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Año XI, 17 de noviembre de 2019

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Caso INE: Gremios anuncian acciones legales y parlamentarios evalúan comisión investigadora

El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, anunció que acudirán a los tribunales para por los perjuicios que pudo haber provocado la supuesta manipulación de las cifras del IPC. En tanto, el diputado de la DC Ricardo Rincón, ratificó una sesión especial para debatir este caso y no descartó una eventual comisión investigadora.

Cristián Zúñiga Pozo

  Domingo 28 de abril 2013 23:24 hrs. 
Instituto Nacional De Estadisticas

Durante el fin de semana se han ido sucedido una serie de consecuencias políticas a partir de la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadísticas, Francisco Labbé, luego de las denuncias de que se habrían manipulado los resultados totales del censo 2012, además, de un manto de duda que cayó sobre el organismo que debe elaborar índices tan fundamentales para la economía del país, como es el IPC con todas las implicancias que esto significa.

El Fiscal adjunto Jorge Morales ordenó a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que iniciara la causa judicial que corresponde para investigar todos los aspectos de este caso vinculados con el centro estadístico.

De comprobarse una manipulación de datos estadísticos, estaríamos frente a una situación de particular gravedad porque todas las políticas públicas están diseñadas sobre la base de dicha información que se supone es fidedigna y a las cuales el Estado destina significativos recursos del Presupuesto Nacional.

Más allá de un error estadístico, para el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, lo ocurrido en el organismo estatal podría ser constitutivo de delitos: “La fiscalía no tiene obligación todavía de calificar, pero eventualmente podría haber un delito contra el patrimonio fiscal en sus diversas formas, desde una eventual malversación -que  tal vez sería lo más grave- hasta una aplicación pública diferente. Son cosas técnicas que por ahora  es imprescindible saberlas”

Cabe señalar que el Censo tuvo un costo para el Estado de 16 mil 700 millones de pesos y que incluso podría repetirse si los antecedentes muestran que el proceso de contar a los chilenos fue mal realizado, ya que son números que determinan las políticas públicas del Gobierno.

Este caso ha vuelto a poner bajo la lupa el sistema estadístico del país que, en el último tiempo, ha sido fuertemente cuestionado por las alteraciones en la Encuesta Casen, y ahora con los cálculos de inflación y del censo del INE.

La situación del organismo es especialmente delicada porque, precisamente, el Gobierno había planteado que algunas de las mediciones más importantes – como la Casen – pasaran a manos del Instituto.

El director del Centro de Micro Datos de la Universidad de Chile,  David Bravo,  comentó a nuestra emisora que este nuevo caso pone en duda la credibilidad del organismo, que es considerado como la piedra angular del sistema estadístico del país y aseguró que las autoridades deberían actuar con rapidez para identificar con precisión los eventuales errores y tomar las medidas que necesarias.

En este sentido, el profesor y director del organismo académico señaló que: “Se tiene que identificar rápidamente si es que hubo problemas, dónde estuvieron, cuál es la magnitud  y cuáles son las medidas y las recomendaciones porque se debe proceder muy rápido. Yo creo que es fundamental que un panel de distintos expertos haga una auditoría, peroE tiene que ser externo al Gobierno, porque parte de lo que se trata acá, es de restablecer la credibilidad”.

El presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, anunció que ante eventuales daños económicos producto de la supuesta manipulación de las cifras del IPC se iniciarán acciones legales en los tribunales de justicia para aclarar los hechos y exigir eventuales compensaciones para cientos de miles de funcionarios públicos, que pudieran haberse visto afectados.

En esa línea el dirigente de los trabajadores de la salud indicó que “si se llega a demostrar que hubo una manipulación que finalmente condujo al hecho de que la cifra de inflación fuera menor a la que realmente ocurrió y con ello se habría generado un daño pecuniario hacia miles de trabajadores nosotros vamos a exigir las compensaciones necesarias no sólo en el ámbito de lo económico, sino también compensaciones morales porque aquí se generaría un daño tremendo y eso claramente tiene que ser compensado, además de las penas que debieran recibir las personas que resulten responsables de los hechos”.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró la absoluta transparencia de las autoridades para llevar adelante todas las investigaciones que correspondan respecto de cualquier organismo del Estado.

Por esto, el jefe de gabinete salió a dar las garantías sobre el actuar de las autoridades “en este Gobierno hay transparencia y si hay una duda  respecto al funcionamiento de una institución, el Presidente ordena de inmediato que existan todos los mecanismos para aclararla, para corregir si ha habido alguna situación que debe ser corregida y eso se haga absolutamente de cara a la opinión pública, por lo tanto, queremos tener en torno a la situación del INE y del censo transparencia absoluta”.

Cabe señalar que, el diputado de la DC Ricardo Rincón,  dijo que solicitarán, además, una sesión especial en la Cámara de Diputados, para conocer en detalles estas denuncias y no descartó la conformación de una comisión investigadora.

Incluso el diputado del PPD Tucapel Jiménez, dijo que según los antecedentes que arrojen las investigaciones no estaba descartada la posibilidad de impulsar una acusación constitucional.

En esa perspectiva, el parlamentario de la oposición dijo que “yo creo que no es bueno para el país estar haciendo acusaciones constitucionales todos los meses, pero si eso lo amerita por supuesto que hay que hacerlo porque dentro de nuestro rol es una herramienta que nos da la Constitución. No descarto conversar con el resto de los jefes de bancada y ver si este caso amerita realizar una nueva acusación constitucional”.

Finalmente, en el transcurso de esta semana habrá que ver los alcances de las diligencias que pueda ordenar el fiscal adjunto tendiente a establecer si hubo una manipulación de los datos del censo 2012, entre otras herramientas que elabora el centro estadístico.