ministerios de Vivienda y Urbanismo con el de Bienes Nacionales, para crear un Ministerio de la Vivienda y el Territorio. El origen de esta propuesta, según manifiestan sus autores, es la  “necesidad de hacer mas eficiente en este campo la labor del Estado”.

El Ministerio de Bienes Nacionales, heredero del antiguo Ministerio de Tierras y Colonización, que en otra época cumplió una interesante labor en la ocupación de las zonas extremas del país, aunque muchas veces pasando por encima de los interesas de los pueblos originarios. Hoy, esta repartición vegeta en la peor de las situaciones, ya que solo se ocupa de posibilitar nuevos negocios, negándose a la posibilidad que tiene, utilizando adecuadamente sus múltiples propiedades urbanas, de constituir un instrumento para poner fin a la segregación. ¿Qué pasaría si este ministerio destinara todas sus propiedades urbanas, no importando en que barrios estén ubicadas, para construir viviendas sociales? Sin duda que se contribuiría a una mayor integración y mezcla social.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fue fundado en 1965, constituyó un formidable instrumento de una política social de vivienda y de ordenamiento de las ciudades. Sin embargo, cuando el ministerio adopta las políticas extremas de mercado, en vez de contribuir a la merma del problema de la falta de vivienda, lo hizo, pero a un costo inconmensurable de segregación urbana.

Por lo tanto, un cambio es necesario y deseable. Pero, puede ser una oportunidad, para crear un instrumento de inclusión social y urbana, o puede ser una profundización del modelo excluyente de ciudad. Un nuevo ministerio debería, además de terminar con el déficit de vivienda, contribuir a la construcción de una ciudad mas inclusiva y mezclada socialmente. Además, este ministerio debería ser la instancia en que el gobierno en conjunto con la comunidad organizada, “dibuje” la ciudad, y no dejar esta tarea a los vaivenes del mercado y a los intereses de las inmobiliarias.

Por otro lado, el gobierno ha insistido ante la contraloría para la promulgación de un nuevo Plan Regulador para Santiago que añadirá 10 mil hectáreas al Área Metropolitana. Esta situación ha provocado una gran controversia, por un lado, a favor están,  además del gobierno, los consultores, asesores de las grandes inversionistas urbanos. Por otro lado están los académicos de la mayoría de las universidades, que ven en este Plan Regulador una nueva estrategia, sobre ideologizada, para profundizar aun más la acción del mercado en el desarrollo de la ciudad. Incluso,  miembros de la Comisión Presidencial de Desarrollo Urbano, se han sentido pasados a llevar.

Una pregunta final:

¿A raíz del nuevo Ministerio y del nuevo Plan Regulador, debemos, impasiblemente, prepararnos para una mayor extensión, una mayor congestión, una mayor contaminación y una mayor segregación de nuestra ciudad?